Miguel Ángel Granados Chapa cuestionó ayer a funcionarios, empresarios y políticos que presentan demandas por daño moral contra los informadores.
"La mayor parte de los juicios por daño moral son iniciados por personas cuya reputación está en entredicho, acuden en defensa de su honor personas que muy probablemente no lo tienen inmaculado e incurren en una contradicción en contra de su propia presunta defensa", dijo el periodista.
En conferencia de prensa en torno a la libertad de expresión, recordó las tres demandas que ha enfrentado.
Una de manera indirecta, en el caso de Santiago Pando, quien fue demandado por daño moral por el fallecido José Luis Santiago Vasconcelos; la segunda interpuesta por Regino Díaz Redondo, quien fue director de "Excélsior", por comentarios que el columnista hizo en un programa de televisión.
La última, continuó, fue interpuesta por el diputado Gerardo Sosa contra Alfredo Rivera, autor del libro "La Sosa Nostra: porrismo y gobierno coludidos en Hidalgo", y contra Granados Chapa, quien escribió el prólogo.
En este caso, tuvieron que pasar cuatro años para que hubiera una sentencia.
El columnista señaló que más que afectarlo emocionalmente, la demanda lo ha dañado por la pérdida de tiempo, y para algunos periodistas pueden significar pérdidas económicas.
Los costos de su defensa, dijo, corrieron a cargo de la organización Libertad de Información A.C., pero si él hubiera tenido que hacer el gasto, aseguró, habría tenido que rendirse en algún momento.
"Está implícito en el ejercicio de la profesión el riesgo, pero un riesgo que se enfrente sobre bases legales y no sobre torcimientos de la ley", apuntó.
En la conferencia también participó Eduardo Huchim, ex consejero del Instituto Electoral del DF, quien explicó la demanda que interpuso en su contra Consuelo Villalobos Ortiz, magistrada del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Asimismo, Miguel Badillo, editor de la revista "Contralínea", y Ana Lilia Pérez y Nancy Flores, reporteras de la misma publicación, explicaron las demandas que mantienen en su contra las empresas Oceanografía y Grupo Zeta Gas, por dar a conocer sus contratos petroleros con el ex Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.
"La mayor parte de los juicios por daño moral son iniciados por personas cuya reputación está en entredicho, acuden en defensa de su honor personas que muy probablemente no lo tienen inmaculado e incurren en una contradicción en contra de su propia presunta defensa", dijo el periodista.
En conferencia de prensa en torno a la libertad de expresión, recordó las tres demandas que ha enfrentado.
Una de manera indirecta, en el caso de Santiago Pando, quien fue demandado por daño moral por el fallecido José Luis Santiago Vasconcelos; la segunda interpuesta por Regino Díaz Redondo, quien fue director de "Excélsior", por comentarios que el columnista hizo en un programa de televisión.
La última, continuó, fue interpuesta por el diputado Gerardo Sosa contra Alfredo Rivera, autor del libro "La Sosa Nostra: porrismo y gobierno coludidos en Hidalgo", y contra Granados Chapa, quien escribió el prólogo.
En este caso, tuvieron que pasar cuatro años para que hubiera una sentencia.
El columnista señaló que más que afectarlo emocionalmente, la demanda lo ha dañado por la pérdida de tiempo, y para algunos periodistas pueden significar pérdidas económicas.
Los costos de su defensa, dijo, corrieron a cargo de la organización Libertad de Información A.C., pero si él hubiera tenido que hacer el gasto, aseguró, habría tenido que rendirse en algún momento.
"Está implícito en el ejercicio de la profesión el riesgo, pero un riesgo que se enfrente sobre bases legales y no sobre torcimientos de la ley", apuntó.
En la conferencia también participó Eduardo Huchim, ex consejero del Instituto Electoral del DF, quien explicó la demanda que interpuso en su contra Consuelo Villalobos Ortiz, magistrada del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Asimismo, Miguel Badillo, editor de la revista "Contralínea", y Ana Lilia Pérez y Nancy Flores, reporteras de la misma publicación, explicaron las demandas que mantienen en su contra las empresas Oceanografía y Grupo Zeta Gas, por dar a conocer sus contratos petroleros con el ex Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.
Karla Portugal, Reforma, 29 de enero.
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