El Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) examina los recientes mensajes del PAN (en los cuales se adjudica como logros programas y obras del gobierno federal) y en los próximos días determinará si trasgreden la ley.
“Si se encuentra que hay violación a la legislación, se ordenarían medidas cautelares para que se retire la propaganda”, advirtió Leonardo Valdés, presidente del IFE.
En Guanajuato, el consejero presidente informó que, junto con el equipo jurídico del instituto, estudia los documentos relativos a este caso –derivado de las denuncias interpuestas por el PRI– a fin de tener conclusiones la próxima semana.
Antes, citará al representante legal del PAN, Roberto Gil, para que ofrezca pruebas que sustenten sus argumentos, en el sentido que los mensajes de ese partido no violan la normatividad en la materia.
El priísmo en Michoacán y Puebla consideran que el PAN viola la ley al adjudicarse obras del gobierno de Felipe Calderón.
Al término de la firma de un convenio de colaboración que hizo con el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) para la organización de la elección local, Valdés precisó que se está integrando el expediente y que este fin de semana darán derecho de audiencia al representante del PAN.
“Estoy estudiando los documentos que han llegado al IFE; los abogados están haciendo un análisis profundo de toda la legislación aplicable en la materia, y a principios de la semana próxima tendré un criterio”, agregó el consejero presidente.
En noviembre de 2008, el PRI en Guanajuato presentó la referida denuncia. Valdés precisó que se inicia un procedimiento de urgente resolución porque tendrán que concluir el caso antes que inicien las precampañas, esto es, el próximo 31 de enero.
El jueves, el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados acordó que pedirá al IFE que cancele la propaganda del PAN en la que se adjudica obras y acciones del gobierno federal, porque éstas violan la Constitución.
“Esta actitud de connivencia del Partido Acción Nacional con el gobierno federal, donde por supuesto el titular del Ejecutivo es militante panista, es para perturbar el proceso electoral en el que estamos, pero también sacar ventaja y quebrantar los principios de equidad”, denunció el legislador, Carlos Armando Biebrich.
En tanto, el IFE reiteró que no es la instancia para revisar cuentas bancarias de las personas políticamente expuestas y que, ante una eventual denuncia por presuntas irregularidades, sólo le correspondería dar vista a la Secretaría de Hacienda para que inicie la investigación.
Tras difundirse nuevas declaraciones de senadores en el sentido de acudir al tribunal electoral federal para combatir las medidas de fiscalización del IFE, el consejero presidente de este organismo dijo que tales acciones son producto de “un mal entendido”.
Entrevistado en Querétaro, Valdés Zurita dijo que fueron los partidos políticos y el propio instituto los que incluyeron como personas políticamente expuestas a candidatos, dirigentes de partidos y tesoreros, entre otros vinculados con los recursos gastados en campañas políticas.
Comentó que no ha conversado con el senador panista Gustavo Madero pero que en su momento lo hará “para aclarar cualquier mal entendido” acerca del llamado blindaje electoral y otras acciones de la Unidad de fiscalización.
“Si se encuentra que hay violación a la legislación, se ordenarían medidas cautelares para que se retire la propaganda”, advirtió Leonardo Valdés, presidente del IFE.
En Guanajuato, el consejero presidente informó que, junto con el equipo jurídico del instituto, estudia los documentos relativos a este caso –derivado de las denuncias interpuestas por el PRI– a fin de tener conclusiones la próxima semana.
Antes, citará al representante legal del PAN, Roberto Gil, para que ofrezca pruebas que sustenten sus argumentos, en el sentido que los mensajes de ese partido no violan la normatividad en la materia.
El priísmo en Michoacán y Puebla consideran que el PAN viola la ley al adjudicarse obras del gobierno de Felipe Calderón.
Al término de la firma de un convenio de colaboración que hizo con el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) para la organización de la elección local, Valdés precisó que se está integrando el expediente y que este fin de semana darán derecho de audiencia al representante del PAN.
“Estoy estudiando los documentos que han llegado al IFE; los abogados están haciendo un análisis profundo de toda la legislación aplicable en la materia, y a principios de la semana próxima tendré un criterio”, agregó el consejero presidente.
En noviembre de 2008, el PRI en Guanajuato presentó la referida denuncia. Valdés precisó que se inicia un procedimiento de urgente resolución porque tendrán que concluir el caso antes que inicien las precampañas, esto es, el próximo 31 de enero.
El jueves, el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados acordó que pedirá al IFE que cancele la propaganda del PAN en la que se adjudica obras y acciones del gobierno federal, porque éstas violan la Constitución.
“Esta actitud de connivencia del Partido Acción Nacional con el gobierno federal, donde por supuesto el titular del Ejecutivo es militante panista, es para perturbar el proceso electoral en el que estamos, pero también sacar ventaja y quebrantar los principios de equidad”, denunció el legislador, Carlos Armando Biebrich.
En tanto, el IFE reiteró que no es la instancia para revisar cuentas bancarias de las personas políticamente expuestas y que, ante una eventual denuncia por presuntas irregularidades, sólo le correspondería dar vista a la Secretaría de Hacienda para que inicie la investigación.
Tras difundirse nuevas declaraciones de senadores en el sentido de acudir al tribunal electoral federal para combatir las medidas de fiscalización del IFE, el consejero presidente de este organismo dijo que tales acciones son producto de “un mal entendido”.
Entrevistado en Querétaro, Valdés Zurita dijo que fueron los partidos políticos y el propio instituto los que incluyeron como personas políticamente expuestas a candidatos, dirigentes de partidos y tesoreros, entre otros vinculados con los recursos gastados en campañas políticas.
Comentó que no ha conversado con el senador panista Gustavo Madero pero que en su momento lo hará “para aclarar cualquier mal entendido” acerca del llamado blindaje electoral y otras acciones de la Unidad de fiscalización.
Carlos García, Mariana Chávez y Fabiola Martínez, La Jornada, 24 de enero.
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