Destaca Silva labor conjunta entre Cortes

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Silva Meza, destacó ayer el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y la obligatoriedad de sus sentencias para México.

Durante la inauguración del 48 periodo extraordinario de sesiones de la CoIDH, señaló que la Corte Interamericana no está por encima de la SCJN ni viceversa.

"No se trata de que un tribunal esté por encima del otro, así lo entendemos y así lo entiende nuestra Constitución, sino que el trabajo debe armonizarse, con el único objetivo de hacer más sólido el respeto a los derechos de las personas en nuestro País.

"Debemos tener presente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sentido constitucional, también es nuestra corte", dijo.

Mencionó que, tras las reformas constitucionales en materia penal, de amparo y de derechos humanos, el Estado mexicano transita por la renovación más intensa del quehacer jurisdiccional en su historia reciente.

En este marco, resaltó, se lleva a cabo una renovación entre la CoIDH y la SCJN.

Silva Meza dijo que el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla, que generó una sentencia contra el Estado mexicano por parte de la CoIDH, fue catalizador de una nueva manera de impartir justicia en el País.

La resolución del Pleno de la SCJN sobre el caso Radilla, explicó, dejó en claro que la obligación principal del máximo tribunal del País es funcionar como la última línea de defensa de los derechos humanos, y como insignia de la ruta que las autoridades deben seguir para hacerlos valer.

"Al resolver dicho caso, este alto tribunal determinó que en México no puede haber pronunciamiento que cuestione la validez de lo resuelto por la CoIDH en aquellos casos en los que el Estado mexicano sea parte
"Dichas sentencias se emiten a partir del consentimiento soberano, expresado con absoluta libertad, por la nuestra como una nación independiente", remarcó el Ministro.

Mencionó que en septiembre de 2012, la SCJN resolvió que toda la jurisprudencia de la CoIDH es vinculante para México, siempre y cuando su aplicación resulte más protectora de los derechos de las personas.

Silvia Garduño, Reforma, 8 de octubre.

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