Tras soltar globos negros y blancos al cielo, defensores mexicanos de derechos humanos en peligro de ejercer esta actividad exigieron protección a las autoridades de los tres niveles de gobierno.
Como parte de la presentación del informe de Amnistía Internacional (AI), "Exigiendo Justicia y Dignidad, Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos en México", diez activistas lanzaron al aire letras hechas de cartulina amarilla, que en el orden correcto, forman la palabra "protección".
A Jesús Emiliano, dirigente del Frente Democrático Campesino de Chihuahua, le tocó sostener una de las dos letras C.
"C de campesino", dijo.
Jesús Emiliano fue detenido el 9 de marzo de 2007, mientras llevaba a su esposa embarazada al hospital, acusado de sabotaje. En realidad, su detención fue resultado de su participación en una manifestación ante la Secretaría de Agricultura para pedir apoyos para los campesinos.
"Me encerraron con sicarios que habían participado en muertes. Me preguntaron por qué delito iba yo. Cuando les dije que por sabotaje, me preguntaron a cuántos había matado", recordó.
La otra C la sostuvo Obtilia Eugenia Manuel, fundadora y presidenta de la Organización de los Pueblos Indígenas Me'phaa (OPIM), en Ayutla de los Libres, Guerrero. Para ella la "C" significa compromiso. Compromiso de Amnistía con la OPIM, de ella con los derechos humanos.
Por la intimidación y las amenazas en su contra, Obtilia ha tenido que dejar Ayutla.
"Es un derecho tener un lugar donde vivir, tener tierra, tener educación, tener médico, tener agua en nuestra comunidad. Esa es nuestra actividad, exigir que haya buenas condiciones en nuestra comunidad para vivir.
"A veces nos da más valor luchar, a pesar de que tengamos amenazas, porque es lo que quiere el Gobierno, que paremos".
Cipriana Jurado lanzó al cielo la letra "O". A ella le viene a la mente la palabra "oportunidad", oportunidad de vida y de dignidad.
Cipriana es una de las activistas de derechos humanos que corre mayor riesgo en México, pues el 3 de enero, su compañera Josefina Reyes, que al igual que ella denunciaba los abusos cometidos por militares en Ciudad Juárez, fue asesinada.
"De las medidas cautelares ahorita no tengo ninguna.
"No podemos permitir que siga el hostigamiento y, menos, tolerar que sea el mismo gobierno quien lo esté haciendo. El Ejército pasa mucho por mi casa, se puede decir que es lo normal porque los rondines son normales en la ciudad, pero no varias veces en una hora", reprochó.
El padre Alejandro Solalinde, quien dirige la Casa del Migrante en Ixtepec, Oaxaca, lanzó al cielo la letra I, para él, I de "interrelación" entre instituciones y defensores de derechos humanos.
En 2007, Solalinde fue detenido injustificadamente junto con 18 migrantes por algunas horas.
"Llegó personal de la Subprocuraduría de Tehuantepec, el comandante y dos judiciales a decirme, 'Padre, lo vamos a proteger'. Y yo les digo, '¿cómo me van a proteger si usted y usted están denunciados como secuestradores y extorsionadores?'".
Amnistía Internacional instó al Gobierno mexicano a tomar medidas para proteger a defensores y defensoras de derechos humanos, quienes corren un riesgo importante por realizar esta actividad.
El informe señala que las autoridades locales, estatales o federales son los responsables directos de los agravios.
"Las autoridades son en ocasiones quienes presentan cargos falsos contra defensores y defensoras de los derechos humanos y los procesan indebidamente, simplemente para castigarlos por su defensa de derechos humanos.
"En otros casos, los presuntos abusos contra defensores y defensoras de los derechos humanos son perpetrados por personas no identificadas. En estos casos, las autoridades estatales y federales suelen ser lentas tanto en la respuesta como en la investigación", indica.
El organismo da cuenta de 16 casos de agravios a defensores y defensoras de derechos humanos, entre los cuales destacan seis asesinatos ocurridos entre 2007 y 2009.
Indicó que el Estado mexicano tiene la obligación de actuar contra las personas que dificulten o amenacen el trabajo de quienes defienden los derechos humanos, independientemente de que el mismo Estado haya ordenado dichos abusos o actuado en conveniencia.
Tolerancia
Recomendaciones que Amnistía hace al Gobierno mexicano para proteger a defensores de DH:
· Garantizar investigaciones inmediatas e imparciales sobre las denuncias de abusos contra defensores.
· Reconocer la legitimidad de su trabajo.
· Garantizar que el sistema de justicia penal no se utilice para atacar o acosar a quienes defienden los derechos humanos.
· Aumentar la tolerancia de las acciones y protestas públicas como vía legítima para promover los derechos humanos.
· Dejar de presentar acusaciones penales contra quienes participan en manifestaciones.
· Adoptar medidas inmediatas e imparciales para otorgar remedio a los defensores que han sufrido algún ataque o corren peligro de sufrirlo.
