El 29 de agosto de 2009, José Reyes Baeza, gobernador del estado de Chihuahua, anunció la desincorporación de militares en los patrullajes efectuados por agentes municipales de Ciudad Juárez. La decisión, dijo, fue tomada por el gobierno federal, cinco meses después de haberse instrumentado.
Se trató de la tercera modificación importante a la estrategia de combate al narco, en año y medio del Operativo Conjunto en esa frontera donde, cinco meses después, el jueves 15 de enero, ha vuelto a cambiarse el plan, sustituyendo a militares con policías federales dentro de la mancha urbana.
“No es sino una ocupación con cambio de uniforme y sin mayor esperanza”, dice Gustavo de la Rosa Hickerson, visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos convertido en uno de los mayores críticos de la guerra proclamada en diciembre de 2006 por el presidente Felipe Calderón.
Con 2 mil 657 asesinatos en 2009 —uno cada tres horas—, Ciudad Juárez se mantuvo como epicentro de la violencia desatada a partir de dicha estrategia. Ahí se contabilizó más de la tercera parte de víctimas, que sumó 7 mil 724 casos.
Los homicidios, concentrados en seis estados con operaciones de alto nivel (Chihuahua, Baja California, Tamaulipas, Michoacán, Durango y Guerrero) mantienen su racha ascendente este año: 369 durante los primeros 14 días.
La ofensiva del gobierno federal para recuperar “plazas” bajo dominio criminal ha dejado unas 16 mil 500 muertes violentas desde el comienzo del sexenio, el 1 de diciembre de 2006, de acuerdo con informes de las procuradurías estatales.
Es una cifra con pocos paralelismos en el mundo, incluyendo a naciones bajo verdaderos estados de guerra o con actividad subversivas.
En su informe de 2005, A dossier of civilians casualties in Iraq, los organismos Oxford Research Group e Irak Body Count, contabilizaron un total de 24 mil 865 muertes tras dos años de guerra en Irak. El promedio diario de homicidios en ese lugar era de 34 personas.
En 1999, 35 mil bombardeos durante 10 semanas dejaron en los Balcanes 5 mil soldados muertos y mil 500 civiles. Sendero Luminoso, el grupo terrorista peruano, cobró la vida de 30 mil personas mientras operó entre 1969 y 1992.
Como país, México mantiene una tasa de asesinatos menor a la de otras naciones de la región, 10 por cada 100 mil habitantes. Venezuela registra 48 y Colombia 37. Pero si el comparativo fuera por ciudad, no hay otra con mayor cifra de muertes violentas que Juárez, en donde además la estrategia de combate ha dejado inéditas secuelas de orden criminal.
En Medellín, cifras oficiales indican que hubo mil 431 homicidios en 2009, y mil 384 en Cali. La mayoría de los casos fueron por delincuencia común, dice el estudio Forensis, del Instituto de Medicina Legal y el Fondo de Prevención Vial de Colombia.
Al comienzo de los 90, Medellín era la ciudad más violenta del mundo. Reinaba el capo de mayor poder en la historia, Pablo Escobar. La tasa de asesinatos por cada 100 mil habitantes era de 320, 150 más que los registrados en Juárez en 2009.
Después del Medellín de aquella época, no existe registro de otra región más castigada por la narcoviolencia que Ciudad Juárez. En Gomorra, el libro sobre la temible organización criminal de Nápoles, Roberto Saviano ofrece un recuento sobre asesinatos cometidos entre 1979 y 2005: 3 mil 600.
“Generalmente, la sola lucha represiva del narcotráfico y el crimen organizado no basta y puede tener efectos negativos”, dice Umberto Santino, dirigente del Centro de Documentación Guiseppe Impastato de Palermo.
