Su caso destapó la cloaca. El 1 de junio de este año, el joven de 14 años, Fernando Martí, descendiente de una añeja dinastía de empresarios, es secuestrado en un falso retén cerca de Ciudad Universitaria, en lo que se convertiría en uno de los dos mayores escándalos de ineficiencia policial e impunidad criminal de 2008 y movería a la realización de una segunda marcha nacional contra la inseguridad.
Alejandro Martí, padre de Fernando, no tuvo empacho en salir a los medios de comunicación los primeros días de agosto para ventilar su caso y revelar detalles de la negociación, exhibir el submundo de los negociadores privados y plantear sus sospechas de complicidad dentro de los aparatos policiales. Comenzaron a conocerse más casos de secuestro en todo el país.
Acorralados por la opinión pública, los tres niveles de gobierno y funcionarios de todos los partidos políticos se dieron cita en Palacio Nacional, el 21 de agosto.
Ahí mismo, Alejandro Martí espetó a los presentes: “¡Si no pueden, renuncien!”, que cayó como latigazo a quienes estaban acostumbrados a los discursos positivos. El resultado: un Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, con plazos y compromisos.
Fue entonces que el Gobierno del Distrito Federal dijo tener indicios sólidos de que quien privó de la libertad y de la vida a Fernando Martí habría sido una banda de secuestradores conocidos como de La Flor, por su morbosa costumbre de poner una en los cuerpos de sus ejecutados.
Pronto se sabría que la banda estaba integrada en su mayoría por policías federales y locales, activos y retirados, presuntamente comandada por Sergio Humberto Ortiz Juárez, El Apá, quien habría contado con la complicidad de una agente de la AFI, Lorena González, con una red de informantes dentro de las Procuraduría capitalina y con varios delincuentes dedicados al plagio.
Mientras las autoridades armaban el caso, organizaciones civiles convocaron para el 30 de agosto a una marcha titulada Iluminemos México. Su convocatoria fue vasta.
Tras los primeros 100 días del Acuerdo por la Legalidad, los responsables de la seguridad en el país aseguraron que están trabajando. La banda de La Flor sigue sujeta a proceso y Martí anunció la creación del Sistema de Observación para la Seguridad Ciudadana (SOS).
Alejandro Martí, padre de Fernando, no tuvo empacho en salir a los medios de comunicación los primeros días de agosto para ventilar su caso y revelar detalles de la negociación, exhibir el submundo de los negociadores privados y plantear sus sospechas de complicidad dentro de los aparatos policiales. Comenzaron a conocerse más casos de secuestro en todo el país.
Acorralados por la opinión pública, los tres niveles de gobierno y funcionarios de todos los partidos políticos se dieron cita en Palacio Nacional, el 21 de agosto.
Ahí mismo, Alejandro Martí espetó a los presentes: “¡Si no pueden, renuncien!”, que cayó como latigazo a quienes estaban acostumbrados a los discursos positivos. El resultado: un Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, con plazos y compromisos.
Fue entonces que el Gobierno del Distrito Federal dijo tener indicios sólidos de que quien privó de la libertad y de la vida a Fernando Martí habría sido una banda de secuestradores conocidos como de La Flor, por su morbosa costumbre de poner una en los cuerpos de sus ejecutados.
Pronto se sabría que la banda estaba integrada en su mayoría por policías federales y locales, activos y retirados, presuntamente comandada por Sergio Humberto Ortiz Juárez, El Apá, quien habría contado con la complicidad de una agente de la AFI, Lorena González, con una red de informantes dentro de las Procuraduría capitalina y con varios delincuentes dedicados al plagio.
Mientras las autoridades armaban el caso, organizaciones civiles convocaron para el 30 de agosto a una marcha titulada Iluminemos México. Su convocatoria fue vasta.
Tras los primeros 100 días del Acuerdo por la Legalidad, los responsables de la seguridad en el país aseguraron que están trabajando. La banda de La Flor sigue sujeta a proceso y Martí anunció la creación del Sistema de Observación para la Seguridad Ciudadana (SOS).
Alejandro Jiménez, El Universal, 25 de diciembre.
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