“Son denuncias infundadas”

—La CNDH reporta un aumento en las quejas contra la Sedena.

—La incidencia de quejas es baja, dado que tenemos 45 mil elementos diarios o más empeñados en labores de seguridad; este año se dispararon un poco, pero el incremento es normal, por el número de personal en las calles. Hay otros factores en los que nadie ha reparado…

—¿Cuáles?

—Los esquemas de denuncia han comenzado a ampliarse por parte de profesionales del derecho, quienes, se ha constatado, son defensores de personas que se encuentran procesadas por delitos contra la salud. Ellos mismos están asesorando a su gente para que presenten quejas infundadas: en la mayoría jamás se logra comprobar la participación militar y por eso terminan archivadas.

—¿De qué se acusa al Ejército en esas quejas?

—Detenciones arbitrarias, ejercicio indebido de la función pública, cateos y visitas domiciliarias ilegales, pero todas son supuestas, porque ahora los derechos humanos se han convertido en un medio de defensa que se presenta ante los jueces encargados de procesar a los narcotraficantes. En todo el movimiento jurídico manejan cosas que son y que no son.

—¿Entonces el número de quejas no vale para ustedes?

—Sólo consideramos violaciones comprobadas, las que terminan en recomendaciones de la CNDH, o los casos que se concluyen por conciliaciones amistosas. En el sexenio anterior sólo se rechazó una recomendación y durante esta administración se han aceptado todas. Ha habido casos muy evidentes como el de los homicidios de Sinaloa de Leyva o el de Castaños, Coahuila, es obvio que se debe procesar a la gente.

—¿Y de verdad hay castigo para los culpables? Son muchos los reproches por el nivel de impunidad…

—Buscamos que haya un debido proceso legal.

—¿Cual es su percepción de la labor que realiza el Ejército en seguridad pública?

—De acuerdo al Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012, una de las estrategias más importantes de la Sedena es impulsar la sustitución progresiva y verificable de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública, particularmente las referentes a la actuación policial. Este trabajo ya lo estamos desarrollando. A la par, estamos revisando el Código de Justicia Militar para ajustarlo a la reforma penal en materia de juicios orales.

—¿La legislación de la Sedena es acorde con la realidad del país en materia de derechos humanos?

—Toda la legislación nacional está armonizándose en la actualidad, hay un comité de política gubernamental en derechos humanos que depende de la Segob, y al cual pertenece la secretaría, se está trabajando en materia jurídica.

—¿Qué ajustes se alistan?

—Sobre metodología, procesos y tipos penales. Ya tenemos propuestas ante el Congreso, como la inclusión de tipos penales de la Corte Penal Internacional. Sobre todo debemos estar en sintonía con los instrumentos internacionales en derechos humanos, una labor que ya desarrollan el Estado Mayor, la Rectoría y Universidad del Ejército.

—¿Y las matanzas, los civiles asesinados?

—En los operativos no hay violaciones a derechos humanos de manera dolosa, el 99% de los casos se da por cuestiones ajenas o colaterales. En casos graves, como fallecimientos o lesiones, se procede a la reparación del daño, dentro del sistema de la CNDH o bajo la ley de responsabilidades de servidores públicos.

—¿Cuál es la estrategia de difusión de los derechos humanos en el interior de la dependencia?

—Tenemos estrecha coordinación con la CNDH en cursos, talleres, conferencias, diplomados, así como con el Comité Internacional de la Cruz Roja.

—¿Cuál es su postura sobre los militares dados de baja por VIH?

—El derecho humano se da por la condición humana, esa es la riqueza de la teoría general de los derechos; los análisis jurisdiccionales y jurisprudencias pueden ser útiles. De hecho, el presidente Calderón envió ya una iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas encaminada a cambiar la palabra inutilidad por la de incapacidad, para que los afectados puedan prestar servicios en otras áreas y así continuar en activo; ahora alguien con este problema tiene que acudir el amparo; reformando la ley no se necesitarían tantos trámites.

—¿Choca el sida con la imagen de hombría dentro del Ejército?

—En absoluto, pero hay un parámetro legal que se tiene que seguir; si hay un trámite de retiro debe llevarse a cabo, porque lo dice la ley.

—¿Es difícil de aceptar el VIH dentro de las Fuerzas Armadas?

—Nosotros hacemos exámenes médicos anuales y si alguien resulta con esa enfermedad se generan los certificados médicos correspondientes y se informa al área correspondiente, eso es lo que sucede, ninguna otra cosa…

—¿Y el tema de la obesidad?

—También se ha hablado en ese sentido, podría ser considerada dentro de un parámetro similar al del VIH. Hasta ahora la Dirección General de Sanidad para la Obesidad indica que el militar debe estar lo más delgado posible; 25% de masa corporal es lo óptimo.

—¿Y los que tienen problemas visuales, como en las córneas?

—Si la causal está debidamente establecida en la ley y acreditada clínicamente, se tiene que dar trámite de retiro, no hay más.

Daniel Blancas Madrigal, Crónica, 26 de diciembre.