Un número indeterminado de inocentes —no existe registro oficial alguno— murió a lo largo del 2008 en hechos violentos relacionados con la guerra contra el narcotráfico; a causa de una bala perdida, por estar en el lugar equivocado o por ser blanco de una venganza a causa de agravios ajenos.
De las aproximadas 10 mil 600 ejecuciones ocurridas en la actual administración federal
—según datos de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)—, existe un número indefinido, pero que se presume considerable, de víctimas que no eran parte directamente relacionada con la guerra.
Las víctimas inocentes eran personas que de acuerdo con investigaciones judiciales no estaban ligadas al crimen organizado ni pertenecían a ninguna institución de seguridad pública, el Ejército o la Marina.
Sin embargo, la PGR y la CNDH omiten hacer un recuento de estos homicidios contra personas que encontraron la muerte en lugares públicos; familias enteras, menores de edad, niños e incluso mujeres embarazadas.
Para la CNDH, en el apartado de “Particulares” de sus informes, se incluyen lo mismo las muertes de los narcotraficantes más peligrosos que de los sicarios más vesánicos y los ciudadanos enteramente ajenos a la delincuencia.
Entre los casos que más conmocionaron a la opinión pública están la masacre del sábado 16 de agosto de este año, cuando un grupo de 15 encapuchados irrumpió en una fiesta de 15 años, en Creel, Chuhuahua, donde mató a 13 personas, entre ellas siete estudiantes de entre 17 y 22 años y un niño de un año cuatro meses de edad.
Las víctimas eran familiares de Eliseo Loya Ochoa, presidente seccional de Creel, poblado ubicado a unos 257 kilómetros de Chihuahua.
Al siguiente mes, 15 de septiembre, ocurrió el atentado con granadas durante la ceremonia del Grito de Independencia, en Morelia, Michoacán, que dejó al menos nueve personas muertas y 85 heridas.
Los hechos violentos suscitados frente a palacio de gobierno estatal sucedieron cuando el gobernador Leonel Godoy dio la primera campanada, durante el festejo patrio, entonces se escuchó la primera detonación.
También en Chihuahua, el 11 de octubre, un grupo de seis sicarios irrumpió en un centro nocturno al sur de la capital y disparó a la clientela matando a 11 personas, entre ellos, David García Monroy, analista político y colaborador editorial de varios medios locales.
El pasado 22 de noviembre ocurrió otra masacre en un bar de Tijuana, cuando cinco personas armadas entraron al lugar y dispararon de manera indiscriminada contra los clientes —en su mayoría jóvenes—; dejaron cinco muertos y 10 heridos.
El bar Utopía se encuentra en la colonia Otay Universidad, por lo que el lugar es una zona de estudiantes.
Luego de ese hecho, el 25 de noviembre un alumno de la escuela José María Morelos y Pavón, en Morelos, perdió la vida después que recibió un disparo durante el recreo. El niño de seis años recibió el impacto de bala en la cabeza.
No sólo sicarios son responsables de las muertes de inocentes, sino también policías y militares, como fue el caso del 7 de noviembre pasado, cuando policías acribillaron a una familia dentro de un vehículo Chevy, en calles de la colonia Country, al sur de la ciudad de Monterrey.
Ese día, aparentemente, los policías confundieron dicho auto con el que tripulaban dos delincuentes que habían asaltado con violencia a los dependientes de una tienda.
El 12 de diciembre militares mataron a una mujer embarazada con varios disparos, cuando aparentemente el vehículo que conducía no se detuvo en un retén en Chihuahua.
La mujer, identificada como Silvia Gabriela Arzate, de 35 años, manejaba su vehículo en una carretera del poblado de Aldama, en el suroriente de aquel estado, cuando los militares dispararon.
