El ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, acusó ayer ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a la Procuraduría General de la República (PGR), de no aceptar ni acatar las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Además, se pronunció contra quienes proponen la pena de muerte y la reducción de la edad penal.
En este tenor, sostuvo que el rechazo sistemático de la PGR a las recomendaciones, en nada abona a combatir la impunidad, “por el contrario —acotó— abre la puerta para que otras autoridades sigan cometiendo abusos sin señalamiento y castigo alguno”.
En contraste, citó, la Secretaría de la Defensa Nacional y el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto han aceptado las recomendaciones que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos les ha hecho, como fue con el caso de San Salvador Atenco, donde también el Instituto Nacional de Migración aceptó las recomendaciones.
Soberanes Fernández, ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, rindió ayer su informe de actividades de 2008 como presidente de la CNDH. Frente a diputados y senadores.
Durante 2008 la CNDH recibió 769 quejas contra la PGR por presuntas violaciones a los derechos humanos, pero se negó a aceptar y cumplir las recomendaciones que se le hicieron, pese a que, con esa actitud, el procurador Eduardo Medina-Mora prohijaba impunidad, como ocurrió con el asesinato del periodista estadunidense Brad Will, cuyo presunto asesino fue un chivo expiatorio que debió ser liberado.
En su exposición en el salón Verde del Palacio Legislativo de San Lázaro, Soberanes Fernández dijo que lo urgente es frenar a la criminalidad desbordada porque, enfatizó, “la paz social está amenazada; hay regiones de la República que sufren severas crisis de gobernabilidad. Ahí están los saldos del narcotráfico y el clima de inseguridad”.
Luego, en entrevista, descartó a la Procuraduría General de la República como la dependencia que espía a la CNDH, “lo cual no nos asusta —refirió—; creo que el problema no es sentirse vigilado, sino saberse vigilado”.
—¿Vale la pena que siga existiendo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? —se le preguntó.
—¡Claro! —respondió.
—¿Se está fomentando desde el Estado la impunidad?
—Creo que el caso de Medina-Mora (el procurador general de la República) es la excepción en el gobierno federal. Lo normal es que sí se acepten y se cumplan las recomendaciones. Tenemos, por ejemplo, el caso del Ejército. A pesar de ser situaciones tan difíciles, el Ejército acepta nuestras recomendaciones y las cumple.
En este tenor, sostuvo que el rechazo sistemático de la PGR a las recomendaciones, en nada abona a combatir la impunidad, “por el contrario —acotó— abre la puerta para que otras autoridades sigan cometiendo abusos sin señalamiento y castigo alguno”.
En contraste, citó, la Secretaría de la Defensa Nacional y el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto han aceptado las recomendaciones que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos les ha hecho, como fue con el caso de San Salvador Atenco, donde también el Instituto Nacional de Migración aceptó las recomendaciones.
Soberanes Fernández, ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, rindió ayer su informe de actividades de 2008 como presidente de la CNDH. Frente a diputados y senadores.
Durante 2008 la CNDH recibió 769 quejas contra la PGR por presuntas violaciones a los derechos humanos, pero se negó a aceptar y cumplir las recomendaciones que se le hicieron, pese a que, con esa actitud, el procurador Eduardo Medina-Mora prohijaba impunidad, como ocurrió con el asesinato del periodista estadunidense Brad Will, cuyo presunto asesino fue un chivo expiatorio que debió ser liberado.
En su exposición en el salón Verde del Palacio Legislativo de San Lázaro, Soberanes Fernández dijo que lo urgente es frenar a la criminalidad desbordada porque, enfatizó, “la paz social está amenazada; hay regiones de la República que sufren severas crisis de gobernabilidad. Ahí están los saldos del narcotráfico y el clima de inseguridad”.
Luego, en entrevista, descartó a la Procuraduría General de la República como la dependencia que espía a la CNDH, “lo cual no nos asusta —refirió—; creo que el problema no es sentirse vigilado, sino saberse vigilado”.
—¿Vale la pena que siga existiendo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? —se le preguntó.
—¡Claro! —respondió.
—¿Se está fomentando desde el Estado la impunidad?
—Creo que el caso de Medina-Mora (el procurador general de la República) es la excepción en el gobierno federal. Lo normal es que sí se acepten y se cumplan las recomendaciones. Tenemos, por ejemplo, el caso del Ejército. A pesar de ser situaciones tan difíciles, el Ejército acepta nuestras recomendaciones y las cumple.
Moisés Sánchez Limón, Crónica, 29 de enero.
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