Ayer, intervinieron 15 defensores de la medida aplicada en la capital. En las seis audiencias, hubo un total de 80 expositores: una mitad la respaldó; la otra la rechazó.
Sin embargo, 181 interesados en expresar su opinión no tuvieron cabida en el debate, todos opositores a la reforma. De hecho, este grupo comprendió a siete de cada 10 solicitantes.
El ministro presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia argumentó que la intención fue equilibrar las voces, por lo que consultará al pleno de qué manera se responderá a los que se quedaron en el tintero.
Entre quienes se expresaron ayer estuvo Emilio Álvarez Icaza, titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Se situó en un punto antagónico al del ombudsman nacional José Luis Soberanes, quien incluso fue uno de los que presentó la acción de inconstitucionalidad.
Álvarez Icaza pidió a los ministros resolver el caso con base en la atención de problemas reales de salud pública, prevención y educación, además de “contribuir a superar situaciones de discriminación y adecuarse a una política criminal responsable”.
Solo así, enfatizó, se avanzará en la vigencia de los derechos humanos y en especial los de las mujeres, “a quienes tanto debemos y con quienes la deuda aún es grande”.
Dijo que las limitaciones previas a la reforma conferían al Estado un poder de intervención en la vida íntima y libertad de las mujeres: “Les imponía la obligación de soportar contra su voluntad las consecuencias de un embarazo no deseado”.
La diputada federal perredista Claudia Cruz Santiago, se centró en la marginación y señaló que todos los procesos penales iniciados en los 31 estados del país por un aborto, fueron contra “mujeres de sectores marginados y en situación de pobreza”.
Ahí estuvo también el legislador local Enrique Pérez Correa, de Alternativa, uno de los principales impulsores de la reforma. Enarboló los beneficios al sector femenino y reprochó las leyes restrictivas en las entidades del país.
“La reforma fue y sigue siendo ejemplar, carece de sentido poner candados legales a la interrupción del embarazo, pues tiene que ver con un problema de salud pública”, afirmó.
Sobre si los testimonios serán de utilidad para la Corte, dijo al final Ortiz Mayagoitia: “Estimo que los argumentos escuchados, particularmente los de carácter jurídico, serán útiles para nuestra labor jurisdiccional y para la decisión que debemos tomar en su momento”.
Aún no hay fecha para iniciar la discusión en el Pleno.
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