Ante las críticas de sectores y organismos nacionales e internacionales por la actuación del Ejército en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, la Procuraduría General de la República (PGR) defendió la labor de la institución castrense y reprobó los cuestionamientos en su contra surgidos luego del reciente enfrentamiento de la Armada de México con el líder del cártel de Sinaloa, Arturo Beltrán Leyva, en Cuernavaca, Morelos.
La PGR señaló que “aun cuando se ha cuestionado la nula o escasa participación” del Ejército Mexicano en los hechos relacionados con el enfrentamiento en el que resultó muerto el máximo líder de los Beltrán Leyva, su intervención en esos hechos “permitió no sólo brindar seguridad perimetral” sino también “la detención de sujetos armados que habían arribado al lugar con la pretensión de rescatar a su jefe”.
Cabe destacar que este fin de semana el obispo de Saltillo, Raúl Vera, afirmó que el gobierno federal incurrió en una “ejecución extrajudicial” al dar muerte al narcotraficante Arturo Beltrán, durante el operativo realizado por la Armada de México el pasado 16 de diciembre. La víspera, el cardenal Norberto Rivera aseguró que “lo peor” que le puede ocurrir en este momento a México es “abandonarle” la plaza al crimen organizado, por lo que pidió la permanencia del Ejército en las calles, porque “no tenemos otra fuerza semejante para contener la violencia organizada”.
En un comunicado, la PGR resaltó que en fechas recientes se ha pretendido desvalorar la acción del Ejército en la lucha contra la delincuencia organizada; sin embargo –indicó– la intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) resultó fundamental para que personal de la Armada de México concluyera con éxito el operativo desplegado.
Agregó que la labor de inteligencia militar, que se desarrolla con avanzados sistemas de logística, ha permitido la detención de importantes miembros del crimen organizado, así como el aseguramiento de inmuebles, vehículos, armamento y numerario.
La PGR destacó algunas de las capturas de la Sedena, entre ellas las de Sigifredo Nájera Talamantes, El Canicón; Jaime González Durán, El Hummer; Octavio y Raymundo Almanza Morales, Gori 4 y Gori 2, respectivamente; José Rodolfo Escajeda, El Riquín; Héctor Huerta Ríos, La Burra, y Francisco Gerardo Velasco Delgado, El Vikingo, entre otros.
En su nuevo informe presentado hace unos días sobre violaciones a derechos humanos cometidas por miembros del Ejército, Amnistía Internacional afirmó que el gobierno mexicano es cómplice de las graves violaciones a las garantías fundamentales cometidas por integrantes del Ejército mexicano y su respuesta a todos los niveles es ineficaz. Además, con su aparente incapacidad para investigar y procesar a los responsables contribuye a crear un clima de abusos e impunidad.
Además, el domingo pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que al 30 de noviembre de este año había emitido 29 recomendaciones en contra de la Sedena por diversos atropellos que cometieron soldados: violaciones sexuales, asesinatos, torturas, detenciones ilegales y arbitrarias, saqueos y golpes.
La PGR señaló que “aun cuando se ha cuestionado la nula o escasa participación” del Ejército Mexicano en los hechos relacionados con el enfrentamiento en el que resultó muerto el máximo líder de los Beltrán Leyva, su intervención en esos hechos “permitió no sólo brindar seguridad perimetral” sino también “la detención de sujetos armados que habían arribado al lugar con la pretensión de rescatar a su jefe”.
Cabe destacar que este fin de semana el obispo de Saltillo, Raúl Vera, afirmó que el gobierno federal incurrió en una “ejecución extrajudicial” al dar muerte al narcotraficante Arturo Beltrán, durante el operativo realizado por la Armada de México el pasado 16 de diciembre. La víspera, el cardenal Norberto Rivera aseguró que “lo peor” que le puede ocurrir en este momento a México es “abandonarle” la plaza al crimen organizado, por lo que pidió la permanencia del Ejército en las calles, porque “no tenemos otra fuerza semejante para contener la violencia organizada”.
En un comunicado, la PGR resaltó que en fechas recientes se ha pretendido desvalorar la acción del Ejército en la lucha contra la delincuencia organizada; sin embargo –indicó– la intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) resultó fundamental para que personal de la Armada de México concluyera con éxito el operativo desplegado.
Agregó que la labor de inteligencia militar, que se desarrolla con avanzados sistemas de logística, ha permitido la detención de importantes miembros del crimen organizado, así como el aseguramiento de inmuebles, vehículos, armamento y numerario.
La PGR destacó algunas de las capturas de la Sedena, entre ellas las de Sigifredo Nájera Talamantes, El Canicón; Jaime González Durán, El Hummer; Octavio y Raymundo Almanza Morales, Gori 4 y Gori 2, respectivamente; José Rodolfo Escajeda, El Riquín; Héctor Huerta Ríos, La Burra, y Francisco Gerardo Velasco Delgado, El Vikingo, entre otros.
En su nuevo informe presentado hace unos días sobre violaciones a derechos humanos cometidas por miembros del Ejército, Amnistía Internacional afirmó que el gobierno mexicano es cómplice de las graves violaciones a las garantías fundamentales cometidas por integrantes del Ejército mexicano y su respuesta a todos los niveles es ineficaz. Además, con su aparente incapacidad para investigar y procesar a los responsables contribuye a crear un clima de abusos e impunidad.
Además, el domingo pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que al 30 de noviembre de este año había emitido 29 recomendaciones en contra de la Sedena por diversos atropellos que cometieron soldados: violaciones sexuales, asesinatos, torturas, detenciones ilegales y arbitrarias, saqueos y golpes.
Gabriel León Zaragoza, La jornada, 29 de diciembre.
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