Caracas, 28 de mayo. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, pidió hoy a las autoridades judiciales y al organismo que controla las telecomunicaciones que concluyan con agilidad y valentía sus investigaciones contra la cadena de televisión privada Globovisión, que enfrenta varios procedimientos administrativos por instar al asesinato del mandatario y por provocar zozobra entre los venezolanos durante la cobertura de un temblor de 5.4 grados en la escala de Richter el pasado 4 de mayo.
Chávez solicitó al organismo regulador de las telecomunicaciones, a la fiscalía general y al Tribunal Supremo de Justicia “cumplir sus obligaciones” en relación a las presuntas faltas administrativas de Globovisión, que desde 1994 dispone de una concesión del Estado venezolano para utilizar el espacio radioeléctrico, por lo que las sanciones podrían llevar a la suspensión de su señal por un plazo de al menos 72 horas.
“Incitan mi muerte. Ojalá los que están detrás del manejo enfermizo de algunos medios recapaciten y utilicen esa herramienta para el debate y no para el veneno y el delito”, dijo Chávez, sin referirse directamente a Globovisión, cuyo propietario, Guillermo Zuloaga, está bajo investigación del ministerio público por el almacenamiento irregular de 24 vehículos en una finca rural del empresario.
Globovisión, que ha privilegiado a los opositores en la cobertura de campañas electorales y en las críticas al modelo socialista de Chávez, rechaza las acusaciones del gobernante.
“¿Dónde se ha visto que llegue alguien a un programa de televisión y diga que el presidente va a terminar colgado como Benito Mussolini y no esté preso? Eso es un delito”, apuntó Chávez antes de advertir que si la fiscalía y el Poder Judicial no ejercen las acciones de su competencia, “entonces tendré que actuar yo”.
Las referencias de Chávez a los medios de información fueron hechas cuatro días después que el mandatario apoyara en Quito una propuesta del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, para que la Unión de Naciones Sudamericanas constituya una instancia que “defienda a los gobiernos de los abusos de la prensa”, descrita por ambos como un “instrumento de la oligarquía” que sirve para combatir los proyectos socialistas respaldados en las urnas.
Hace dos años el gobierno de Chávez ordenó cancelar la concesión a una televisora que alentó en abril de 2002 el golpe de Estado que dejó al presidente fuera de sus funciones durante dos días y que según los directivos de RCTV –conocida por la producción de telenovelas y programas de concursos– fue una muestra de las limitaciones a la libertad de expresión en Venezuela.
En este ambiente, comenzó este jueves en Caracas el Encuentro Internacional Libertad y Democracia, al que asisten como invitados algunos de los escritores, políticos y analistas más connotados de la derecha.
Entre ellos están el ex alcalde de Santiago, Joaquín Lavín, un abierto simpatizante del fallecido dictador Augusto Pinochet, y el ex presidente boliviano Jorge Quiroga, uno de los impulsores de la privatización de las riquezas naturales y servicios públicos estatales de su país, quien hoy afirmó que el gobierno de Bolivia “es propiedad del régimen de Venezuela” y que el proyecto de Chávez es “la mayor amenaza” a la democracia en América Latina. También asiste Mario Vargas Llosa, quien sostuvo que Venezuela “podría convertirse en la segunda Cuba de América Latina” pues “se acerca cada vez más a las dictaduras comunistas”.
Otros participantes son el ex canciller Jorge Castañeda, el historiador Enrique Krauze y el escritor colombiano Plinio Apuleyo.
Chávez, que con cuatro emisiones consecutivas a partir de hoy celebra el décimo aniversario de su programa semanal Alo, Presidente! invitó a los participantes del encuentro a debatir en el programa con otro grupo de intelectuales latinoamericanos reunidos en Caracas, incluido el antropólogo mexicano Gilberto López y Rivas, quien denunció que los medios se especializan en “criminalizar” los logros de gobiernos progresistas.
