La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a las autoridades de Guerrero por el caso de dos dirigentes de la Organización para el Desarrollo de los Pueblos Mixtecos Méphaa, quienes fueron privados de su libertad y una semana después sus cuerpos fueron encontrados sepultados. Estos dos activistas habían sufrido diversos atentados a su integridad física, sin que se les ofreciera la protección requerida.
El 13 de febrero de 2009, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas fueron detenidos por tres sujetos armados, quienes, sin identificarse, ingresaron a un evento público que se desarrollaba en la explanada de la escuela secundaria Plan de Ayutla, en Ayutla de los Libres, Guerrero, de donde los sacaron.
Casi un mes después, el 20 de febrero, sus cuerpos fueron localizados en la localidad de San Francisco, municipio de Tecoanapa, en esa misma entidad.
La recomendación fue dirigida el año pasado al gobernador Carlos Zeferino Torreblanca Galindo; al presidente del Congreso estatal, Celestino Cesáreo Guzmán, y al presidente municipal de Ayutla de los Libres, Armando García Rendón, para que tomen las medidas que correspondan.
Del análisis lógico jurídico del expediente de queja, la CNDH advierte de las irregularidades del agente del Ministerio Público ante quien se denunció la desaparición de personas y no inició la averiguación previa correspondiente, sino un acta ministerial. Asimismo, señala que la Policía Ministerial no realizó diligencia alguna para localizar a los entonces desaparecidos ni se tomaron las providencias para preservar las evidencias del caso e impedir que se perdieran, alteraran, obstruyeran, sustrajeran o manipularan las huellas o vestigios del hecho delictuoso.
Asimismo señala que hubo impericia de los peritos del servicio médico forense de la Ssa estatal, que omitieron la descripción y disección de lesiones y los dictámenes de necropsia resultan deficientes.
Peticiones
En la recomendación 78/2009, se solicita al gobernador de Guerrero dar atención médica y psicológica a los familiares de los agraviados, y se inicie una investigación administrativa contra los servidores públicos involucrados en la integración de averiguaciones previas y en los dictámenes de necropsia.
Al presidente del Congreso estatal se le pide exhorte al edil de Ayutla de los Libres para que garantice la seguridad de los familiares de los occisos.
El 13 de febrero de 2009, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas fueron detenidos por tres sujetos armados, quienes, sin identificarse, ingresaron a un evento público que se desarrollaba en la explanada de la escuela secundaria Plan de Ayutla, en Ayutla de los Libres, Guerrero, de donde los sacaron.
Casi un mes después, el 20 de febrero, sus cuerpos fueron localizados en la localidad de San Francisco, municipio de Tecoanapa, en esa misma entidad.
La recomendación fue dirigida el año pasado al gobernador Carlos Zeferino Torreblanca Galindo; al presidente del Congreso estatal, Celestino Cesáreo Guzmán, y al presidente municipal de Ayutla de los Libres, Armando García Rendón, para que tomen las medidas que correspondan.
Del análisis lógico jurídico del expediente de queja, la CNDH advierte de las irregularidades del agente del Ministerio Público ante quien se denunció la desaparición de personas y no inició la averiguación previa correspondiente, sino un acta ministerial. Asimismo, señala que la Policía Ministerial no realizó diligencia alguna para localizar a los entonces desaparecidos ni se tomaron las providencias para preservar las evidencias del caso e impedir que se perdieran, alteraran, obstruyeran, sustrajeran o manipularan las huellas o vestigios del hecho delictuoso.
Asimismo señala que hubo impericia de los peritos del servicio médico forense de la Ssa estatal, que omitieron la descripción y disección de lesiones y los dictámenes de necropsia resultan deficientes.
Peticiones
En la recomendación 78/2009, se solicita al gobernador de Guerrero dar atención médica y psicológica a los familiares de los agraviados, y se inicie una investigación administrativa contra los servidores públicos involucrados en la integración de averiguaciones previas y en los dictámenes de necropsia.
Al presidente del Congreso estatal se le pide exhorte al edil de Ayutla de los Libres para que garantice la seguridad de los familiares de los occisos.
Eugenia Jiménez, Milenio, 4 de enero.
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