Dedicarse a defender los derechos humanos en México es una labor de alto riesgo en la que se puede perder la vida, señala Nancy Tapias-Torrado, investigadora de Amnistía Internacional.
"La situación de los defensores y defensoras en América es difícil.
"México es uno de los países donde tenemos mayor preocupación, al igual que en Colombia y Guatemala. Cada situación es diferente, pero el hecho de que hoy nos estemos particularmente enfocando en México es una muestra de que hay un problema serio que debe ser abordado como prioridad en la agenda política del Gobierno", señaló Muestra de ello es que, según registra Amnistía, solamente hay un defensor de derechos humanos encarcelado en toda América Latina: el mexicano Raúl Hernández, dirigente de la Organización del Pueblo Indígena Me'phaa, en Guerrero.
"Es el único defensor de derechos humanos detenido, nombrado como preso de conciencia en todo México y en toda la región de América, y eso ya te da también un contexto de la situación mexicana en relación con otros países", explicó Tapias-Torrado.
El organismo presenta hoy un informe que documenta 16 casos de agresiones a defensores de derechos humanos y seis asesinatos ocurridos entre 2008 y 2009.
Según Tapias-Torrado, si bien la lucha contra el narcotráfico ha incrementado el riesgo de quienes defienden los derechos humanos, como se demostró en el caso del asesinato de Josefina Reyes en Chihuahua, los y las defensores en mayor riesgo de ejercer su actividad son quienes están involucrados en la protección de los derechos económicos, sociales y culturales, es decir, los derechos de los pueblos indígenas, de los campesinos, de las personas excluidas y en situación de vulnerabilidad.
"El hecho de que sean los que defienden el medio ambiente, los derechos de los campesinos, los derechos de los migrantes, pone en evidencia que ellos están tratando de resaltar temas que no necesariamente son de agrado para quienes manejan ciertos intereses políticos y económicos qy ue no son necesariamente los de la comunidad", aseguró.
A través del informe, AI hace un llamado al Gobierno de México para reconocer públicamente el riesgo bajo el que viven los defensores de derechos humanos y a adoptar un mecanismo de protección integral para ellos.
"La situación de los defensores y defensoras en América es difícil.
"México es uno de los países donde tenemos mayor preocupación, al igual que en Colombia y Guatemala. Cada situación es diferente, pero el hecho de que hoy nos estemos particularmente enfocando en México es una muestra de que hay un problema serio que debe ser abordado como prioridad en la agenda política del Gobierno", señaló Muestra de ello es que, según registra Amnistía, solamente hay un defensor de derechos humanos encarcelado en toda América Latina: el mexicano Raúl Hernández, dirigente de la Organización del Pueblo Indígena Me'phaa, en Guerrero.
"Es el único defensor de derechos humanos detenido, nombrado como preso de conciencia en todo México y en toda la región de América, y eso ya te da también un contexto de la situación mexicana en relación con otros países", explicó Tapias-Torrado.
El organismo presenta hoy un informe que documenta 16 casos de agresiones a defensores de derechos humanos y seis asesinatos ocurridos entre 2008 y 2009.
Según Tapias-Torrado, si bien la lucha contra el narcotráfico ha incrementado el riesgo de quienes defienden los derechos humanos, como se demostró en el caso del asesinato de Josefina Reyes en Chihuahua, los y las defensores en mayor riesgo de ejercer su actividad son quienes están involucrados en la protección de los derechos económicos, sociales y culturales, es decir, los derechos de los pueblos indígenas, de los campesinos, de las personas excluidas y en situación de vulnerabilidad.
"El hecho de que sean los que defienden el medio ambiente, los derechos de los campesinos, los derechos de los migrantes, pone en evidencia que ellos están tratando de resaltar temas que no necesariamente son de agrado para quienes manejan ciertos intereses políticos y económicos qy ue no son necesariamente los de la comunidad", aseguró.
A través del informe, AI hace un llamado al Gobierno de México para reconocer públicamente el riesgo bajo el que viven los defensores de derechos humanos y a adoptar un mecanismo de protección integral para ellos.
Silvia Garduño, Reforma, 21 de enero.
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