A menos de ocho años de su creación, la Agencia Federal de Investigación (AFI) desapareció para convertirse en la Policía Federal Ministerial, y estará bajo el mando de Nicandra Castro Escarpulli, designada encargada de despacho de la ahora desaparecida institución, el 30 de marzo.
De acuerdo con las reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR), la nueva institución tendrá más facultades, pero también mayores controles de ingreso y permanencia, como la obligación para todos sus integrantes, de certificarse mediante exámenes de control de confianza.
“Los elementos de la Procuraduría y particularmente también los de la Policía Federal Ministerial tendrán que atravesar con éxito, si quieren permanecer, por los exámenes de control de confianza”, anticipó el procurador Eduardo Medina Mora.
Más facultades al MP
La Ley Orgánica de la PGR, que da vida a la Policía Federal Ministerial fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, y establece nuevas bases de organización para la PGR, al crear coordinaciones regionales bajo criterio del fenómeno criminal, y dota de nuevas facultades al Ministerio Público de la Federación en la averiguación previa, proceso penal y atención a victimas de delitos.
Además, se crea la figura de oficial ministerial, con el fin de auxiliar en la formalización de diligencias, y procesamiento de información.
Alejandro González Alcocer (PAN), presidente de la Comisión de Justicia del Senado, explicó que “se crearán el número de coordinaciones regionales que fije el reglamento de la ley bajo criterios de incidencia delictiva, circunscripciones geográficas, características de los asentamientos humanos, nivel poblacional y fenómenos criminógenos”.
La nueva Ley precisa que las funciones de la Policía Federal Investigadora —antes AFI, creada por decreto presidencial el 1 de noviembre de 2001 y que a su vez sustituyó a la Policía Judicial Federal del régimen priísta— pasarán a la Policía Federal Ministerial, como auxiliar directo del Ministerio Público de la Federación.
La nueva policía, como auxiliar directo del Ministerio Público federal, podrá recabar información en lugares públicos, con el apoyo de personas, medios e instrumentos y cualquier herramienta necesaria para generar inteligencia preventiva.
El Ministerio Público ejercerá la conducción y mando de las policías en la función de la investigación de los delitos, y puede instruirles respecto de las acciones que deban ejecutarse en averiguaciones de delitos y de sus autores y partícipes.
Se abre un plazo de 30 días para comenzar a erradicar de su estructura y de personal a posibles elementos corruptos.
Sobre el tema, el senador perredista Tomás Torres advirtió el riesgo de que trabajadores sindicales se opongan a esta medida.
“Los agentes de la Policía Federal Investigadora, que a la fecha de entrada en vigor de la presente ley, se encuentren en activo en la PGR, tendrán un plazo de 30 días hábiles para manifestar su voluntad de someterse al proceso de evaluación de control de confianza y de competencias profesionales”, señala en sus artículos transitorios.
Informa que quienes aprueben el proceso de evaluación podrán permanecer en la Procuraduría General de la República en el servicio de carrera de la Policía Federal Ministerial, y que se respetarán los derechos adquiridos y antigüedad.
En el proceso de evaluación de control de confianza, se aplicarán exámenes en lo patrimonial, de entorno social, médico, sicométrico y toxicológicos.
El MP estará facultado para ejercer la acción de extinción de dominio (desapoderando a presuntos delincuentes de bienes obtenidos de manera ilícita) o desistirse de la misma.
De acuerdo con las reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR), la nueva institución tendrá más facultades, pero también mayores controles de ingreso y permanencia, como la obligación para todos sus integrantes, de certificarse mediante exámenes de control de confianza.
“Los elementos de la Procuraduría y particularmente también los de la Policía Federal Ministerial tendrán que atravesar con éxito, si quieren permanecer, por los exámenes de control de confianza”, anticipó el procurador Eduardo Medina Mora.
Más facultades al MP
La Ley Orgánica de la PGR, que da vida a la Policía Federal Ministerial fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, y establece nuevas bases de organización para la PGR, al crear coordinaciones regionales bajo criterio del fenómeno criminal, y dota de nuevas facultades al Ministerio Público de la Federación en la averiguación previa, proceso penal y atención a victimas de delitos.
Además, se crea la figura de oficial ministerial, con el fin de auxiliar en la formalización de diligencias, y procesamiento de información.
Alejandro González Alcocer (PAN), presidente de la Comisión de Justicia del Senado, explicó que “se crearán el número de coordinaciones regionales que fije el reglamento de la ley bajo criterios de incidencia delictiva, circunscripciones geográficas, características de los asentamientos humanos, nivel poblacional y fenómenos criminógenos”.
La nueva Ley precisa que las funciones de la Policía Federal Investigadora —antes AFI, creada por decreto presidencial el 1 de noviembre de 2001 y que a su vez sustituyó a la Policía Judicial Federal del régimen priísta— pasarán a la Policía Federal Ministerial, como auxiliar directo del Ministerio Público de la Federación.
La nueva policía, como auxiliar directo del Ministerio Público federal, podrá recabar información en lugares públicos, con el apoyo de personas, medios e instrumentos y cualquier herramienta necesaria para generar inteligencia preventiva.
El Ministerio Público ejercerá la conducción y mando de las policías en la función de la investigación de los delitos, y puede instruirles respecto de las acciones que deban ejecutarse en averiguaciones de delitos y de sus autores y partícipes.
Se abre un plazo de 30 días para comenzar a erradicar de su estructura y de personal a posibles elementos corruptos.
Sobre el tema, el senador perredista Tomás Torres advirtió el riesgo de que trabajadores sindicales se opongan a esta medida.
“Los agentes de la Policía Federal Investigadora, que a la fecha de entrada en vigor de la presente ley, se encuentren en activo en la PGR, tendrán un plazo de 30 días hábiles para manifestar su voluntad de someterse al proceso de evaluación de control de confianza y de competencias profesionales”, señala en sus artículos transitorios.
Informa que quienes aprueben el proceso de evaluación podrán permanecer en la Procuraduría General de la República en el servicio de carrera de la Policía Federal Ministerial, y que se respetarán los derechos adquiridos y antigüedad.
En el proceso de evaluación de control de confianza, se aplicarán exámenes en lo patrimonial, de entorno social, médico, sicométrico y toxicológicos.
El MP estará facultado para ejercer la acción de extinción de dominio (desapoderando a presuntos delincuentes de bienes obtenidos de manera ilícita) o desistirse de la misma.
Jorge Ramos y María de la Luz González, El Universal, 30 de mayo.
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