CIUDAD JUAREZ, Chih.— Mientras que en todo el país suman cada vez más los mexicanos que son víctimas de los delitos de extorsión y secuestro, el sistema de justicia ha sido rebasado y la sociedad continúa sin respuesta, advirtió María Isabel Miranda de Wallace.
La presidenta de la Asociación Civil en contra del Secuestro sostuvo que el estado de Derecho no ha dado respuesta a las necesidades de la gente, y evidencia que los ministerios públicos siguen “líneas” del Ejecutivo. En contra de todos los esfuerzos que hace el gobierno para depurar las corporaciones policiales del país, la colusión de uniformados hace cada vez más “riesgosas” las denuncias de los delitos,
Chihuahua, Querétaro y Baja California, prosiguió, encabezan la lista de entidades que se han convertido atractivas y más “cotizadas” para la industria del secuestro.
Al igual que las extorsiones, que crecen exponencialmente, el secuestro registró en 2009 mil 64 demandas, aunque la cifra se duplicó, pero no fueron denunciadas por la falta de confianza y de certeza en las instituciones, coincidieron los especialistas que participaron en el Foro Nacional de Estado de Derecho y Seguridad organizado por la Coparmex.
Carlos Mendoza, que dirige la agrupación México Unido contra la Violencia, dijo que la extorsión es un problema latente, y cuya práctica se ha generalizado debido a la impunidad que existe en todo el país. Sin embargo, el número de quejas y denuncias ciudadanas que son recogidas contrastan con la cifra de denuncias presentadas de manera formal ante las instancias gubernamentales de procuración de justicia.
De 6 mil 179 quejas sobre extorsión por parte de los ciudadanos, que equivalió a más de 2 millones de intentos, apenas fueron presentadas 61 denuncias, lo que representó un bajo índice en la participación de la gente que ha sido víctima de estos delitos, dijo Mendoza.
“Necesario, un plan integral”
María Miranda, quien en julio de 2005 fue víctima de la delincuencia, cuando fue secuestrado y muerto su hijo, precisó que no ha funcionado el estado de Derecho y aseguró que los policías no son confiables, debido al alto índice de impunidad.
Indicó que el combate al delito de secuestro reclama una propuesta integral, que incluye también la búsqueda de las causas de éste desde la raíz. “No es posible que están tratando de apagar el fuego, pero no atienden las causas que lo propagaron”, añadió durante su participación en el foro nacional.
Urgió a los políticos del gobierno de los tres niveles a realizar acciones contundentes y dejar los discursos.
La presidenta de la Asociación Civil en contra del Secuestro sostuvo que el estado de Derecho no ha dado respuesta a las necesidades de la gente, y evidencia que los ministerios públicos siguen “líneas” del Ejecutivo. En contra de todos los esfuerzos que hace el gobierno para depurar las corporaciones policiales del país, la colusión de uniformados hace cada vez más “riesgosas” las denuncias de los delitos,
Chihuahua, Querétaro y Baja California, prosiguió, encabezan la lista de entidades que se han convertido atractivas y más “cotizadas” para la industria del secuestro.
Al igual que las extorsiones, que crecen exponencialmente, el secuestro registró en 2009 mil 64 demandas, aunque la cifra se duplicó, pero no fueron denunciadas por la falta de confianza y de certeza en las instituciones, coincidieron los especialistas que participaron en el Foro Nacional de Estado de Derecho y Seguridad organizado por la Coparmex.
Carlos Mendoza, que dirige la agrupación México Unido contra la Violencia, dijo que la extorsión es un problema latente, y cuya práctica se ha generalizado debido a la impunidad que existe en todo el país. Sin embargo, el número de quejas y denuncias ciudadanas que son recogidas contrastan con la cifra de denuncias presentadas de manera formal ante las instancias gubernamentales de procuración de justicia.
De 6 mil 179 quejas sobre extorsión por parte de los ciudadanos, que equivalió a más de 2 millones de intentos, apenas fueron presentadas 61 denuncias, lo que representó un bajo índice en la participación de la gente que ha sido víctima de estos delitos, dijo Mendoza.
“Necesario, un plan integral”
María Miranda, quien en julio de 2005 fue víctima de la delincuencia, cuando fue secuestrado y muerto su hijo, precisó que no ha funcionado el estado de Derecho y aseguró que los policías no son confiables, debido al alto índice de impunidad.
Indicó que el combate al delito de secuestro reclama una propuesta integral, que incluye también la búsqueda de las causas de éste desde la raíz. “No es posible que están tratando de apagar el fuego, pero no atienden las causas que lo propagaron”, añadió durante su participación en el foro nacional.
Urgió a los políticos del gobierno de los tres niveles a realizar acciones contundentes y dejar los discursos.
Mario Héctor Silva corresponsal, El Universal, 20 de enero.
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