Crece en Cuba la detención de disidentes

LA HABANA.- La opositora Comisión Cubana de Derechos Humanos (CCDH) reportó en un informe difundido ayer que en septiembre se registraron al menos 708 detenciones arbitrarias por motivos políticos.

La CCDH consideró la cifra como una de las más altas en los últimos cuatro años.

Además, precisó que en el mismo tiempo se dieron 196 agresiones físicas a disidentes, 165 actos de repudio, 160 actos vandálicos contra activistas opositores y otras 116 formas ilegales de hostigamiento de la Policía política secreta y grupos parapoliciales.

Según la CCDH, durante este año se han registrado en el país 3 mil 631 detenciones tan arbitrarias como breves: de horas o pocos días.

La misma fuente consideró que las cantidad de personas arrestadas el mes pasado es la más alta desde marzo de 2012, y precisa en mil 158 los activistas detenidos entonces, coincidiendo con la visita a Cuba del Papa Benedicto XVI.

"Hemos documentado este altísimo número de detenciones de pacíficos disidentes, incluyendo a numerosas integrantes del movimiento humanitario Damas de Blanco", aseguró el informe.

El reporte también hace referencia al grupo integrado por madres y esposas de activistas opositores presos en la primavera de 2003, que ya fueron liberados.

De acuerdo con la organización que lidera Elizardo Sánchez, esta tendencia negativa en Cuba es coherente con el visible endurecimiento de la actitud del Gobierno respecto de los estándares internacionales de derechos humanos.

Dio como ejemplo que el 20 de septiembre el Gobierno rechazó 20 recomendaciones recibidas a propósito del Examen Periódico Universal correspondiente a Cuba en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

"Al tiempo que continúa dilatando la ratificación de los dos grandes pactos de Derechos Humanos de la ONU, es visible la casi absoluta falta de disposición gubernamental para aceptar la cooperación internacional, especialmente del sistema de las Naciones Unidas y de prestigiosas ONG", señaló la ilegal pero tolerada CCDH.

El Gobierno isleño no reconoce la existencia de presos políticos en Cuba y considera mercenarios a sueldo de gobiernos adversarios a todos los activistas de los grupos opositores.

Yolanda Martínez corresponsal, Reforma, 3 de octubre.