Aprueba el Senado leyes de Coordinación Fiscal y de Contabilidad Gubernamental

Con 74 votos a favor -del PRI, PVEM y una parte del PRD-, así como 50 en contra –del PAN, PT, Movimiento Ciudadano, y algunos más del PRD-, el pleno del Senado aprobó las leyes de Coordinación Fiscal y General de Contabilidad Gubernamental.

Durante una sesión que se extendió por más de cinco horas, tras la aprobación en lo general de ambas leyes fueron reservados para su discusión en lo particular 24 artículos de las mismas.

En el curso de la discusión, a propuesta de la panista Laura Rojas y con el respaldo de la priista Blanca Alcalá y el perredista Armando Ríos Piter, fue aprobada una reserva por la cual en la Ley de Coordinación se reforzaron obligaciones de transparencia de los estados:

“Se propone –explicó en tribuna la panista—, en línea con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, reiterar que las entidades federativas y los municipios deberán observar los principios de transparencia y contabilidad gubernamental en la información financiera que emitan”.

Las dos leyes fueron devueltas a la Cámara baja, pues además de este cambio en ambas también se hicieron observaciones en aspectos de redacción.

En el debate parte de la discusión se centró en el impacto de algunos artículos en la reforma educativa.

El senador perredista, Mario Delgado señaló que el dictamen de dicha ley tenía dos planteamientos principales para el 2014: uno, revertir la descentralización educativa y otro resarcir a la ciudad de México de una “injusticia histórica”, que desde la creación del Ramo 33 se le excluyó por una razón exclusivamente semántica de la posibilidad de acceder a los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y al de Aportación de Infraestructura Social Municipal, fondos que fundamentalmente van encaminados a combatir la pobreza.

Sin embargo, dijo, la propuesta de crear el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone), “es volver a centrar la nómina de los maestros, pues no necesariamente va a garantizar que mejoren la calidad del gasto. Vimos una descentralización educativa absolutamente fallida por la forma en cómo se siguió”.

Dijo que se pactó en los años noventa la nómina que tenían en ese momento los estados y, a partir de esa nómina, “nos subimos a un gasto inercial que nunca correspondió con las necesidades para financiar los retos principales en la educación que tenían las entidades federativas”.

El priísta Gerardo Sánchez García dijo que el contenido del dictamen “tiene como función primordial hacer valer la equidad de las responsabilidades, de las atribuciones y de los derechos de todo nivel de gobierno, con reglas claras para el ejercicio del gasto”.

En contraparte, el senador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, criticó que en materia educativa se deja de lado la descentralización en la materia, que se había logrado, y se vuelve al centralismo, lo que ocasionará serios problemas en el manejo de los recursos, ya que las entidades, son las que mejor conocen las necesidades de los estados.

Sostuvo que dicha reforma afecta de manera deliberada la federalización de los procesos educativos, ya que el gobierno federal “pretende centralizar la educación mediante el control de las nóminas de los profesores en todo el país”.

Cecilia Higuera, La Crónica, 29 de octubre.

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