Más de dos meses de negociaciones entre partidos y el IFE permitieron alcanzar anoche, en sesión de Consejo General, un acuerdo general para blindar las campañas políticas de 2009 e impedir la injerencia del dinero ilícito. Vigilancia “escrupulosa” del origen y flujo del financiamiento; ampliar la lista de personas políticamente expuestas a quienes el IFE dará seguimiento en sus movimientos bancarios y el compromiso de postular “personas de trayectoria honorable” forman parte del acuerdo.
De igual forma, el IFE avanzará en concretar convenios de colaboración con dependencias del gobierno federal, entre ellas las secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional, Seguridad Pública y Hacienda. Asimismo, con los consejos Nacional de Seguridad Pública y de Seguridad Nacional, todas instancias a las que el IFE solicitará información y corresponsabilidad para “vigilar y garantizar la seguridad del proceso electoral”.
El IFE solicitará a dichas instancias su colaboración e información sobre las zonas y situaciones de riesgo, a fin de proteger y garantizar la integridad de las actividades del proceso electoral a escala nacional, local y distrital. Entre esas actividades destacan: campañas, precampañas, seguridad de candidatos, operación de sistemas de radio y televisión; transportación y resguardo de materiales electorales; procesos de capacitación; desarrollo pacífico de la jornada electoral, transmisión de resultados; instalación de mesas de casilla; cómputos distritales.
Se acordó la integración de un grupo de trabajo que afinará los aspectos del reglamento de fiscalización que no se consensuaron este lunes. Se estableció que dicho grupo deberá entregar, a más tardar el 14 de enero, las reformas al reglamento de fiscalización para fortalecer el control de los manejos financieros de las precampañas, que empezarán dos semanas después.
Tras 10 horas de sesión, durante las cuales se intensificaron las negociaciones, prácticamente atoradas desde hace algunas semanas, se logró el acuerdo que presentó el consejero Virgilio Andrade que elaboró la redacción final de un documento avalado por partidos y consejeros. Con ello, el PAN –que había presentado por la mañana su propuesta y anunciado que la promovería en consejo general– retiró su planteamiento y allanó las últimas pláticas a efecto de que PRI y PRD se sumaran al acuerdo general.
Por la noche, Andrade informó del acuerdo y los temas pendientes de negociación en los próximos días, que son sobre todo las modificaciones al reglamento de fiscalización vinculado fundamentalmente al endurecimiento de las medidas de control a los movimientos financieros de partidos, precandidatos y candidatos.
El consejero presidente, Leonardo Valdés, aseveró que es la expresión del “firme compromiso del IFE para que fenómenos y redes vinculadas con actividades ilícitas no interfieran en el proceso electoral en ninguna modalidad ni en ninguna de sus etapas”.
El acuerdo dice que los partidos garantizarán que todos sus precandidatos y candidatos cuenten con una “trayectoria honorable y transparente en el ámbito profesional y personal, sin nexos con actividades ilícitas”.
Los precandidatos y candidatos informarán internamente su declaración patrimonial, al tiempo que los partidos se comprometen a establecer estrategias de propaganda con “sentido de responsabilidad, a fin de que evitar señalamientos públicos, sin sustento, que impliquen calumnia respecto de involucramiento y participación de partidos, militantes, precandidatos y candidatos en presuntas actividades ilícitas”.
Se redoblarán las medidas partidistas de fiscalización, comprometiéndose los partidos a escrutar las fuentes de ingreso y destino del gasto de sus precandidatos y candidatos, dándoles máxima publicidad y transparencia; vigilar las aportaciones de dinero y de los propietarios de los bienes recibidos en especie; proporcionar el listado de proveedores que sean contratados durante el proceso electoral, y tratarán de reducir el uso de dinero en efectivo, priorizando las operaciones bancarias.
Los partidos entregarán un listado, “lo más extenso posible”, de las personas “políticamente expuestas, que procure abarcar a los integrantes de los comités ejecutivos o equivalentes en todos sus ámbitos territoriales; del resto de sus órganos directivos; de quienes integren el órgano responsable de sus finanzas; de sus miembros actuales de cargos de elección popular, de sus precandidatos y candidatos, a efecto de que el IFE tenga control sobre sus manejos financieros”.
