La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dedicará todo el tiempo necesario para lograr decisiones apegadas a derecho que resuelvan el caso del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), anticipó el presidente del máximo tribunal del país, Guillermo Ortiz Mayagoitia.
Ello luego de la audiencia pública en la que autoridades y empresarios argumentaron en pro y en contra, respectivamente, de la constitucionalidad del cobro del impuesto que de declararse ilegal obligaría a los funcionarios de la Hacienda pública a devolver más de 90 mil millones de pesos a los inconformes.
Ortiz Mayagoitia convocó a todos los ministros de la Corte a dedicar el tiempo necesario para analizar desde el próximo lunes el asunto en el que es ponente la ministra Olga Sánchez Cordero, pues el caso lo calificó como un asunto “polémico, difícil y de gran trascendencia”.
Tras escuchar los cuatro bloques de participantes en esta audiencia pública, destacó el gran número de planteamientos jurídicos del caso, y que enfocaron los puntos de mayor interés de las partes, y respecto de los cuales dijo a sus homólogos: “Debemos poner especial atención sin descuidar ninguno de los elementos hechos valer en la demanda central”.
Salvo el Consejo Coordinador Empresarial (CEE), que declinó participar en la audiencia por las discrepancias entre sus agremiados, el Pleno de ministros escuchó a los abogados que representan a los empresarios, quienes rechazan el pago del impuesto por considerarlo inconstitucional, así como representantes de la SHCP, de la Procuraduría Fiscal de la Federación, y de las cámaras de Diputados y Senadores, que defendieron el cobro.
Entre los representantes del gobierno estuvieron el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, y el procurador fiscal de la Federación, Javier Laynez Potisek, mientras que por los legisladores, quienes aprobaron el impuesto, estuvieron los panistas Francisco Ramírez Acuña y Gustavo Madero Muñoz, quienes al igual que los representantes de las empresas inconformes tuvieron 15 minutos cada uno para defender su posición.
El IETU no fue, según opinión del subsecretario de Ingresos de la SHCP, José Antonio Meade, inflacionario ni provocó desempleo o la modificación de contratos colectivos de trabajo. Consideró que con su implementación desde 2008, las autoridades hacendarias aumentaron por arriba de 90 mil millones lo recaudado por ingresos no petroleros.
Frente a los argumentos de los abogados del sector privado, la SHCP, en voz del jefe de la Unidad de Política de Ingresos, Juan Manuel Pérez Porrúa, recordó que el IETU ya fue declarado constitucional por dos instancias del Poder Judicial de la Federación, y confió en que por tercera y definitiva ocasión, la SCJN declare inválidos los amparos promovidos.
Advirtió que en caso contrario, las empresas pueden exigir las devoluciones del pago de impuesto que, calculó, llegaría a casi 90 mil millones de pesos más recargos y actualizaciones, en algunos casos, dependiendo de lo que determinara la Corte.
Ello luego de la audiencia pública en la que autoridades y empresarios argumentaron en pro y en contra, respectivamente, de la constitucionalidad del cobro del impuesto que de declararse ilegal obligaría a los funcionarios de la Hacienda pública a devolver más de 90 mil millones de pesos a los inconformes.
Ortiz Mayagoitia convocó a todos los ministros de la Corte a dedicar el tiempo necesario para analizar desde el próximo lunes el asunto en el que es ponente la ministra Olga Sánchez Cordero, pues el caso lo calificó como un asunto “polémico, difícil y de gran trascendencia”.
Tras escuchar los cuatro bloques de participantes en esta audiencia pública, destacó el gran número de planteamientos jurídicos del caso, y que enfocaron los puntos de mayor interés de las partes, y respecto de los cuales dijo a sus homólogos: “Debemos poner especial atención sin descuidar ninguno de los elementos hechos valer en la demanda central”.
Salvo el Consejo Coordinador Empresarial (CEE), que declinó participar en la audiencia por las discrepancias entre sus agremiados, el Pleno de ministros escuchó a los abogados que representan a los empresarios, quienes rechazan el pago del impuesto por considerarlo inconstitucional, así como representantes de la SHCP, de la Procuraduría Fiscal de la Federación, y de las cámaras de Diputados y Senadores, que defendieron el cobro.
Entre los representantes del gobierno estuvieron el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, y el procurador fiscal de la Federación, Javier Laynez Potisek, mientras que por los legisladores, quienes aprobaron el impuesto, estuvieron los panistas Francisco Ramírez Acuña y Gustavo Madero Muñoz, quienes al igual que los representantes de las empresas inconformes tuvieron 15 minutos cada uno para defender su posición.
El IETU no fue, según opinión del subsecretario de Ingresos de la SHCP, José Antonio Meade, inflacionario ni provocó desempleo o la modificación de contratos colectivos de trabajo. Consideró que con su implementación desde 2008, las autoridades hacendarias aumentaron por arriba de 90 mil millones lo recaudado por ingresos no petroleros.
Frente a los argumentos de los abogados del sector privado, la SHCP, en voz del jefe de la Unidad de Política de Ingresos, Juan Manuel Pérez Porrúa, recordó que el IETU ya fue declarado constitucional por dos instancias del Poder Judicial de la Federación, y confió en que por tercera y definitiva ocasión, la SCJN declare inválidos los amparos promovidos.
Advirtió que en caso contrario, las empresas pueden exigir las devoluciones del pago de impuesto que, calculó, llegaría a casi 90 mil millones de pesos más recargos y actualizaciones, en algunos casos, dependiendo de lo que determinara la Corte.
Francisco Gómez, El Universal, 23 de enero.
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