Critican trato en estación del INM

En la estación migratoria Siglo XXI de Chiapas se violan todos los derechos de la niñez migrante, criticó Lourdes Rosas, integrante del Centro de Derechos Humanos de Lanus, Argentina.

Tales instalaciones, dijo, son ejemplo de la política criminalizadora del Estado que tan sólo en 2013 ha detenido y deportado a 6 mil 214 menores de edad, cifra 50 por ciento mayor a la del año pasado.

"Las condiciones de la estación migratoria Siglo XXI asemejan a un centro penitenciario", expuso durante su ponencia ante la CoIDH.

El espacio para dormir, explicó, son planchas de cemento; los baños no tienen puertas, existen rejas en todas las instalaciones y permanecen las lucen encendidas durante toda la noche.

Añadió que los niños y niñaspasan sólo unas horas al día en un módulo que tiene el DIF al interior de la estación y otras en el patio.

La activista aseguró que otros problemas documentados tienen que ver con la mala calidad de los alimentos, la deficiencia en la atención médica, la separación familiar entre padres y sus hijos adolescentes sin que puedan verse más que unos minutos al día.

Rosas destacó que los agravios hacia los menores inician desde el momento en que policías o agentes migratorios los sorprenden en su ingreso indocumentado a México.

Entonces los capturan sin brindarles datos sobre el lugar al que serán llevados ni sobre su proceso migratorio.

El escenario se complica cuando se trata de niños indígenas u originarios de naciones donde el idioma oficial no es el castellano, pues tampoco se les asigna un interprete.

Aunque el artículo 112 de la Ley de Migración señala que los niños migrantes deben ser canalizados al DIF para salvaguardar su integridad y sólo en cuestiones excepcionales, alojados en una estación migratoria, cotidianamente la mayoría de niños de hasta 17 años de edad son privados de su libertad en los centros de adultos donde pasan hasta un año.

Durante ese tiempo los niños no reciben ningún tipo de ayuda jurídica ni psicológica.

"Observamos a diario falta de voluntad, recursos y tiempo para que las y los cónsules puedan realizar un detallado análisis caso a caso y abogar así por un debido proceso y una decisión ajustada al interés superior del niño o la niña", abundó.

Henia Prado, Reforma, 13 de octubre.