De acuerdo con el Segundo Informe Especial sobre Seguridad Pública presentado por José Luis Soberanes, titular de la CNDH, este año las ejecuciones sumaron 5,585, de las cuales 86 por ciento fueron contra particulares, 12 de funcionarios públicos y 2 de menores de edad.
Al respecto, el doctor Raúl Padierna, primer visitador e investigador de la CNDH, explicó que 86 por ciento de los casos que se mencionan en el informe se refieren a casos contra particulares que lograron ser identificados.
Aclaró que en el documento sólo se menciona a personas que fueron encontradas degolladas, acribilladas, descuartizadas, calcinadas y con los ojos vendados, no a víctimas que por alguna fatalidad se encontraban cerca o resultaron asesinadas sin tener qué ver con algún hecho delictivo.
Padierna aseguró que no existe hasta el momento ninguna denuncia o queja ante la CNDH por crímenes contra personas que accidentalmente fueron afectadas.
Sin embargo, señaló que para la CNDH no es un argumento válido que se trate del crimen organizado y que por ello no se investigue. “Para la Procuraduría es suficiente atribuir esos crímenes al crimen organizado y no se investiga, pero es fundamental la investigación de los mismos”, dijo.
Luego que Eduardo Medina-Mora adelantó que la violencia crecerá durante los meses enero, febrero y marzo del 2009, Raúl Padierna comentó que es muy delicado que la autoridad tolere y se mantenga pasiva ante sus pronósticos de aumento de los homicidios.
La CNDH identificó más de 17 mil ejecuciones atribuidas al crimen organizado desde 2001. Durante este año los tres primeros lugares fueron Chihuahua (con mil 878); Sinaloa (853), y Baja California (535) con un margen de impunidad de 98.76 por ciento.
El pasado 8 de diciembre el procurador Eduardo Medina-Mora informó que tan sólo este año los asesinatos relacionados con el crimen organizado subieron 117 por ciento con respecto al año pasado, situando una cifra total de cinco mil 376 ejecuciones.
Medina-Mora, sin embargo, no especificó cuántas de estas ejecuciones son atribuibles al crimen organizado y cuáles no; explicó únicamente que 800 ejecutados eran policías.
De las aproximadas 10 mil 600 ejecuciones ocurridas en la actual administración federal
—según datos de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)—, existe un número indefinido, pero que se presume considerable, de víctimas que no eran parte directamente relacionada con la guerra.
Las víctimas inocentes eran personas que de acuerdo con investigaciones judiciales no estaban ligadas al crimen organizado ni pertenecían a ninguna institución de seguridad pública, el Ejército o la Marina.
Sin embargo, la PGR y la CNDH omiten hacer un recuento de estos homicidios contra personas que encontraron la muerte en lugares públicos; familias enteras, menores de edad, niños e incluso mujeres embarazadas.
Para la CNDH, en el apartado de “Particulares” de sus informes, se incluyen lo mismo las muertes de los narcotraficantes más peligrosos que de los sicarios más vesánicos y los ciudadanos enteramente ajenos a la delincuencia.
Entre los casos que más conmocionaron a la opinión pública están la masacre del sábado 16 de agosto de este año, cuando un grupo de 15 encapuchados irrumpió en una fiesta de 15 años, en Creel, Chuhuahua, donde mató a 13 personas, entre ellas siete estudiantes de entre 17 y 22 años y un niño de un año cuatro meses de edad.
Las víctimas eran familiares de Eliseo Loya Ochoa, presidente seccional de Creel, poblado ubicado a unos 257 kilómetros de Chihuahua.
Al siguiente mes, 15 de septiembre, ocurrió el atentado con granadas durante la ceremonia del Grito de Independencia, en Morelia, Michoacán, que dejó al menos nueve personas muertas y 85 heridas.
Los hechos violentos suscitados frente a palacio de gobierno estatal sucedieron cuando el gobernador Leonel Godoy dio la primera campanada, durante el festejo patrio, entonces se escuchó la primera detonación.
