Ejército seguirá vigilando calles

TIJUANA, BC.— La participación del Ejército en las tareas de seguridad pública debe mantenerse, al menos hasta que los gobiernos civiles tengan control total sobre sus corporaciones policiacas y se haya erradicado la infiltración criminal, afirmó el gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán (PAN).
Pese a los “bemoles” de la colaboración militar, como llamó a las quejas por presuntos abusos de los solados, “en Baja California me consta la limpieza de las corporaciones que ha realizado el Ejército y para mí va a continuar en 2010.

Aclaró que su apuesta por las Fuerzas Armadas se limita “hasta que las autoridades civiles tengamos de nueva cuenta los hilos en la mano” y las corporaciones policiacas que estaban coludidas con el narco estén limpias.

Aclaró que la ola de asesinatos en diciembre en Tijuana tuvo su origen en una guerra entre bandas que se disputan el control del territorio, donde la mayoría de los fallecidos son narcomenudistas “importados” de otros estados como Sinaloa, Michoacán y Guerrero.

Explicó de esta forma la escalada de violencia que en el último mes acumuló casi 120 homicidios y que reveló la presencia de cárteles “externos” que pagan “peaje” y “piso” a los Arellano Félix.

Muchas de las “batallas” que ocurren aquí son planeadas desde otras partes del país, así que la solución no debe limitarse al estado. Tiene que trascender territorios e incluir la participación de otros gobiernos desde donde se originan esos hechos.

“Familia Michoacana”

Se están peleando el mercado interno, ni siquiera las rutas de tráfico de drogas. Se están matando por ganar terreno, pero también son ajustes de cuentas por los “ganes” de droga o facturas por cobrar de los decomisos que hace el gobierno, ya que “alguien tiene que pagar esas pérdidas”, dijo el mandatario.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Osuna Millán reconoció que el último mes de 2009 fue particularmente violento, pero no tan grave como 2008, cuando el crimen organizado cobró en Baja California más de 860 vidas.

En diciembre se detectó la presencia de La Familia Michoacana en esta frontera tras la detención de varios sujetos en posesión de 70 kilogramos de cristal procedente de esa entidad.

Las investigaciones de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y del Ejército concluyeron que esa organización pagaba “peaje” y “piso” al cártel de los hermanos Arellano Félix.

“Los detenidos nos informaron que ellos pagaban un derecho por entrar al estado”, dijo.

Se les decomisó una lista de nombres para la distribución de la droga y gracias a los datos obtenidos por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Tijuana, en Michoacán se realizaron detenciones y hasta se incautó un laboratorio para el procesamiento de cristal, aseguró el gobernador Osuna Millán.

“Tiradores importados” de otros estados

El gobernador panista de Baja California dijo que la gran mayoría de las personas ejecutadas en esta frontera son “tiradores importados” de estados como Sinaloa, Michoacán y Guerrero, que no tenían más de seis meses de residencia en la ciudad de Tijuana.

Fueron traídos para que sustituyeran a otros que murieron en las mismas circunstancias, quienes se dedicaban a recoger y entregar droga en las colonias y que finalmente cayeron en la disputa por el territorio o por los ajustes de cuentas, relató el Ejecutivo estatal.

Si caen en la cárcel siempre hay alguien que los sustituye y si no es local, los importan con gente que viene particularmente de Sinaloa.

Hay una corriente que no viene a trabajar, sino a operar en el tráfico, es algo que se puede constatar en las penitenciarías donde la mayoría de los presos por drogas refieren ser originarios de esos tres estados.

Osuna Millán explicó que gracias a las acciones coordinadas entre las corporaciones policiacas y el Ejército, en Playas de Rosarito las autoridades han recuperado una parte importante del territorio y como resultado, la incidencia delictiva ha bajado, aunque esa plaza sigue bajo disputa por su posición estratégica.

Desarticulan organización

La detención de Ángel Jácome Gamboa El Kaibil y de otros seis cabecillas con igual importancia operativa en la organización comandada por Teodoro García Simental El Teo desarticuló su organización en Playas de Rosarito, municipio que se considera parte importante del “corredor” del narcotráfico de Tijuana.

El gobernador de Baja California, Osuna Millán, advirtió que la solución al problema del crimen organizado y el tráfico de drogas en la entidad tendrá que hacerse desde diferentes perspectivas que incluyan atacar su origen, en este caso, prevenir la “importación” de delincuentes y pistoleros y en la entidad, evitar el consumo de enervantes.
Julieta Martínez corresponsal, El Universal, 2 de enero.

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