Por proteger el gasto de Peña, el PRI sobregiró a sus candidatos en 2012


La estrategia de repartición del gasto centralizado que ejerció la coalición Compromiso por México entre las campañas para proteger un rebase en la presidencial de Enrique Pena Nieto reventó las finanzas de los aspirantes a diputados federales, que en muchos casos superaron el máximo de erogaciones legales en más de 100 por ciento. La totalidad de los candidatos a diputados de la alianza o el PRI en nueve estados rebasaron el tope de gastos, incluidos el Distrito Federal y el estado de México, los que más distritos tienen en el país.
De acuerdo con el dictamen consolidado de la Unidad de Fiscalización del Instituto Federal Electoral que se discutirá el próximo martes, de los 2 mil 604 millones de pesos que gastaron en su conjunto partidos y coaliciones, 137.8 millones correspondieron a violaciones a la legislación al rebasar las erogaciones máximas permitidas, en su mayor parte atribuidos al aspirante presidencial del Movimiento Progresista (74.1, millones de pesos), Andrés Manuel López Obrador, pero también los 63 millones de los candidatos de la coalición al Congreso.
De los mil 301 candidatos que se presentaron de todos los partidos y coaliciones para los 365 cargos en disputa por la vía de la elección por mayoría relativa (presidente, senadores y diputados) en 199 casos se detectaron violaciones al tope de gastos de campaña, el mayor número en la historia electoral. Entre ellos se encuentra el ex dirigente del PVEM Jorge Emilio González, quien rompió el tope en su afán de llegar al Senado por Quintana Roo.
Para los comicios federales de 2012, el IFE fijó el tope de gastos de campaña para diputado federal en un millón 120 mil 373 pesos, pero, de acuerdo con el dictamen de fiscalización, en los distritos de Guanajuato, estado de México, Hidalgo, Sinaloa, Tlaxcala, Baja California, Jalisco, Quintana Roo y el Distrito Federal los candidatos de Compromiso por México o del PRI (porque a nivel de Congreso hubo coalición parcial en 199 de los 300 distritos) violaron el tope de gastos.
En 28 casos de los 187 de sus aspirantes que rompieron el límite legal, lo hicieron con más del doble lo que la ley les permitía. La totalidad de aspirantes a diputados de Compromiso por México por el Distrito Federal (ninguno ganó) superaron en más de cien por ciento el financiamiento permitido. De ello se desprende que, en la capital, dicha coalición ejerció 33 millones de pesos más de los que legalmente eran admitidos, pues podía gastar casi 30 millones, por sus 27 candidatos.
Con ello, de los 73 millones de pesos que fiscalización detectó de rebase de topes como coalición o como partidos (en los distritos de diputados o estados, para el caso de senadores donde no hubo alianza), gran parte se concentró en el DF. En otro de los actos que la coalición prorrateó gastos sobresale el cierre de campaña de Pena Nieto en el Estadio Azteca.
Por otro lado, del dictamen se concluye que PRI y PVEM fueron los que, en conjunto, recibieron el financiamiento público más elevado y fueron los que más captaron recursos privados y, por consiguiente, los que más gastaron en las campañas federales 2012.
El PRI recibió 537 millones 269 mil 854 pesos para financiamiento de campaña, mientras el PVEM captó 156 millones 506 mil pesos, lo que suma 693 millones de pesos de los mil 680 millones 560 mil que en total se repartieron para campañas del erario a todos los partidos.
De acuerdo con la suma del gasto que la unidad detectó a PRI-PVEM (mil 142 millones de pesos), éstos obtuvieron otros financiamientos por 449 millones (más de lo que recibió cualquiera de los otros partidos contendientes en lo individual como prerrogativas de campaña), de los cuales la unidad sólo acreditó 8.4 millones como financiamiento privado.
Los criterios para considerar financiamiento privado incluyen aportaciones de militantes, simpatizantes y candidatos. El dictamen reporta que como coalición o como partidos por separado, PRI-PVEM sumaron 38 millones de pesos considerados en el rubro de financiamiento ilícito.

Alonso Urrutia, La Jornada, 30 de junio.

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