Para el caso mexicano no existen fórmulas mágicas —dice el más notable de los mafiólogos italianos—, pero advierte fallas de estrategia:
“El narcotráfico y crimen organizado son fenómenos complejos que no sólo involucran a criminales de profesión, sino a un sistema vinculado con la sociedad, la economía y la política. Hace falta, por lo tanto, afrontar todos estos aspectos. Desafortunadamente, hasta ahora, sólo se ha operado sobre un frente represivo y el narcotráfico en vez de disminuir, ha aumentado”.
Santino toma el ejemplo de Sicilia, y con ello señala la importancia de entusiasmar a la población con una estrategia de combate criminal, algo que no sucede en México.
“Hasta ahora la más grande experiencia de lucha contra la mafia ha sido el movimiento campesino que luchó por la renovación de la sociedad, enfrentándose con los mafiosos e inclusive contra un sistema de poder del que la misma mafia formó parte”, dice en referencia a la cruzada ciudadana que puso fin al yugo de la mafia en los 50.
Agrega que “la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en el país, tiene que convocar una lucha más amplia, que llame a la democracia, que luche por una economía social capaz de resolver las necesidades de gran parte de la población”.
La estrategia lanzada por Calderón ha logrado el efecto contrario entre habitantes de zonas flageladas por la violencia.
En junio pasado, una encuesta publicada por El Diario de Juárez dio cuenta del desencanto ciudadano. Tras un año de ocupación de las fuerzas federales, 54.5% consideró que la condición de la violencia estaba peor que en 2008, una desproporción anímica respecto a la respuesta de abril de ese año, cuando nueve de cada 10 residentes dieron su apoyo a militares.
Se agrava la problemática
En Culiacán, Sinaloa, el arribo de militares y agentes federales provocó aumento en la violencia y mayor grado de incertidumbre ciudadana, comenta el analista de fenómenos criminales Vladimir Ramírez.
“Cuando el Presidente declara, hace dos años, la guerra contra los narcotraficantes, lo que en realidad provoca es una segunda guerra. En Sinaloa lo que se tiene es eso: dos guerras, y es por ello que existe un aumento en el número de muertos”.
Ambos frentes de guerra señalados por Ramírez han cobrado numerosas vidas inocentes, lo que devastó el ánimo social.
“La gente vive una especie de levedad, una sensación de indiferencia, lo cual es nuevo para nosotros. Con ello se naturaliza el crimen puesto que se difumina el asombro. Todo esto obedece a un sentido de sobrevivencia. Por eso la gente no se manifiesta. La sensación de que el gobierno fracasó nos ha anestesiado”.
En julio de 2008, nueve civiles murieron durante el ataque al propietario de un taller de carrocería cometido por un grupo armado. En su huida, los criminales toparon con agentes de policía, a quienes también dieron muerte. Entre las víctimas del taller estaba un catedrático de la universidad local y su hijo, además de otros clientes, todos ajenos al negocio de la droga, dijo la procuraduría estatal.
Ramírez comenta que “la dinámica social se trastocó. Las personas ahora cuidan los lugares a los que van en un intento por no caer víctimas de las balas, puesto que ahora se mata sin distingos: mujeres, niños, empresarios, políticos. Eso es una consecuencia de la guerra contra el narco”.
El combate a grupos de narcotraficantes elevó la apuesta de los criminales.
Al amanecer del 8 de octubre de 2009, los primeros conductores que cruzaron por el puente del Distribuidor Vial Morelos, en la carretera Tijuana-Playas, en Baja California, fueron testigos de un cuadro estremecedor.
El cuerpo desnudo de un hombre pendía de una cuerda, visiblemente dañado y con mutilaciones. Los asesinos escenificaron la muerte a poca distancia de una base militar. Horas más tarde, las autoridades identificaron a la víctima. Se trataba de un funcionario estatal.
La exhibición del cadáver fue un acto perturbador. Detrás, sin embargo, se oculta algo más que el simple ejercicio de la violencia perpetrado por un grupo criminal en pugna.
Igual que ocurre en Ciudad Juárez o Culiacán, Tijuana sufre de una escalada de secuestro, extorsiones y asesinatos contra civiles ajenos al negocio de las drogas.
