Cuando llegaron a Lindavista supieron que iban tras alguien importante del cártel de Sinaloa. Los de la casa se defendieron.
Entre los capturados estaban el hermano y el hijastro de Ismael El Mayo Zambada, quienes se encargaban de traficar con droga en el aeropuerto capitalino, cobijados por policías del más alto nivel.
Tras el episodio, cayeron funcionarios de la SSP federal que le daban protección al cártel de Sinaloa. Todos eran hombres de confianza en el aparato de seguridad del país.
Los principales nombres: Víctor Gerardo Garay Cadena, comisionado interino de la PFP, y Édgar Enrique Bayardo del Villar, subdirector de Investigación de Delitos de la misma corporación.
Aún existe un grupo de funcionarios en entredicho, que han sido llamados a declarar, como Mario Arturo Velarde Martínez, quien se desempeñara como secretario particular de García Luna.
El primero caer, el 29 de octubre, fue Bayardo; resultó ser una pieza vital para entender la red de complicidades gubernamental y que protegía de cualquier operativo a la gente del cártel del Pacífico, de Joaquín El Chapo Guzmán.
Esta noticia se dio la misma semana en que EL UNIVERSAL publicó en exclusiva que, en la PGR, cuatro agentes de la SIEDO estaban arraigados por aparecer en la nómina del cártel del Golfo.
Hubo un detenido más, aunque no directamente involucrado con la detención del Rey Zambada: Javier Herrera Valles, ex coordinador de Seguridad Regional de la PFP, quien fue procesado por recibir sobornos del narco. El antecedente era que Herrera había lanzado señalamiento sobre García Luna, acusándolo de tráfico de influencias e irregularidades en operativos.
En menos de un mes, mandos cercanos al titular de la SSP resultaron detenidos, indiciados o, cuando menos, acusados de diversas irregularidades, en lo que es la peor debacle de la institución. Una pesadilla.
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