Los abogados fiscalistas, Francisco Kurdo y Albero Arriaga tendrán que convencer, en tan sólo 10 minutos, a los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la Ley del IETU viola varias garantías constitucionales y obstruye la actividad empresarial en México.
Estos abogados, de entre otros cuatro expertos elegidos al azar por los ministros de la Corte, participarán en la próxima audiencia pública que la máxima instancia de justicia programó para este viernes, donde planea escuchar los pros y los contras de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU).
Desde su entrada en vigor, enero de 2008, hasta la fecha, este gravamen tiene en su contra alrededor de 35 mil amparos. Ante esta ola masiva de recursos que llegaron a los jueces de distrito, se decidió sentar base y escuchar los argumentos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que su decisión sea la regidora en el desahogo de los amparos.
“Esta es una contribución récord, porque se las ingenió para violar todas las garantías tributarias en un solo ordenamiento”, dijo en entrevista Francisco Kurdo, socio de la firma LexCorp Abogados.
Los expertos coincidieron en que las empresas en México se han visto afectadas por el IETU, ya que es un impuesto que cobra sobre el ingreso bruto, en vez del ingreso neto, violando el principio de proporcionalidad.
Además, criticaron las reglas establecidas, pues consideran que no permiten establecer una base real para el pago del gravamen y violan el sentido de equidad.
“La Ley del IETU impide hacer las deducciones que serían necesarias para establecer la base real con la que el contribuyente puede fijar su rango y cumplir con el fisco”, dijo por su parte, Alberto Arriaga, socio del despacho de abogados Arriaga y Domínguez.
El impuesto no permite realizar deducciones sobre los intereses generados por créditos, pago de regalías entre empresas relacionadas, inversiones realizadas antes de 2007, pagos efectuados a los trabajadores -como salarios, Infonavit y Seguro Social-, gastos realizados por personas físicas en su labor empresarial sólo por ser subordinadas, entre otras.
“Lo anterior castiga la producción de las empresas”, dijo Arriaga.
Los dos abogados precisaron que este problema ha afectado a las empresas al grado de llegar al despido de personal, reducción de los salarios o el retraso de inversiones.
Estos abogados, de entre otros cuatro expertos elegidos al azar por los ministros de la Corte, participarán en la próxima audiencia pública que la máxima instancia de justicia programó para este viernes, donde planea escuchar los pros y los contras de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU).
Desde su entrada en vigor, enero de 2008, hasta la fecha, este gravamen tiene en su contra alrededor de 35 mil amparos. Ante esta ola masiva de recursos que llegaron a los jueces de distrito, se decidió sentar base y escuchar los argumentos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que su decisión sea la regidora en el desahogo de los amparos.
“Esta es una contribución récord, porque se las ingenió para violar todas las garantías tributarias en un solo ordenamiento”, dijo en entrevista Francisco Kurdo, socio de la firma LexCorp Abogados.
Los expertos coincidieron en que las empresas en México se han visto afectadas por el IETU, ya que es un impuesto que cobra sobre el ingreso bruto, en vez del ingreso neto, violando el principio de proporcionalidad.
Además, criticaron las reglas establecidas, pues consideran que no permiten establecer una base real para el pago del gravamen y violan el sentido de equidad.
“La Ley del IETU impide hacer las deducciones que serían necesarias para establecer la base real con la que el contribuyente puede fijar su rango y cumplir con el fisco”, dijo por su parte, Alberto Arriaga, socio del despacho de abogados Arriaga y Domínguez.
El impuesto no permite realizar deducciones sobre los intereses generados por créditos, pago de regalías entre empresas relacionadas, inversiones realizadas antes de 2007, pagos efectuados a los trabajadores -como salarios, Infonavit y Seguro Social-, gastos realizados por personas físicas en su labor empresarial sólo por ser subordinadas, entre otras.
“Lo anterior castiga la producción de las empresas”, dijo Arriaga.
Los dos abogados precisaron que este problema ha afectado a las empresas al grado de llegar al despido de personal, reducción de los salarios o el retraso de inversiones.
Crónica, 22 de enero.
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