“Ello ha provocado preocupación entre la ciudadanía. Las cifras que se tienen en materia delictiva y de violencia son la causa, y no se ve ninguna posibilidad de que bajen como resultado de una estrategia de gobierno”, comenta Pablo Jesús González, director del Instituto de Investigaciones Sociales en la Universidad Autónoma del estado de Baja California (UABC).
Las principales ciudades del estado se ubican en la frontera con California. Lo mismo que Tijuana, Mexicali y Tecate acusan problemas sociales y de desarrollo desde principios del siglo XX. En escenarios así, González cree que la ofensiva militar puede diezmar las fuerzas criminales, pero no terminará con la raíz del fenómeno.
“El gobierno debería evaluar el alcance de su estrategia reactiva porque el problema es mucho más complejo de lo que se piensa. En las ciudades con fuerte presencia del narco, como Tijuana o Mexicali, no se ha atendido jamás la prevención ni se involucra a la sociedad en proyectos anticrimen. Así que cualquier victoria será relativa”.
Operaciones de corte militar condujeron el martes 12 de enero de 2010 a la captura de Teodoro García Simental, El Teo, presunto líder de una célula del narcotráfico a quien la Secretaría de Seguridad Pública le atribuye al menos 900 asesinatos y secuestros en Baja California.
El arresto fue celebrado no sólo por autoridades mexicanas, sino por la DEA. Pero el investigador de la UABC no comparte el mismo entusiasmo.
“La captura de un capo es un acierto de la autoridad. Sin embargo, al hablar de narco debemos entender que nos referimos a estructuras complejas y habría que medir el impacto que tienen este tipo de detenciones dentro de una organización, lo cual no está haciendo el gobierno”.
En eso coincide Umberto Santino. “El contexto actual de la globalización favorece la economía ilegal, porque agrava los desequilibrios territoriales y sociales y permite la fusión entre capitales legales e ilegales. (…) Las perspectivas no son buenas y por desgracia no hay recetas salvadoras. Lo que viene es un periodo de resistencia, difícil y lleno de incertidumbre”, dice.
Se trató de la tercera modificación importante a la estrategia de combate al narco, en año y medio del Operativo Conjunto en esa frontera donde, cinco meses después, el jueves 15 de enero, ha vuelto a cambiarse el plan, sustituyendo a militares con policías federales dentro de la mancha urbana.
“No es sino una ocupación con cambio de uniforme y sin mayor esperanza”, dice Gustavo de la Rosa Hickerson, visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos convertido en uno de los mayores críticos de la guerra proclamada en diciembre de 2006 por el presidente Felipe Calderón.
Con 2 mil 657 asesinatos en 2009 —uno cada tres horas—, Ciudad Juárez se mantuvo como epicentro de la violencia desatada a partir de dicha estrategia. Ahí se contabilizó más de la tercera parte de víctimas, que sumó 7 mil 724 casos.
Los homicidios, concentrados en seis estados con operaciones de alto nivel (Chihuahua, Baja California, Tamaulipas, Michoacán, Durango y Guerrero) mantienen su racha ascendente este año: 369 durante los primeros 14 días.
La ofensiva del gobierno federal para recuperar “plazas” bajo dominio criminal ha dejado unas 16 mil 500 muertes violentas desde el comienzo del sexenio, el 1 de diciembre de 2006, de acuerdo con informes de las procuradurías estatales.
Es una cifra con pocos paralelismos en el mundo, incluyendo a naciones bajo verdaderos estados de guerra o con actividad subversivas.
En su informe de 2005, A dossier of civilians casualties in Iraq, los organismos Oxford Research Group e Irak Body Count, contabilizaron un total de 24 mil 865 muertes tras dos años de guerra en Irak. El promedio diario de homicidios en ese lugar era de 34 personas.
En 1999, 35 mil bombardeos durante 10 semanas dejaron en los Balcanes 5 mil soldados muertos y mil 500 civiles. Sendero Luminoso, el grupo terrorista peruano, cobró la vida de 30 mil personas mientras operó entre 1969 y 1992.
