Para evitar “inestabilidad, inseguridad e incertidumbre política”, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó ayer que los comicios en Guerrero se celebren “por única ocasión” el 30 de enero de 2011 y que el gobernador sea electo para un periodo de cuatro años y medio.
De manera unánime, los ministros votaron contra un criterio anterior del pleno, según el cual todas las elecciones estatales que coincidan el mismo año con las federales deben adecuarse a la Constitución federal y celebrarse el primer domingo de julio.
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea advirtió que cuando la SCJN invalidó las leyes electorales de Baja California, Tamaulipas y Yucatán, por no empalmar las elecciones federales con las locales, se generaron problemas.
Al resolver dos acciones de inconstitucionalidad promovidas por los partidos Acción Nacional y Nueva Alianza, Zaldívar señaló que el pleno tenía que quitar la “camisa de fuerza a los estados” para que cumplan con el mandato constitucional.
Agregó que si se mantenía el anterior criterio y los comicios de Guerrero se hubieran celebrado el primer domingo de julio de 2010, el estado habría tenido durante nueve meses un gobernador en funciones y uno electo, “lo que generaría problemas de ingobernabilidad”.
En Acapulco, Guerrero, el gobernador perredista Zeferino Torreblanca Galindo y el alcalde priísta Manuel Añorve Baños coincidieron en que la decisión de los ministros fue acertada porque generará “diálogo” y ya no será necesario nombrar un gobernador interino.
En Chilpancingo, el priísta Héctor Vicario Castrejón, presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, recibió con “beneplácito” y “humildad” la resolución, que revierte las reformas aprobadas por su partido.
En cambiko, Carlos Millán, delegado del Partido Acción Nacional en Guerrero, dijo que el fallo es “un mal precedente para la democracia”, pues “los encargados de hacer valer la justicia y los valores de la Constitución permitieron su desacato”.
Por otra parte, las posiciones de los ministros se polarizaron al discutir la reforma electoral recientemente aprobada en Quintana Roo, que exige a los aspirantes a la gubernatura una residencia mínima “efectiva” de 10 años para quien sea “hijo de padre o madre nacidos en la entidad” y de 20 años para para los “no nativos”.
Sergio Valls, Sergio Salvador Aguirre, Arturo Zaldívar, Olga Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza se manifestaron por declararla inconstitucional. El ministro presidente, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, se inclinó más por la invalidación, pero no lo dijo de manera contundente.
Los primeros consideraron que las condiciones exigidas por la nueva ley electoral constituían una “discriminación indebida a los no nativos” y que el plazo de 20 años era “irrazonable y exorbitante”. La discusión continuará este martes.
De manera unánime, los ministros votaron contra un criterio anterior del pleno, según el cual todas las elecciones estatales que coincidan el mismo año con las federales deben adecuarse a la Constitución federal y celebrarse el primer domingo de julio.
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea advirtió que cuando la SCJN invalidó las leyes electorales de Baja California, Tamaulipas y Yucatán, por no empalmar las elecciones federales con las locales, se generaron problemas.
Al resolver dos acciones de inconstitucionalidad promovidas por los partidos Acción Nacional y Nueva Alianza, Zaldívar señaló que el pleno tenía que quitar la “camisa de fuerza a los estados” para que cumplan con el mandato constitucional.
Agregó que si se mantenía el anterior criterio y los comicios de Guerrero se hubieran celebrado el primer domingo de julio de 2010, el estado habría tenido durante nueve meses un gobernador en funciones y uno electo, “lo que generaría problemas de ingobernabilidad”.
En Acapulco, Guerrero, el gobernador perredista Zeferino Torreblanca Galindo y el alcalde priísta Manuel Añorve Baños coincidieron en que la decisión de los ministros fue acertada porque generará “diálogo” y ya no será necesario nombrar un gobernador interino.
En Chilpancingo, el priísta Héctor Vicario Castrejón, presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, recibió con “beneplácito” y “humildad” la resolución, que revierte las reformas aprobadas por su partido.
En cambiko, Carlos Millán, delegado del Partido Acción Nacional en Guerrero, dijo que el fallo es “un mal precedente para la democracia”, pues “los encargados de hacer valer la justicia y los valores de la Constitución permitieron su desacato”.
Por otra parte, las posiciones de los ministros se polarizaron al discutir la reforma electoral recientemente aprobada en Quintana Roo, que exige a los aspirantes a la gubernatura una residencia mínima “efectiva” de 10 años para quien sea “hijo de padre o madre nacidos en la entidad” y de 20 años para para los “no nativos”.
Sergio Valls, Sergio Salvador Aguirre, Arturo Zaldívar, Olga Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza se manifestaron por declararla inconstitucional. El ministro presidente, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, se inclinó más por la invalidación, pero no lo dijo de manera contundente.
Los primeros consideraron que las condiciones exigidas por la nueva ley electoral constituían una “discriminación indebida a los no nativos” y que el plazo de 20 años era “irrazonable y exorbitante”. La discusión continuará este martes.
Jesús Aranda, La jornada, 12 de enero.
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