De igual forma, el IFE avanzará en concretar convenios de colaboración con dependencias del gobierno federal, entre ellas las secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional, Seguridad Pública y Hacienda. Asimismo, con los consejos Nacional de Seguridad Pública y de Seguridad Nacional, todas instancias a las que el IFE solicitará información y corresponsabilidad para “vigilar y garantizar la seguridad del proceso electoral”.
El IFE solicitará a dichas instancias su colaboración e información sobre las zonas y situaciones de riesgo, a fin de proteger y garantizar la integridad de las actividades del proceso electoral a escala nacional, local y distrital. Entre esas actividades destacan: campañas, precampañas, seguridad de candidatos, operación de sistemas de radio y televisión; transportación y resguardo de materiales electorales; procesos de capacitación; desarrollo pacífico de la jornada electoral, transmisión de resultados; instalación de mesas de casilla; cómputos distritales.
Se acordó la integración de un grupo de trabajo que afinará los aspectos del reglamento de fiscalización que no se consensuaron este lunes. Se estableció que dicho grupo deberá entregar, a más tardar el 14 de enero, las reformas al reglamento de fiscalización para fortalecer el control de los manejos financieros de las precampañas, que empezarán dos semanas después.
Tras 10 horas de sesión, durante las cuales se intensificaron las negociaciones, prácticamente atoradas desde hace algunas semanas, se logró el acuerdo que presentó el consejero Virgilio Andrade que elaboró la redacción final de un documento avalado por partidos y consejeros. Con ello, el PAN –que había presentado por la mañana su propuesta y anunciado que la promovería en consejo general– retiró su planteamiento y allanó las últimas pláticas a efecto de que PRI y PRD se sumaran al acuerdo general.
Por la noche, Andrade informó del acuerdo y los temas pendientes de negociación en los próximos días, que son sobre todo las modificaciones al reglamento de fiscalización vinculado fundamentalmente al endurecimiento de las medidas de control a los movimientos financieros de partidos, precandidatos y candidatos.
El consejero presidente, Leonardo Valdés, aseveró que es la expresión del “firme compromiso del IFE para que fenómenos y redes vinculadas con actividades ilícitas no interfieran en el proceso electoral en ninguna modalidad ni en ninguna de sus etapas”.
El acuerdo dice que los partidos garantizarán que todos sus precandidatos y candidatos cuenten con una “trayectoria honorable y transparente en el ámbito profesional y personal, sin nexos con actividades ilícitas”.
Los precandidatos y candidatos informarán internamente su declaración patrimonial, al tiempo que los partidos se comprometen a establecer estrategias de propaganda con “sentido de responsabilidad, a fin de que evitar señalamientos públicos, sin sustento, que impliquen calumnia respecto de involucramiento y participación de partidos, militantes, precandidatos y candidatos en presuntas actividades ilícitas”.
Se redoblarán las medidas partidistas de fiscalización, comprometiéndose los partidos a escrutar las fuentes de ingreso y destino del gasto de sus precandidatos y candidatos, dándoles máxima publicidad y transparencia; vigilar las aportaciones de dinero y de los propietarios de los bienes recibidos en especie; proporcionar el listado de proveedores que sean contratados durante el proceso electoral, y tratarán de reducir el uso de dinero en efectivo, priorizando las operaciones bancarias.
Los partidos entregarán un listado, “lo más extenso posible”, de las personas “políticamente expuestas, que procure abarcar a los integrantes de los comités ejecutivos o equivalentes en todos sus ámbitos territoriales; del resto de sus órganos directivos; de quienes integren el órgano responsable de sus finanzas; de sus miembros actuales de cargos de elección popular, de sus precandidatos y candidatos, a efecto de que el IFE tenga control sobre sus manejos financieros”.
Alonso Urrutia, La Jornada, 23 de diciembre.
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