La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) denunció violaciones a garantías fundamentales en contra de inmigrantes, cometidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Según el organismo, esta instancia incurre en prácticas discriminatorias al impedir a quienes enfrentan un proceso de deportación contar con un abogado de oficio o asesor legal.
Expresó su preocupación por esta medida, a menos de dos semanas de la llegada de Barack Obama a la presidencia estadunidense.
Expuestos a situaciones de riesgo, más de mil indocumentados han muerto desde finales de 2006 a la fecha, indicó.
"La decisión, instaurada a días del cambio de gobierno en la unión americana, afecta derechos fundamentales de los trabajadores indocumentados y de sus familias".
La CNDH también argumentó que tal prohibición contraviene los instrumentos internacionales en la materia, como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, este último vinculante con Estados Unidos.
"Toda persona sometida a algún procedimiento, administrativo o judicial debe contar con la garantía mínima del debido proceso, en concordancia con el derecho internacional", reclamó la comisión.
Aludió un lineamiento defendido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos según el cual la calidad migratoria de una persona no puede ser justificación para privarla del goce y ejercicio de sus derechos fundamentales, que deben serle reconocidos y garantizados, con independencia de su situación migratoria.
De acuerdo con la CNDH, el extremo fortalecimiento de la vigilancia en la frontera, de manera específica en áreas urbanas, ha orillado a los inmigrantes a intentar el cruce en zonas cada vez de mayor riesgo. "Esto ha tenido como consecuencia el fallecimiento de más de mil trabajadores indocumentados en los últimos dos años", reportó.
Según el organismo, esta instancia incurre en prácticas discriminatorias al impedir a quienes enfrentan un proceso de deportación contar con un abogado de oficio o asesor legal.
Expresó su preocupación por esta medida, a menos de dos semanas de la llegada de Barack Obama a la presidencia estadunidense.
Expuestos a situaciones de riesgo, más de mil indocumentados han muerto desde finales de 2006 a la fecha, indicó.
"La decisión, instaurada a días del cambio de gobierno en la unión americana, afecta derechos fundamentales de los trabajadores indocumentados y de sus familias".
La CNDH también argumentó que tal prohibición contraviene los instrumentos internacionales en la materia, como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, este último vinculante con Estados Unidos.
"Toda persona sometida a algún procedimiento, administrativo o judicial debe contar con la garantía mínima del debido proceso, en concordancia con el derecho internacional", reclamó la comisión.
Aludió un lineamiento defendido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos según el cual la calidad migratoria de una persona no puede ser justificación para privarla del goce y ejercicio de sus derechos fundamentales, que deben serle reconocidos y garantizados, con independencia de su situación migratoria.
De acuerdo con la CNDH, el extremo fortalecimiento de la vigilancia en la frontera, de manera específica en áreas urbanas, ha orillado a los inmigrantes a intentar el cruce en zonas cada vez de mayor riesgo. "Esto ha tenido como consecuencia el fallecimiento de más de mil trabajadores indocumentados en los últimos dos años", reportó.
Daniel Blancas Madrigal, Crónica, 11 de enero.
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