Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), demandó a la Comisión Permanente del Congreso que los funcionarios públicos que no acepten o no atiendan las recomendaciones de este organismo sean objeto de responsabilidades políticas, administrativas o penales, según cada caso.
“Es inaceptable que hoy por hoy en México la violación de los derechos humanos termine en nada, sin sanción alguna”, advirtió, tras resaltar la importancia de que aquel servidor público que no cumpla o acepte unja recomendación de la CNDH tenga una consecuencia, y la primera de ellas es que sea llamado por los diputados o senadores para que explique los motivos de sus acciones u omisiones, dijo.
Durante la presentación del Informe de labores 2009 del organismo a su cargo, el presidente de la CNDH pidió a la Permanente ampliar y fortalecer a través de reformas legales el ejercicio de la Comisión.
Por otra parte, se refirió al crecimiento de la inseguridad en el país, que tan sólo en 2009 dejó ocho mil ejecuciones atribuidas al crimen organizado, además de aquellos que aún ahora se debaten entre la vida y la muerte.
“Es necesario frenar esta situación y exigir a las autoridades que trabajen de manera coordinada, responsable y eficaz en el combate a la delincuencia, para garantizar a cada mexicano el derecho a la seguridad pública”, subrayó.
Aseguró que en 2009 “las coyunturas adversas al desarrollo humano”, como la crisis económica, la inseguridad y la desconfianza de la población hacia las instituciones, incrementaron la actividad delictiva, es decir, los secuestros, robos, atentados contra migrantes y abusos contra los grupos más vulnerables.
Señaló que para la CNDH “el Ejército no debe cumplir funciones de policía”, y dijo que lo que hoy sucede en gran parte del país en este sentido debe ser sólo “una actividad transitoria y de emergencia ante los graves atentados ocurridos en materia de seguridad pública.
“En la CNDH promoveremos que las policías reorganizadas puedan hacerse cargo de la función que les corresponde, que es la seguridad pública, y que el Ejército se mantenga en la esfera de sus facultades”, señaló.
El presidente de la CNDH afirmó también que durante 2009 las autoridades que más frecuentemente fueron acusadas de violar los derechos humanos fueron, en ese orden, la Secretaría de la Defensa Nacional, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Procuraduría General de la República.
De igual forma, quienes no aceptaron algunas de las recomendaciones del organismo fueron los gobernadores de Guanajuato, Guerrero, Morelos y Oaxaca, así como el jefe de Gobierno del Distrito Federal.
“Es inaceptable que hoy por hoy en México la violación de los derechos humanos termine en nada, sin sanción alguna”, advirtió, tras resaltar la importancia de que aquel servidor público que no cumpla o acepte unja recomendación de la CNDH tenga una consecuencia, y la primera de ellas es que sea llamado por los diputados o senadores para que explique los motivos de sus acciones u omisiones, dijo.
Durante la presentación del Informe de labores 2009 del organismo a su cargo, el presidente de la CNDH pidió a la Permanente ampliar y fortalecer a través de reformas legales el ejercicio de la Comisión.
Por otra parte, se refirió al crecimiento de la inseguridad en el país, que tan sólo en 2009 dejó ocho mil ejecuciones atribuidas al crimen organizado, además de aquellos que aún ahora se debaten entre la vida y la muerte.
“Es necesario frenar esta situación y exigir a las autoridades que trabajen de manera coordinada, responsable y eficaz en el combate a la delincuencia, para garantizar a cada mexicano el derecho a la seguridad pública”, subrayó.
Aseguró que en 2009 “las coyunturas adversas al desarrollo humano”, como la crisis económica, la inseguridad y la desconfianza de la población hacia las instituciones, incrementaron la actividad delictiva, es decir, los secuestros, robos, atentados contra migrantes y abusos contra los grupos más vulnerables.
Señaló que para la CNDH “el Ejército no debe cumplir funciones de policía”, y dijo que lo que hoy sucede en gran parte del país en este sentido debe ser sólo “una actividad transitoria y de emergencia ante los graves atentados ocurridos en materia de seguridad pública.
“En la CNDH promoveremos que las policías reorganizadas puedan hacerse cargo de la función que les corresponde, que es la seguridad pública, y que el Ejército se mantenga en la esfera de sus facultades”, señaló.
El presidente de la CNDH afirmó también que durante 2009 las autoridades que más frecuentemente fueron acusadas de violar los derechos humanos fueron, en ese orden, la Secretaría de la Defensa Nacional, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Procuraduría General de la República.
De igual forma, quienes no aceptaron algunas de las recomendaciones del organismo fueron los gobernadores de Guanajuato, Guerrero, Morelos y Oaxaca, así como el jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Luciano Franco, Crónica, 28 de enero.
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