Como país, México mantiene una tasa de asesinatos menor a la de otras naciones de la región, 10 por cada 100 mil habitantes. Venezuela registra 48 y Colombia 37. Pero si el comparativo fuera por ciudad, no hay otra con mayor cifra de muertes violentas que Juárez, en donde además la estrategia de combate ha dejado inéditas secuelas de orden criminal.
En Medellín, cifras oficiales indican que hubo mil 431 homicidios en 2009, y mil 384 en Cali. La mayoría de los casos fueron por delincuencia común, dice el estudio Forensis, del Instituto de Medicina Legal y el Fondo de Prevención Vial de Colombia.
Al comienzo de los 90, Medellín era la ciudad más violenta del mundo. Reinaba el capo de mayor poder en la historia, Pablo Escobar. La tasa de asesinatos por cada 100 mil habitantes era de 320, 150 más que los registrados en Juárez en 2009.
Después del Medellín de aquella época, no existe registro de otra región más castigada por la narcoviolencia que Ciudad Juárez. En Gomorra, el libro sobre la temible organización criminal de Nápoles, Roberto Saviano ofrece un recuento sobre asesinatos cometidos entre 1979 y 2005: 3 mil 600.
“Generalmente, la sola lucha represiva del narcotráfico y el crimen organizado no basta y puede tener efectos negativos”, dice Umberto Santino, dirigente del Centro de Documentación Guiseppe Impastato de Palermo.
Para el caso mexicano no existen fórmulas mágicas —dice el más notable de los mafiólogos italianos—, pero advierte fallas de estrategia:
“El narcotráfico y crimen organizado son fenómenos complejos que no sólo involucran a criminales de profesión, sino a un sistema vinculado con la sociedad, la economía y la política. Hace falta, por lo tanto, afrontar todos estos aspectos. Desafortunadamente, hasta ahora, sólo se ha operado sobre un frente represivo y el narcotráfico en vez de disminuir, ha aumentado”.
Santino toma el ejemplo de Sicilia, y con ello señala la importancia de entusiasmar a la población con una estrategia de combate criminal, algo que no sucede en México.
“Hasta ahora la más grande experiencia de lucha contra la mafia ha sido el movimiento campesino que luchó por la renovación de la sociedad, enfrentándose con los mafiosos e inclusive contra un sistema de poder del que la misma mafia formó parte”, dice en referencia a la cruzada ciudadana que puso fin al yugo de la mafia en los 50.
Agrega que “la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en el país, tiene que convocar una lucha más amplia, que llame a la democracia, que luche por una economía social capaz de resolver las necesidades de gran parte de la población”.
La estrategia lanzada por Calderón ha logrado el efecto contrario entre habitantes de zonas flageladas por la violencia.
En junio pasado, una encuesta publicada por El Diario de Juárez dio cuenta del desencanto ciudadano. Tras un año de ocupación de las fuerzas federales, 54.5% consideró que la condición de la violencia estaba peor que en 2008, una desproporción anímica respecto a la respuesta de abril de ese año, cuando nueve de cada 10 residentes dieron su apoyo a militares.
Se agrava la problemática
En Culiacán, Sinaloa, el arribo de militares y agentes federales provocó aumento en la violencia y mayor grado de incertidumbre ciudadana, comenta el analista de fenómenos criminales Vladimir Ramírez.
“Cuando el Presidente declara, hace dos años, la guerra contra los narcotraficantes, lo que en realidad provoca es una segunda guerra. En Sinaloa lo que se tiene es eso: dos guerras, y es por ello que existe un aumento en el número de muertos”.
Ambos frentes de guerra señalados por Ramírez han cobrado numerosas vidas inocentes, lo que devastó el ánimo social.
