Pese a que el Senado de la República aprobó la creación del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil con la pretensión de combatir los delitos de extorsión desde el pasado
9 de diciembre del 2008, aún no se pública el decreto en el Diario Oficial de la Federación.
Sin embargo, en las vísperas de su publicación, actores de esta industria insisten en que dicho registro puede generar efectos secundarios que resultarán contraprudecentes.
Por ejemplo, la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) y Telefónica Movistar coinciden en que el registro de celulares puede resultar violatorio a la privacidad de los usuarios.
Por su parte, Iusacell aseguró que los tiempos que plantea la iniciativa “son apretados”, considerando que tendrán un año para integrar una base de datos, que la conforman 70 millones de usuarios, en donde 90% de ellos están suscritos a la modalidad de prepago.
Mientras que Telcel dijo que una de las preocupaciones es que hay información personal que estará a disposición de diferentes personas en la cadena de comercialización de un celular, por lo que difícilmente se podrá tener garantía de la confidencialidad de los datos.
Los riesgos
La Canieti destaca que con la puesta en marcha del registro de celulares se pueden incrementar los robos de celulares y en ocasiones, para evitar que se reporte el robo, el secuestro del dueño del teléfono.
Además, se podría generar el uso de celulares de otros países, como Centroamérica, Estados Unidos o de países europeos y asiáticos; se utilizarán teléfonos públicos, incluso los delincuentes se podrían valer de hacer llamadas a través de Internet aprovechando la tecnología IP.
Inviabilidad internacional
Otros países se han rehusado a implementar este registro de usuarios celulares; sólo ocho de 30 miembros de la OCDE requieren el registro.
Por ejemplo, en el caso de España, en octubre del 2007 se anunció que a partir de noviembre los usuarios de telefonía móvil tendrían dos años para identificarse o perderían su línea.
Sin embargo, existen dificultades para cumplir con esta ley por el escaso margen de tiempo para ponerla en marcha, además, que supondría un coste de unos 100 millones de euros más el de mantenimiento de los sistemas. Las empresas han pedido que el Estado asuma el coste o una parte del mismo.
Por ejemplo, en Irlanda, en julio del 2007, el gobierno anunció la iniciativa de requerir que todos los teléfonos estuvieran registrados en una base nacional de datos personales proporcionando un documento de identidad.
La iniciativa fue revisada y detectaron que era una medida demasiado compleja legal y técnicamente tocando fibras sensibles de la protección de datos y elementos prácticos de uso.
9 de diciembre del 2008, aún no se pública el decreto en el Diario Oficial de la Federación.
Sin embargo, en las vísperas de su publicación, actores de esta industria insisten en que dicho registro puede generar efectos secundarios que resultarán contraprudecentes.
Por ejemplo, la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) y Telefónica Movistar coinciden en que el registro de celulares puede resultar violatorio a la privacidad de los usuarios.
Por su parte, Iusacell aseguró que los tiempos que plantea la iniciativa “son apretados”, considerando que tendrán un año para integrar una base de datos, que la conforman 70 millones de usuarios, en donde 90% de ellos están suscritos a la modalidad de prepago.
Mientras que Telcel dijo que una de las preocupaciones es que hay información personal que estará a disposición de diferentes personas en la cadena de comercialización de un celular, por lo que difícilmente se podrá tener garantía de la confidencialidad de los datos.
Los riesgos
La Canieti destaca que con la puesta en marcha del registro de celulares se pueden incrementar los robos de celulares y en ocasiones, para evitar que se reporte el robo, el secuestro del dueño del teléfono.
Además, se podría generar el uso de celulares de otros países, como Centroamérica, Estados Unidos o de países europeos y asiáticos; se utilizarán teléfonos públicos, incluso los delincuentes se podrían valer de hacer llamadas a través de Internet aprovechando la tecnología IP.
Inviabilidad internacional
Otros países se han rehusado a implementar este registro de usuarios celulares; sólo ocho de 30 miembros de la OCDE requieren el registro.
Por ejemplo, en el caso de España, en octubre del 2007 se anunció que a partir de noviembre los usuarios de telefonía móvil tendrían dos años para identificarse o perderían su línea.
Sin embargo, existen dificultades para cumplir con esta ley por el escaso margen de tiempo para ponerla en marcha, además, que supondría un coste de unos 100 millones de euros más el de mantenimiento de los sistemas. Las empresas han pedido que el Estado asuma el coste o una parte del mismo.
Por ejemplo, en Irlanda, en julio del 2007, el gobierno anunció la iniciativa de requerir que todos los teléfonos estuvieran registrados en una base nacional de datos personales proporcionando un documento de identidad.
La iniciativa fue revisada y detectaron que era una medida demasiado compleja legal y técnicamente tocando fibras sensibles de la protección de datos y elementos prácticos de uso.
Claudia Juárez Escalona, El Economista, 7 de enero.
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