“Como aquí no hay libertad de expresión”, ironizó Chávez, “invitamos a todos a un debate... Aló, Presidente! abre sus portones... Ojalá acepten”.
Chávez solicitó al organismo regulador de las telecomunicaciones, a la fiscalía general y al Tribunal Supremo de Justicia “cumplir sus obligaciones” en relación a las presuntas faltas administrativas de Globovisión, que desde 1994 dispone de una concesión del Estado venezolano para utilizar el espacio radioeléctrico, por lo que las sanciones podrían llevar a la suspensión de su señal por un plazo de al menos 72 horas.
“Incitan mi muerte. Ojalá los que están detrás del manejo enfermizo de algunos medios recapaciten y utilicen esa herramienta para el debate y no para el veneno y el delito”, dijo Chávez, sin referirse directamente a Globovisión, cuyo propietario, Guillermo Zuloaga, está bajo investigación del ministerio público por el almacenamiento irregular de 24 vehículos en una finca rural del empresario.
Globovisión, que ha privilegiado a los opositores en la cobertura de campañas electorales y en las críticas al modelo socialista de Chávez, rechaza las acusaciones del gobernante.
“¿Dónde se ha visto que llegue alguien a un programa de televisión y diga que el presidente va a terminar colgado como Benito Mussolini y no esté preso? Eso es un delito”, apuntó Chávez antes de advertir que si la fiscalía y el Poder Judicial no ejercen las acciones de su competencia, “entonces tendré que actuar yo”.
Las referencias de Chávez a los medios de información fueron hechas cuatro días después que el mandatario apoyara en Quito una propuesta del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, para que la Unión de Naciones Sudamericanas constituya una instancia que “defienda a los gobiernos de los abusos de la prensa”, descrita por ambos como un “instrumento de la oligarquía” que sirve para combatir los proyectos socialistas respaldados en las urnas.
Hace dos años el gobierno de Chávez ordenó cancelar la concesión a una televisora que alentó en abril de 2002 el golpe de Estado que dejó al presidente fuera de sus funciones durante dos días y que según los directivos de RCTV –conocida por la producción de telenovelas y programas de concursos– fue una muestra de las limitaciones a la libertad de expresión en Venezuela.
En este ambiente, comenzó este jueves en Caracas el Encuentro Internacional Libertad y Democracia, al que asisten como invitados algunos de los escritores, políticos y analistas más connotados de la derecha.
Entre ellos están el ex alcalde de Santiago, Joaquín Lavín, un abierto simpatizante del fallecido dictador Augusto Pinochet, y el ex presidente boliviano Jorge Quiroga, uno de los impulsores de la privatización de las riquezas naturales y servicios públicos estatales de su país, quien hoy afirmó que el gobierno de Bolivia “es propiedad del régimen de Venezuela” y que el proyecto de Chávez es “la mayor amenaza” a la democracia en América Latina. También asiste Mario Vargas Llosa, quien sostuvo que Venezuela “podría convertirse en la segunda Cuba de América Latina” pues “se acerca cada vez más a las dictaduras comunistas”.
Otros participantes son el ex canciller Jorge Castañeda, el historiador Enrique Krauze y el escritor colombiano Plinio Apuleyo.
Chávez, que con cuatro emisiones consecutivas a partir de hoy celebra el décimo aniversario de su programa semanal Alo, Presidente! invitó a los participantes del encuentro a debatir en el programa con otro grupo de intelectuales latinoamericanos reunidos en Caracas, incluido el antropólogo mexicano Gilberto López y Rivas, quien denunció que los medios se especializan en “criminalizar” los logros de gobiernos progresistas.
“Como aquí no hay libertad de expresión”, ironizó Chávez, “invitamos a todos a un debate... Aló, Presidente! abre sus portones... Ojalá acepten”.
AFP, DPA y Reuters, La Jornada, 29 de mayo.
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