A partir de hoy un grupo de seis jueces virtuales se encargará de girar, vía internet, órdenes de arraigos, de cateos y de intervención de comunicaciones en todo el país, incluso en cuestión de minutos.
Los seis jueces recibirán y resolverán las peticiones más urgentes que les presenten la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), para combatir al crimen organizado y prevenir amenazas al país.
El Cisen sólo podrá solicitar autorización para intervenir comunicaciones si considera que es necesario hacer una escucha a la brevedad posible.
El Consejo de la Judicatura federal (CJF) decidió ponerla en marcha sin esperar a que los legisladores emitieran la legislación en la que se regulara esta figura.
Los jueces se turnarán para que todos los días se reciban y analicen las solicitudes de medidas cautelares.
Pero la rapidez con que podrán decidir no garantiza, indica el CJF, que en todos los casos den la razón a PGR y Cisen.
Cada solicitud, se asegura, será revisada con cuidado, pues de por medio estará el respeto a la libertad, los bienes y la privacidad de personas.
También se podrán enviar por internet documentos digitalizados, fotos o videos que sirvan de prueba para respaldar las solicitudes.
En su turno, cada juez deberá resolver las peticiones que se le hayan presentado.
El CJF puso en marcha este grupo de jueces en cumplimiento de uno de los 10 compromisos que asumió el presidente de la Corte y de este organismo, el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, firmado el 21 de agosto de 2008.
El consejo decidió poner en marcha esta figura porque, aseguró en el acuerdo general 75/2008, “es innegable que los textos constitucionales constituyen normas legales de la más alta jerarquía que deben ser acatadas indefectiblemente.
“Esas normas instauran la figura de jueces que... deben ocuparse de conocer de las medidas cautelares que requieran la investigación de los delitos, así como la prevención, disuasión, contención y desactivación de amenazas a la seguridad nacional”.
Los seis jueces recibirán y resolverán las peticiones más urgentes que les presenten la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), para combatir al crimen organizado y prevenir amenazas al país.
El Cisen sólo podrá solicitar autorización para intervenir comunicaciones si considera que es necesario hacer una escucha a la brevedad posible.
El Consejo de la Judicatura federal (CJF) decidió ponerla en marcha sin esperar a que los legisladores emitieran la legislación en la que se regulara esta figura.
Los jueces se turnarán para que todos los días se reciban y analicen las solicitudes de medidas cautelares.
Pero la rapidez con que podrán decidir no garantiza, indica el CJF, que en todos los casos den la razón a PGR y Cisen.
Cada solicitud, se asegura, será revisada con cuidado, pues de por medio estará el respeto a la libertad, los bienes y la privacidad de personas.
También se podrán enviar por internet documentos digitalizados, fotos o videos que sirvan de prueba para respaldar las solicitudes.
En su turno, cada juez deberá resolver las peticiones que se le hayan presentado.
El CJF puso en marcha este grupo de jueces en cumplimiento de uno de los 10 compromisos que asumió el presidente de la Corte y de este organismo, el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, firmado el 21 de agosto de 2008.
El consejo decidió poner en marcha esta figura porque, aseguró en el acuerdo general 75/2008, “es innegable que los textos constitucionales constituyen normas legales de la más alta jerarquía que deben ser acatadas indefectiblemente.
“Esas normas instauran la figura de jueces que... deben ocuparse de conocer de las medidas cautelares que requieran la investigación de los delitos, así como la prevención, disuasión, contención y desactivación de amenazas a la seguridad nacional”.
Carlos Avilés, El Universal, 5 de enero.
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