Las relaciones entre el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación “son institucionales y positivas” mas allá de lo que se dice del deterioro en las mismas, señaló la magistrada presidenta, María del Carmen Alanís, sobre las exigencias de mayor respecto que algunos consejeros han externado. “Me preocupa lo que se dice de estas relaciones”, añadió, antes de señalar que en la actualidad sólo 20 por ciento de los recursos relacionados con el IFE son devueltos a esta institución.
Alanís defendió el fallo adoptado en torno a los espots de los legisladores del Partido Verde comprados en las televisoras en el periodo de intercampaña: “se vale que se disienta en el ámbito académico, pero yo con tristeza veía que un número importante de articulistas mencionaban cuestiones que no resolvimos”.
Negó que el TEPJF haya abierto la puerta a la compra de espots en medios de comunicación a particulares. “Son los legisladores los que pueden difundir sus actividades. ¿Con qué recursos? No dijimos que con recursos privados, todo lo contrario, solamente con recursos de las cámaras, de la fracción parlamentaria y de los legisladores, y esto es auditable; no dijimos compra de recursos particulares”.
En rueda de prensa, Alanís defendió la resolución en todos sus términos y rechazó las críticas de que era contraria al espíritu de la reforma electoral. “Otra cosa es si es necesario modificar la legislación, reformas electorales, en éste y en muchos temas, por lo que quiero ser enfática en el tema.”
Antes se había referido a la relación con el IFE, reivindicando lo que calificó de relación positiva y citó la estadística como argumento: del 1º de noviembre de 2007 al 6 de febrero de 2008, bajo la presidencia de Luis Carlos Ugalde, fueron declarados fundados 49 por ciento de los recursos contra el IFE; en tanto, en el periodo de Leonardo Valdés, sólo 20 por ciento lo han sido; se han confirmado 77 por ciento de las resoluciones.
Esto –añadió– es un dato muy objetivo, “que les puede reflejar que lo que se ha dicho que es una estrategia del tribunal para legitimarse es falso; el tribunal habla por sus sentencias”.
También se refirió a la inseguridad como factor de presión al desempeño del TEPJF, ante lo cual ratificó que este órgano “nunca resuelve bajo amenaza; resuelve aplicando la ley. No podemos resolver ni con amenazas políticas ni con amenazas de la delincuencia”.
Durante una rueda de prensa de los integrantes de la sala superior, el magistrado Pedro Penagos salió al paso de las críticas al TEPJF por las resoluciones en materia de libertad de expresión. “Nosotros no limitamos la libertad de expresión; la limita la propia Constitución y nosotros como juzgadores tenemos que aplicarla.”
El magistrado Constancio Carrasco ejemplificó la actuación del TEPJF, señalando que cuestionar el desempeño del PRI en 70 años de gobierno puede ser una crítica “vigorosa”, pero legal. Sin embargo, asociarlo a la corrupción y deshonestidad va más allá de lo permitido legalmente.
El magistrado Flavio Galván aseveró que las regulaciones en propaganda electoral abarcan cualquiera de los medios de difusión, incluida Internet, “aunque ciertamente éste es un tema difícil, particularmente para acreditar la autoría en algunos casos.
Alanís defendió el fallo adoptado en torno a los espots de los legisladores del Partido Verde comprados en las televisoras en el periodo de intercampaña: “se vale que se disienta en el ámbito académico, pero yo con tristeza veía que un número importante de articulistas mencionaban cuestiones que no resolvimos”.
Negó que el TEPJF haya abierto la puerta a la compra de espots en medios de comunicación a particulares. “Son los legisladores los que pueden difundir sus actividades. ¿Con qué recursos? No dijimos que con recursos privados, todo lo contrario, solamente con recursos de las cámaras, de la fracción parlamentaria y de los legisladores, y esto es auditable; no dijimos compra de recursos particulares”.
En rueda de prensa, Alanís defendió la resolución en todos sus términos y rechazó las críticas de que era contraria al espíritu de la reforma electoral. “Otra cosa es si es necesario modificar la legislación, reformas electorales, en éste y en muchos temas, por lo que quiero ser enfática en el tema.”
Antes se había referido a la relación con el IFE, reivindicando lo que calificó de relación positiva y citó la estadística como argumento: del 1º de noviembre de 2007 al 6 de febrero de 2008, bajo la presidencia de Luis Carlos Ugalde, fueron declarados fundados 49 por ciento de los recursos contra el IFE; en tanto, en el periodo de Leonardo Valdés, sólo 20 por ciento lo han sido; se han confirmado 77 por ciento de las resoluciones.
Esto –añadió– es un dato muy objetivo, “que les puede reflejar que lo que se ha dicho que es una estrategia del tribunal para legitimarse es falso; el tribunal habla por sus sentencias”.
También se refirió a la inseguridad como factor de presión al desempeño del TEPJF, ante lo cual ratificó que este órgano “nunca resuelve bajo amenaza; resuelve aplicando la ley. No podemos resolver ni con amenazas políticas ni con amenazas de la delincuencia”.
Durante una rueda de prensa de los integrantes de la sala superior, el magistrado Pedro Penagos salió al paso de las críticas al TEPJF por las resoluciones en materia de libertad de expresión. “Nosotros no limitamos la libertad de expresión; la limita la propia Constitución y nosotros como juzgadores tenemos que aplicarla.”
El magistrado Constancio Carrasco ejemplificó la actuación del TEPJF, señalando que cuestionar el desempeño del PRI en 70 años de gobierno puede ser una crítica “vigorosa”, pero legal. Sin embargo, asociarlo a la corrupción y deshonestidad va más allá de lo permitido legalmente.
El magistrado Flavio Galván aseveró que las regulaciones en propaganda electoral abarcan cualquiera de los medios de difusión, incluida Internet, “aunque ciertamente éste es un tema difícil, particularmente para acreditar la autoría en algunos casos.
Alonso Urrutia, La Jornada, 30 de mayo.
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