Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio presentaron su apelación contra la sentencia dictada por el juez Cuarto de Distrito de Querétaro, Rodolfo Pedraza Longi, quien el 19 de febrero les impuso una pena de 21 años de prisión por la supuesta privación ilegal de la libertad de seis agentes federales de investigación, durante hechos ocurridos el 26 de marzo de 2006 en Santiago Mexquititlán, municipio de Amealco.
Las indígenas han designado para asumir su defensa integral a los centros de derechos humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (Centro Prodh) y “Fray Jacobo Daciano”. Además, a su defensa también se suma Amnistía Internacional, que declaró a las otomíes presas de conciencia.
Los representantes legales informaron que la apelación será resuelta en los próximos meses por el Tribunal Unitario de Circuito en Querétaro.
“El titular de este tribunal, Hanz Eduardo López Muñoz, conoce ampliamente el caso, pues en septiembre de 2006 confirmó el auto de formal prisión dictado en contra de Alberta, Teresa y Jacinta Francisco Marcial, y el 7 de abril de 2009 ordenó la reposición del procedimiento seguido en contra de las tres mujeres, revocando la sentencia condenatoria que el juez Cuarto de Distrito reafirmara en días pasados en contra de Alberta y Teresa”, puntualizaron los representantes en un comunicado.
El centro Prodh calificó de “preocupante” el hecho de que en México las autoridades desconozcan el principio de presunción de inocencia.
“El juez Pedraza Longi, además de avalar las pruebas irregulares presentadas por la Procuraduría General de la República, argumentó nuevamente que ‘Alberta y Teresa no han podido desvirtuar las acusaciones que pesaban en su contra’, es decir, decidió presuponer su culpabilidad antes que su inocencia. Sus afirmaciones están fuera de lugar en un Estado democrático de derecho”, sostuvieron.
El pasado viernes el juez condenó a las indígenas a 21 años de cárcel y a pagar una multa de 160 mil pesos.
Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio están presas en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Querétaro, acusadas de haber participado en el presunto secuestro de seis elementos de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI), en marzo de 2006, delito también imputado a Jacinta Francisco Marcial, quien obtuvo su libertad desde el año pasado.
Las indígenas han designado para asumir su defensa integral a los centros de derechos humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (Centro Prodh) y “Fray Jacobo Daciano”. Además, a su defensa también se suma Amnistía Internacional, que declaró a las otomíes presas de conciencia.
Los representantes legales informaron que la apelación será resuelta en los próximos meses por el Tribunal Unitario de Circuito en Querétaro.
“El titular de este tribunal, Hanz Eduardo López Muñoz, conoce ampliamente el caso, pues en septiembre de 2006 confirmó el auto de formal prisión dictado en contra de Alberta, Teresa y Jacinta Francisco Marcial, y el 7 de abril de 2009 ordenó la reposición del procedimiento seguido en contra de las tres mujeres, revocando la sentencia condenatoria que el juez Cuarto de Distrito reafirmara en días pasados en contra de Alberta y Teresa”, puntualizaron los representantes en un comunicado.
El centro Prodh calificó de “preocupante” el hecho de que en México las autoridades desconozcan el principio de presunción de inocencia.
“El juez Pedraza Longi, además de avalar las pruebas irregulares presentadas por la Procuraduría General de la República, argumentó nuevamente que ‘Alberta y Teresa no han podido desvirtuar las acusaciones que pesaban en su contra’, es decir, decidió presuponer su culpabilidad antes que su inocencia. Sus afirmaciones están fuera de lugar en un Estado democrático de derecho”, sostuvieron.
El pasado viernes el juez condenó a las indígenas a 21 años de cárcel y a pagar una multa de 160 mil pesos.
Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio están presas en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Querétaro, acusadas de haber participado en el presunto secuestro de seis elementos de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI), en marzo de 2006, delito también imputado a Jacinta Francisco Marcial, quien obtuvo su libertad desde el año pasado.
Brenda Téllez, Crónica, 26 de febrero.
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