El gobierno federal pugnará por la continuidad del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) al tiempo que las asociaciones y colegios de abogados argumentarán que dicho gravamen es inconstitucional porque viola las garantías de proporcionalidad, equidad y legalidad tributaria.
La iniciativa privada del país también ejercerá presión para que se cumpla la condición de que en un plazo de dos o tres años sólo exista un gravamen entre el IETU o el impuesto sobre la renta (ISR).
El vicepresidente del comité ejecutivo de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados (Anade), Gerardo Nieto, explicó que existen aproximadamente 35 mil amparos contra el IETU de un sector generalizado de compañías.
Sobre la audiencia, el abogado señaló que los principales razonamientos que presentarán contra el gravamen se sustentan en que se violan las garantías de proporcionalidad, equidad y legalidad tributarias “consagradas en la Constitución”.
En días pasados, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio(Concanaco), Mario Sánchez, declaró que es probable que la resolución de la corte salga a favor de la Secretaría de Hacienda.
El vicepresidente de la Anade dijo que la opinión del empresario se debe a que un ministro externó su punto de vista en un evento académico en el sentido de que el impuesto era constitucional, comentario que calificó de “poco afortunado”.
Sin soslayar la crisis y la falta de dinero actual para que el gobierno pueda sufragar el gasto público, además del peso político que tiene el tema, “desde el punto de vista jurídico somos de la opinión que hay varios aspectos de este impuesto que lo hacen inconstitucional”, acotó.
El próximo viernes 22 de enero se llevará a cabo la audiencia pública relacionada con los juicios de amparo en revisión, que se promueven contra la Ley del IETU publicada el 1 de octubre de 2007.
El Diario Oficial de la Federación detalló que la audiencia contará con la participación de las partes interesadas para que expongan los argumentos en relación con los juicios de amparo en revisión, que de acuerdo con estimaciones podrían ascender a 70 mil millones de pesos.
Entre los participantes estarán representantes legales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Procuraduría Fiscal de la Federación, Congreso de la Unión, Asociaciones o Colegios de Abogados, así como el Consejo Coordinador Empresarial.
La iniciativa privada del país también ejercerá presión para que se cumpla la condición de que en un plazo de dos o tres años sólo exista un gravamen entre el IETU o el impuesto sobre la renta (ISR).
El vicepresidente del comité ejecutivo de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados (Anade), Gerardo Nieto, explicó que existen aproximadamente 35 mil amparos contra el IETU de un sector generalizado de compañías.
Sobre la audiencia, el abogado señaló que los principales razonamientos que presentarán contra el gravamen se sustentan en que se violan las garantías de proporcionalidad, equidad y legalidad tributarias “consagradas en la Constitución”.
En días pasados, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio(Concanaco), Mario Sánchez, declaró que es probable que la resolución de la corte salga a favor de la Secretaría de Hacienda.
El vicepresidente de la Anade dijo que la opinión del empresario se debe a que un ministro externó su punto de vista en un evento académico en el sentido de que el impuesto era constitucional, comentario que calificó de “poco afortunado”.
Sin soslayar la crisis y la falta de dinero actual para que el gobierno pueda sufragar el gasto público, además del peso político que tiene el tema, “desde el punto de vista jurídico somos de la opinión que hay varios aspectos de este impuesto que lo hacen inconstitucional”, acotó.
El próximo viernes 22 de enero se llevará a cabo la audiencia pública relacionada con los juicios de amparo en revisión, que se promueven contra la Ley del IETU publicada el 1 de octubre de 2007.
El Diario Oficial de la Federación detalló que la audiencia contará con la participación de las partes interesadas para que expongan los argumentos en relación con los juicios de amparo en revisión, que de acuerdo con estimaciones podrían ascender a 70 mil millones de pesos.
Entre los participantes estarán representantes legales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Procuraduría Fiscal de la Federación, Congreso de la Unión, Asociaciones o Colegios de Abogados, así como el Consejo Coordinador Empresarial.
Alberto Verdusco, Milenio, 20 de enero.
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