Como parte de la presentación del informe de Amnistía Internacional (AI), "Exigiendo Justicia y Dignidad, Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos en México", diez activistas lanzaron al aire letras hechas de cartulina amarilla, que en el orden correcto, forman la palabra "protección".
A Jesús Emiliano, dirigente del Frente Democrático Campesino de Chihuahua, le tocó sostener una de las dos letras C.
"C de campesino", dijo.
Jesús Emiliano fue detenido el 9 de marzo de 2007, mientras llevaba a su esposa embarazada al hospital, acusado de sabotaje. En realidad, su detención fue resultado de su participación en una manifestación ante la Secretaría de Agricultura para pedir apoyos para los campesinos.
"Me encerraron con sicarios que habían participado en muertes. Me preguntaron por qué delito iba yo. Cuando les dije que por sabotaje, me preguntaron a cuántos había matado", recordó.
La otra C la sostuvo Obtilia Eugenia Manuel, fundadora y presidenta de la Organización de los Pueblos Indígenas Me'phaa (OPIM), en Ayutla de los Libres, Guerrero. Para ella la "C" significa compromiso. Compromiso de Amnistía con la OPIM, de ella con los derechos humanos.
Por la intimidación y las amenazas en su contra, Obtilia ha tenido que dejar Ayutla.
"Es un derecho tener un lugar donde vivir, tener tierra, tener educación, tener médico, tener agua en nuestra comunidad. Esa es nuestra actividad, exigir que haya buenas condiciones en nuestra comunidad para vivir.
"A veces nos da más valor luchar, a pesar de que tengamos amenazas, porque es lo que quiere el Gobierno, que paremos".
Cipriana Jurado lanzó al cielo la letra "O". A ella le viene a la mente la palabra "oportunidad", oportunidad de vida y de dignidad.
Cipriana es una de las activistas de derechos humanos que corre mayor riesgo en México, pues el 3 de enero, su compañera Josefina Reyes, que al igual que ella denunciaba los abusos cometidos por militares en Ciudad Juárez, fue asesinada.
"De las medidas cautelares ahorita no tengo ninguna.
"No podemos permitir que siga el hostigamiento y, menos, tolerar que sea el mismo gobierno quien lo esté haciendo. El Ejército pasa mucho por mi casa, se puede decir que es lo normal porque los rondines son normales en la ciudad, pero no varias veces en una hora", reprochó.
El padre Alejandro Solalinde, quien dirige la Casa del Migrante en Ixtepec, Oaxaca, lanzó al cielo la letra I, para él, I de "interrelación" entre instituciones y defensores de derechos humanos.
En 2007, Solalinde fue detenido injustificadamente junto con 18 migrantes por algunas horas.
"Llegó personal de la Subprocuraduría de Tehuantepec, el comandante y dos judiciales a decirme, 'Padre, lo vamos a proteger'. Y yo les digo, '¿cómo me van a proteger si usted y usted están denunciados como secuestradores y extorsionadores?'".
Amnistía Internacional instó al Gobierno mexicano a tomar medidas para proteger a defensores y defensoras de derechos humanos, quienes corren un riesgo importante por realizar esta actividad.
El informe señala que las autoridades locales, estatales o federales son los responsables directos de los agravios.
"Las autoridades son en ocasiones quienes presentan cargos falsos contra defensores y defensoras de los derechos humanos y los procesan indebidamente, simplemente para castigarlos por su defensa de derechos humanos.
"En otros casos, los presuntos abusos contra defensores y defensoras de los derechos humanos son perpetrados por personas no identificadas. En estos casos, las autoridades estatales y federales suelen ser lentas tanto en la respuesta como en la investigación", indica.
El organismo da cuenta de 16 casos de agravios a defensores y defensoras de derechos humanos, entre los cuales destacan seis asesinatos ocurridos entre 2007 y 2009.
Indicó que el Estado mexicano tiene la obligación de actuar contra las personas que dificulten o amenacen el trabajo de quienes defienden los derechos humanos, independientemente de que el mismo Estado haya ordenado dichos abusos o actuado en conveniencia.
Tolerancia
Recomendaciones que Amnistía hace al Gobierno mexicano para proteger a defensores de DH:
· Garantizar investigaciones inmediatas e imparciales sobre las denuncias de abusos contra defensores.
· Reconocer la legitimidad de su trabajo.
· Garantizar que el sistema de justicia penal no se utilice para atacar o acosar a quienes defienden los derechos humanos.
· Aumentar la tolerancia de las acciones y protestas públicas como vía legítima para promover los derechos humanos.
· Dejar de presentar acusaciones penales contra quienes participan en manifestaciones.
· Adoptar medidas inmediatas e imparciales para otorgar remedio a los defensores que han sufrido algún ataque o corren peligro de sufrirlo.
Silvia Garduño, Reforma, 22 de enero.
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