El IFE abrirá una investigación para determinar si algunas acciones de la Conferencia del Episcopado Mexicano y la Iglesia católica han afectado a los partidos en el proceso electoral en curso y, en su caso, tomar las medidas correspondientes.
Así se establece en un acuerdo que conocerá hoy el Consejo General y en el cual se plantea hacer un exhorto a la Secretaría de Gobernación para que, en el ejercicio de sus funciones, conmine a la Iglesia católica, a la Conferencia del Episcopado Mexicano y a otras similares, a ajustar sus actividades a lo establecido en la Constitución.
Lo anterior, luego de que el Partido Socialdemócrata interpuso cinco quejas contra diversas asociaciones religiosas, entre ellas contra el obispo de Cuernavaca por la publicación de un Decálogo de los Pecados Electorales, y de que los asuntos fueran remitidos a la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, para iniciar las investigaciones por considerar que dichas acciones afectan “de manera grave sus derechos como partido”.
En el informe —que será sometido a aprobación del Consejo General— se establece que los partidos son entidades de interés público y, como tales, tienen la finalidad de promover la participación de los ciudadanos en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y hacer posible el acceso al poder público, tal y como se establece en el artículo 41 constitucional, por lo que se instruye a la Junta General para que realice las indagaciones correspondientes.
“El resultado del proceso de investigación deberá ser presentado a la consideración del Consejo General a la brevedad, para que, en el caso de que exista alguna afectación a los derechos de algún partido o al proceso federal electoral en general, se tomen las medidas pertinentes para el efecto de hacer cesar las irregularidades y contribuir al correcto desarrollo de la contienda electoral”, se precisa en el documento de seis cuartillas.
El IFE señala que si bien es cierto que las asociaciones religiosas, en su carácter de ministros de culto, están regulados por el artículo 355 párrafo cuarto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), también detentan la categoría de personas morales, y como tales, son susceptibles de estar sujetas a indagación por el posible incumplimiento a normas electorales.
Asimismo, se conocerá el resultado del convenio entre el IFE y Gobernación en cuanto a las acciones para blindar el proceso electoral del ingreso de dinero del narcotráfico, entre lo que se destaca la entrega por parte del instituto de un documento con las “secciones de atención especial”, que por su naturaleza obstaculizan el avance en la integración de las mesas directivas de casilla.
Entre las situaciones encontradas, el IFE dio cuenta de mil 609 secciones de todo el país afectadas por la inseguridad pública.
Así se establece en un acuerdo que conocerá hoy el Consejo General y en el cual se plantea hacer un exhorto a la Secretaría de Gobernación para que, en el ejercicio de sus funciones, conmine a la Iglesia católica, a la Conferencia del Episcopado Mexicano y a otras similares, a ajustar sus actividades a lo establecido en la Constitución.
Lo anterior, luego de que el Partido Socialdemócrata interpuso cinco quejas contra diversas asociaciones religiosas, entre ellas contra el obispo de Cuernavaca por la publicación de un Decálogo de los Pecados Electorales, y de que los asuntos fueran remitidos a la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, para iniciar las investigaciones por considerar que dichas acciones afectan “de manera grave sus derechos como partido”.
En el informe —que será sometido a aprobación del Consejo General— se establece que los partidos son entidades de interés público y, como tales, tienen la finalidad de promover la participación de los ciudadanos en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y hacer posible el acceso al poder público, tal y como se establece en el artículo 41 constitucional, por lo que se instruye a la Junta General para que realice las indagaciones correspondientes.
“El resultado del proceso de investigación deberá ser presentado a la consideración del Consejo General a la brevedad, para que, en el caso de que exista alguna afectación a los derechos de algún partido o al proceso federal electoral en general, se tomen las medidas pertinentes para el efecto de hacer cesar las irregularidades y contribuir al correcto desarrollo de la contienda electoral”, se precisa en el documento de seis cuartillas.
El IFE señala que si bien es cierto que las asociaciones religiosas, en su carácter de ministros de culto, están regulados por el artículo 355 párrafo cuarto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), también detentan la categoría de personas morales, y como tales, son susceptibles de estar sujetas a indagación por el posible incumplimiento a normas electorales.
Asimismo, se conocerá el resultado del convenio entre el IFE y Gobernación en cuanto a las acciones para blindar el proceso electoral del ingreso de dinero del narcotráfico, entre lo que se destaca la entrega por parte del instituto de un documento con las “secciones de atención especial”, que por su naturaleza obstaculizan el avance en la integración de las mesas directivas de casilla.
Entre las situaciones encontradas, el IFE dio cuenta de mil 609 secciones de todo el país afectadas por la inseguridad pública.
Susana Hernández, Milenio, 29 de mayo.
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