“La gente vive una especie de levedad, una sensación de indiferencia, lo cual es nuevo para nosotros. Con ello se naturaliza el crimen puesto que se difumina el asombro. Todo esto obedece a un sentido de sobrevivencia. Por eso la gente no se manifiesta. La sensación de que el gobierno fracasó nos ha anestesiado”.
En julio de 2008, nueve civiles murieron durante el ataque al propietario de un taller de carrocería cometido por un grupo armado. En su huida, los criminales toparon con agentes de policía, a quienes también dieron muerte. Entre las víctimas del taller estaba un catedrático de la universidad local y su hijo, además de otros clientes, todos ajenos al negocio de la droga, dijo la procuraduría estatal.
Ramírez comenta que “la dinámica social se trastocó. Las personas ahora cuidan los lugares a los que van en un intento por no caer víctimas de las balas, puesto que ahora se mata sin distingos: mujeres, niños, empresarios, políticos. Eso es una consecuencia de la guerra contra el narco”.
El combate a grupos de narcotraficantes elevó la apuesta de los criminales.
Al amanecer del 8 de octubre de 2009, los primeros conductores que cruzaron por el puente del Distribuidor Vial Morelos, en la carretera Tijuana-Playas, en Baja California, fueron testigos de un cuadro estremecedor.
El cuerpo desnudo de un hombre pendía de una cuerda, visiblemente dañado y con mutilaciones. Los asesinos escenificaron la muerte a poca distancia de una base militar. Horas más tarde, las autoridades identificaron a la víctima. Se trataba de un funcionario estatal.
La exhibición del cadáver fue un acto perturbador. Detrás, sin embargo, se oculta algo más que el simple ejercicio de la violencia perpetrado por un grupo criminal en pugna.
Igual que ocurre en Ciudad Juárez o Culiacán, Tijuana sufre de una escalada de secuestro, extorsiones y asesinatos contra civiles ajenos al negocio de las drogas.
“Ello ha provocado preocupación entre la ciudadanía. Las cifras que se tienen en materia delictiva y de violencia son la causa, y no se ve ninguna posibilidad de que bajen como resultado de una estrategia de gobierno”, comenta Pablo Jesús González, director del Instituto de Investigaciones Sociales en la Universidad Autónoma del estado de Baja California (UABC).
Las principales ciudades del estado se ubican en la frontera con California. Lo mismo que Tijuana, Mexicali y Tecate acusan problemas sociales y de desarrollo desde principios del siglo XX. En escenarios así, González cree que la ofensiva militar puede diezmar las fuerzas criminales, pero no terminará con la raíz del fenómeno.
“El gobierno debería evaluar el alcance de su estrategia reactiva porque el problema es mucho más complejo de lo que se piensa. En las ciudades con fuerte presencia del narco, como Tijuana o Mexicali, no se ha atendido jamás la prevención ni se involucra a la sociedad en proyectos anticrimen. Así que cualquier victoria será relativa”.
Operaciones de corte militar condujeron el martes 12 de enero de 2010 a la captura de Teodoro García Simental, El Teo, presunto líder de una célula del narcotráfico a quien la Secretaría de Seguridad Pública le atribuye al menos 900 asesinatos y secuestros en Baja California.
El arresto fue celebrado no sólo por autoridades mexicanas, sino por la DEA. Pero el investigador de la UABC no comparte el mismo entusiasmo.
“La captura de un capo es un acierto de la autoridad. Sin embargo, al hablar de narco debemos entender que nos referimos a estructuras complejas y habría que medir el impacto que tienen este tipo de detenciones dentro de una organización, lo cual no está haciendo el gobierno”.
En eso coincide Umberto Santino. “El contexto actual de la globalización favorece la economía ilegal, porque agrava los desequilibrios territoriales y sociales y permite la fusión entre capitales legales e ilegales. (…) Las perspectivas no son buenas y por desgracia no hay recetas salvadoras. Lo que viene es un periodo de resistencia, difícil y lleno de incertidumbre”, dice.
Ignacio Alvarado, EL Universal, 25 de enero.
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