También en Chihuahua, el 11 de octubre, un grupo de seis sicarios irrumpió en un centro nocturno al sur de la capital y disparó a la clientela matando a 11 personas, entre ellos, David García Monroy, analista político y colaborador editorial de varios medios locales.
El pasado 22 de noviembre ocurrió otra masacre en un bar de Tijuana, cuando cinco personas armadas entraron al lugar y dispararon de manera indiscriminada contra los clientes —en su mayoría jóvenes—; dejaron cinco muertos y 10 heridos.
El bar Utopía se encuentra en la colonia Otay Universidad, por lo que el lugar es una zona de estudiantes.
Luego de ese hecho, el 25 de noviembre un alumno de la escuela José María Morelos y Pavón, en Morelos, perdió la vida después que recibió un disparo durante el recreo. El niño de seis años recibió el impacto de bala en la cabeza.
No sólo sicarios son responsables de las muertes de inocentes, sino también policías y militares, como fue el caso del 7 de noviembre pasado, cuando policías acribillaron a una familia dentro de un vehículo Chevy, en calles de la colonia Country, al sur de la ciudad de Monterrey.
Ese día, aparentemente, los policías confundieron dicho auto con el que tripulaban dos delincuentes que habían asaltado con violencia a los dependientes de una tienda.
El 12 de diciembre militares mataron a una mujer embarazada con varios disparos, cuando aparentemente el vehículo que conducía no se detuvo en un retén en Chihuahua.
La mujer, identificada como Silvia Gabriela Arzate, de 35 años, manejaba su vehículo en una carretera del poblado de Aldama, en el suroriente de aquel estado, cuando los militares dispararon.
De acuerdo con el Segundo Informe Especial sobre Seguridad Pública presentado por José Luis Soberanes, titular de la CNDH, este año las ejecuciones sumaron 5,585, de las cuales 86 por ciento fueron contra particulares, 12 de funcionarios públicos y 2 de menores de edad.
Al respecto, el doctor Raúl Padierna, primer visitador e investigador de la CNDH, explicó que 86 por ciento de los casos que se mencionan en el informe se refieren a casos contra particulares que lograron ser identificados.
Aclaró que en el documento sólo se menciona a personas que fueron encontradas degolladas, acribilladas, descuartizadas, calcinadas y con los ojos vendados, no a víctimas que por alguna fatalidad se encontraban cerca o resultaron asesinadas sin tener qué ver con algún hecho delictivo.
Padierna aseguró que no existe hasta el momento ninguna denuncia o queja ante la CNDH por crímenes contra personas que accidentalmente fueron afectadas.
Sin embargo, señaló que para la CNDH no es un argumento válido que se trate del crimen organizado y que por ello no se investigue. “Para la Procuraduría es suficiente atribuir esos crímenes al crimen organizado y no se investiga, pero es fundamental la investigación de los mismos”, dijo.
Luego que Eduardo Medina-Mora adelantó que la violencia crecerá durante los meses enero, febrero y marzo del 2009, Raúl Padierna comentó que es muy delicado que la autoridad tolere y se mantenga pasiva ante sus pronósticos de aumento de los homicidios.
La CNDH identificó más de 17 mil ejecuciones atribuidas al crimen organizado desde 2001. Durante este año los tres primeros lugares fueron Chihuahua (con mil 878); Sinaloa (853), y Baja California (535) con un margen de impunidad de 98.76 por ciento.
El pasado 8 de diciembre el procurador Eduardo Medina-Mora informó que tan sólo este año los asesinatos relacionados con el crimen organizado subieron 117 por ciento con respecto al año pasado, situando una cifra total de cinco mil 376 ejecuciones.
Medina-Mora, sin embargo, no especificó cuántas de estas ejecuciones son atribuibles al crimen organizado y cuáles no; explicó únicamente que 800 ejecutados eran policías.
Vania Arroyo, Crónica, 28 de diciembre.
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