Siete ministros de la Suprema Corte de Justicia afirmaron ayer que sí tienen facultades para revisar las reformas a la Constitución, por lo menos en lo que se refiere al procedimiento necesario para aprobarlas.
Se trata de un consenso inédito que en el futuro podría permitir a la Corte revisar la polémica reforma electoral de 2007 por vía de amparos promovidos por empresarios e intelectuales, luego de que ayer resolvió que no lo puede hacer por medio de acciones de inconstitucionalidad presentadas por partidos políticos.
Con este criterio, la Corte dejará atrás la jurisprudencia que aprobó en septiembre de 2002, en la cual había sostenido que las reformas a la Constitución no podía ser sujetas a ningún control por el Poder Judicial.
De los siete ministros, sólo cuatro votaron por estudiar las acciones presentadas por Convergencia y Nueva Alianza.
Mariano Azuela, Sergio Valls y Olga Sánchez votaron por desechar estas demandas, pero sostuvieron que la Corte sí puede revisar las reformas que aprueba el llamado "órgano reformador de la Constitución", integrado por el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados.
"Se encuentra este órgano (reformador) limitado por la misma Constitución, por lo que no puede sostenerse que su actuación no sea susceptible de control, ya que eso lo colocaría por encima de la Constitución Federal, lo cual es inadmisible", afirmó Valls, autor de la sentencia.
"No es posible que si se presenta un precepto constitucional emanado aparentemente de ese órgano, que para poder tener eficacia tiene que actuar dentro de la Constitución, eso esté al margen de revisión", agregó Azuela Los ministros Fernando Franco, Margarita Luna, José de Jesús Gudiño y Guillermo Ortiz se oponen a cualquier forma de control de la Corte sobre reformas constitucionales.
"El propio sistema que está estableciendo la Constitución, no pone al Poder Judicial en posibilidad de ejercer esta función de control constitucional de la propia Constitución, sino únicamente de las normas de carácter secundario", dijo Luna.
La postura flexible de Azuela, Sánchez y Valls permitiría revisar la reforma por vía de los amparos, aunque no está claro si la Corte sólo se pronunciaría sobre violaciones de procedimiento, o también sobre el contenido de la Carta Magna.
Se trata de un consenso inédito que en el futuro podría permitir a la Corte revisar la polémica reforma electoral de 2007 por vía de amparos promovidos por empresarios e intelectuales, luego de que ayer resolvió que no lo puede hacer por medio de acciones de inconstitucionalidad presentadas por partidos políticos.
Con este criterio, la Corte dejará atrás la jurisprudencia que aprobó en septiembre de 2002, en la cual había sostenido que las reformas a la Constitución no podía ser sujetas a ningún control por el Poder Judicial.
De los siete ministros, sólo cuatro votaron por estudiar las acciones presentadas por Convergencia y Nueva Alianza.
Mariano Azuela, Sergio Valls y Olga Sánchez votaron por desechar estas demandas, pero sostuvieron que la Corte sí puede revisar las reformas que aprueba el llamado "órgano reformador de la Constitución", integrado por el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados.
"Se encuentra este órgano (reformador) limitado por la misma Constitución, por lo que no puede sostenerse que su actuación no sea susceptible de control, ya que eso lo colocaría por encima de la Constitución Federal, lo cual es inadmisible", afirmó Valls, autor de la sentencia.
"No es posible que si se presenta un precepto constitucional emanado aparentemente de ese órgano, que para poder tener eficacia tiene que actuar dentro de la Constitución, eso esté al margen de revisión", agregó Azuela Los ministros Fernando Franco, Margarita Luna, José de Jesús Gudiño y Guillermo Ortiz se oponen a cualquier forma de control de la Corte sobre reformas constitucionales.
"El propio sistema que está estableciendo la Constitución, no pone al Poder Judicial en posibilidad de ejercer esta función de control constitucional de la propia Constitución, sino únicamente de las normas de carácter secundario", dijo Luna.
La postura flexible de Azuela, Sánchez y Valls permitiría revisar la reforma por vía de los amparos, aunque no está claro si la Corte sólo se pronunciaría sobre violaciones de procedimiento, o también sobre el contenido de la Carta Magna.
Víctor Fuentes, Reforma, 27 de junio.
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