Los especialistas opinaron que la iniciativa de reforma política enviada por el presidente Felipe Calderón Hinojosa encierra riesgos de una regresión autoritaria, y en tres mesas de análisis en el Senado de la República, señalaron preocupaciones de diverso calibre, como la del jurista Diego Valadés, quien afirmó: “El proyecto presidencial promueve la concentración del poder y su ejercicio irresponsable”.
Valadés, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM consideró que es un diseño “para reforzar el autoritarismo en México y para adicionar obstáculos al equilibrio y a la cooperación entre los órganos del poder”.
José Woldenberg, ex presidente del IFE, —que arbitró la alternancia en el poder Ejecutivo federal en el año 2000— desmenuzó los puntos de la iniciativa de reforma y encontró falacias, diagnósticos equivocados, riesgos de pérdidas de avances o ganancias pequeñas.
El IIJ presentó un ensayo por conducto de Daniel Barceló Rojas, en el que destacó su desacuerdo con la figura de la candidatura independiente para el cargo de Presidente de la República, porque no tendría apoyo en el Congreso para gobernar.
Los juristas de la UNAM señalaron los rubros en que están de acuerdo, como la iniciativa ciudadana, y recomendaron condiciones. Sin dar a la Corte la facultad de iniciar leyes, presentan como alternativa que el Congreso cuente con especialistas en temas del Poder Judicial.
Jorge Alcocer, director del Centro de Estudios para un Proyecto Nacional Alternativo, describió la propuesta de reforma como “una suma de medidas aún inconexas, carentes de un diagnóstico certero y de una reflexión profunda sobre el sistema político electoral mexicano”. En las candidaturas independientes y la segunda vuelta en la elección presidencial, la iniciativa arrastra contradicciones, dijo.
Jorge Castañeda Gutman, ex secretario de Relaciones Exteriores, defendió la figura de candidaturas ciudadanas. Explicó que los problemas de requisitos, financiamiento y acceso a medios se pueden resolver, como ha sido en distintos países, y ello depende de que los legisladores quieran realizar esta reforma.
José Antonio Crespo, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), reiteró su respaldo a la figura de candidatura ciudadana; advirtió “cierto riesgo” en caso de aplicarse en la elección de Presidente y de gobernador y es que se acentúen los problemas típicos de confrontación entre poderes, y que quien llegó al poder sin partido no tenga el respaldo de Congreso en su mandato.
Diego Valadés hizo referencia al momento jurídico de México que viene de largos años de desacuerdos políticos, y reveló que “Irak cuenta hoy con un sistema constitucional mejor equilibrado que el mexicano”.
En 10 años se han perdido muchas oportunidades de realizar una reforma del Estado, y la que propone el presidente Calderón al sistema político “llega con los márgenes contraídos, porque los intereses adversos se han ensanchado”.
Advirtió que “si las respuestas se siguen difiriendo, o si son tímidas y confusas, se podría llevar a la Constitución a los límites de su vigencia y se propiciaría una nueva corriente que exija su sustitución”.
Valadés, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM consideró que es un diseño “para reforzar el autoritarismo en México y para adicionar obstáculos al equilibrio y a la cooperación entre los órganos del poder”.
José Woldenberg, ex presidente del IFE, —que arbitró la alternancia en el poder Ejecutivo federal en el año 2000— desmenuzó los puntos de la iniciativa de reforma y encontró falacias, diagnósticos equivocados, riesgos de pérdidas de avances o ganancias pequeñas.
El IIJ presentó un ensayo por conducto de Daniel Barceló Rojas, en el que destacó su desacuerdo con la figura de la candidatura independiente para el cargo de Presidente de la República, porque no tendría apoyo en el Congreso para gobernar.
Los juristas de la UNAM señalaron los rubros en que están de acuerdo, como la iniciativa ciudadana, y recomendaron condiciones. Sin dar a la Corte la facultad de iniciar leyes, presentan como alternativa que el Congreso cuente con especialistas en temas del Poder Judicial.
Jorge Alcocer, director del Centro de Estudios para un Proyecto Nacional Alternativo, describió la propuesta de reforma como “una suma de medidas aún inconexas, carentes de un diagnóstico certero y de una reflexión profunda sobre el sistema político electoral mexicano”. En las candidaturas independientes y la segunda vuelta en la elección presidencial, la iniciativa arrastra contradicciones, dijo.
Jorge Castañeda Gutman, ex secretario de Relaciones Exteriores, defendió la figura de candidaturas ciudadanas. Explicó que los problemas de requisitos, financiamiento y acceso a medios se pueden resolver, como ha sido en distintos países, y ello depende de que los legisladores quieran realizar esta reforma.
José Antonio Crespo, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), reiteró su respaldo a la figura de candidatura ciudadana; advirtió “cierto riesgo” en caso de aplicarse en la elección de Presidente y de gobernador y es que se acentúen los problemas típicos de confrontación entre poderes, y que quien llegó al poder sin partido no tenga el respaldo de Congreso en su mandato.
Diego Valadés hizo referencia al momento jurídico de México que viene de largos años de desacuerdos políticos, y reveló que “Irak cuenta hoy con un sistema constitucional mejor equilibrado que el mexicano”.
En 10 años se han perdido muchas oportunidades de realizar una reforma del Estado, y la que propone el presidente Calderón al sistema político “llega con los márgenes contraídos, porque los intereses adversos se han ensanchado”.
Advirtió que “si las respuestas se siguen difiriendo, o si son tímidas y confusas, se podría llevar a la Constitución a los límites de su vigencia y se propiciaría una nueva corriente que exija su sustitución”.
Juan Arvizu y Elena Michel, El Universal, 26 de enero.
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