Aumentan quejas contra el Ejército

GUANAJUATO, Gto.— El procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG), Gustavo Rodríguez Junquera, dijo que la presencia de los militares en la entidad provocó un incremento de 290% en los casos de violaciones a los derechos fundamentales de las personas, en los últimos 12 meses.
En 2009 se iniciaron 32 quejas contra los militares por allanamiento de morada, ejercicio indebido de la función pública, lesiones, robo, tortura y violaciones a los derechos del niño. En 2008 fueron 11 quejas y en 2007 sumaron cuatro, entonces, la presencia de la milicia no era tan marcada en la entidad.

“¡Eso es muy lamentable!”. Dijo que se ha reunido con los mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para exponer la preocupación por las agresiones a los ciudadanos.

Afirmó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha hecho un pronunciamiento ante la Sedena plasmando la inquietud de la PDHEG.

La violencia de los militares se ha registrado en expedientes de queja abiertos en los municipios de las cuatro regiones del estado.

Cinco ataques de los militares han ocurrido en Celaya, cuatro en León, otro tanto en Tarandacuo, dos en Acámbaro, dos más en Apaseo el Grande y dos en Salvatierra. También se acusa al Ejército de actuar con violencia en los municipios de Dolores Hidalgo, Guanajuato, Purísima del Rincón, Salamanca, Villagrán y Yuriria.

En el caso de León, Rodríguez Junquera dijo que una tropa presuntamente agredió a personas de la comunidad de La Laborcita y de Bosques de Los Naranjos, a partir de la detención de un individuo en un retén militar.

Aseguró que en 15 casos, familias completas denunciaron que los soldados entraron a sus propiedades sin contar con ordenes de aprehensión, esto es, que allanaron su morada y en ocho hechos se les señala como responsables de haber causado lesiones a las personas.

La PDHG inició el expediente 28/2010 que implica a los militares por la detención arbitraria de Serafín Flores Arenas una noche dentro de su domicilio, en la Laborcita, y a su esposa la obligaron a desnudarse para saber si no traía drogas dentro de sus ropas.

El ombudsman señaló que todos los expedientes que se siguen contra los militares han sido canalizados a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH para su investigación.
Xóchitl Álvarez corresponsal, El Universal, 28 de enero.

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