El reciente operativo del gobierno federal en Michoacán fue objeto de cuestionamientos y descalificaciones de los partidos de oposición en la sesión de este viernes en el Consejo General del Instituto Federal Electoral. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) exigió que el gobierno de Felipe Calderón “saque las manos del proceso electoral”, en tanto el PRD subrayó que el combate a la delincuencia organizada no puede ser utilizado dentro de la estrategia de campaña del Partido Acción Nacional (PAN), sino que debe preservarse como una política de Estado.
La respuesta del panista Roberto Gil fue el rechazo “contundente” a este argumento y emplazó a los partidos detractores del operativo: “lo que deben decir abiertamente es si quieren que el gobierno deje la lucha contra la delincuencia organizada. ¿Eso nos están pidiendo? Si esa es la pretensión, díganlo abiertamente”.
Rafael Hernández, representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), deploró que las áreas de procuración de justicia se conviertan en “instrumentos de estrategia electoral”. Hay una relación “simbiótica en la que el gobierno panista está dejando de hacer una política de Estado para hacer acciones de efecto en la opinión pública para beneficiar electoralmente a su partido, haciendo funcional lo que debería ser una lucha de todos”.
Casi de inmediato, el priísta Sebastián Lerdo de Tejada respondió a Gil: “Nadie está pidiendo al gobierno que no cumpla con su deber, le estamos pidiendo que saque las manos del proceso electoral. Punto. Quizá no sea tanto culpa del Ejecutivo, es más culpa del PAN por la vinculación propagandística que ha hecho de un tema tan delicado. De ahí que la suspicacia surja en acciones que en ocasiones parecen más propagandísticas que eficaces acciones de gobierno”.
El priísta vinculó el hecho con los extraños desplegados que se han publicado donde se dice “Siga valiente, Presidente”, que seguramente –ironizó– “es la expresión libre de los ciudadanos que con la misma tipografía, el mismo tamaño de inserción, sale a responder una acción de gobierno. No creo que sea un acto propagandístico del PAN”.
El panista lanzó un nuevo cuestionamiento: “El PRI respalda los operativos del gobierno federal en Michoacán, ¿sí o no?”
–El PRI respalda cualquier operativo que esté basado en la ley. Tengamos los detalles de la actuación, para ver si fueron conforme a la ley. Yo tengo dudas –respondió el priísta.
Cuestionan acuerdo con Gobernación
Durante la sesión se dio a conocer un informe del secretario ejecutivo del IFE, Edmundo Jacobo Molina, sobre un convenio firmado con la Secretaría de Gobernación que le valió fuertes críticas de varios consejeros, por lo que, dijeron, era un mensaje inadecuado e implícito en el acuerdo: se asumió que las 6 mil 274 secciones de atención especial reportadas a Gobernación, estaban necesariamente asociadas a narcotráfico o inseguridad.
Los consejeros Marco Antonio Baños, Alfredo Figueroa, Arturo Sánchez y Marco Antonio Gómez Alcántar lanzaron sus críticas al secretario ejecutivo, porque ni siquiera hubo una consulta a la Comisión de Organización y Capacitación Electoral, lo que derivó en que se enviara un mensaje equivocado sobre el significado de estas secciones.
“El IFE no hace un mapa de riesgos del país, ni encontró ni anda buscando problemas de seguridad”, sostuvo Figueroa quien añadió que “el IFE lo que hace es ver dónde tiene dificultades para encontrar a los funcionarios de mesa directiva de casilla y entre esas dificultades que va encontrando, puede aparecer una relativa a la información de que no es seguro que nuestros capacitadores entren en una zona”.
Los reproches fueron similares entre los otros consejeros e inclusive Baños, presidente de la Comisión de Organización Electoral dijo que es un hecho que en muchos casos, esta atención especial no está asociada con la seguridad, sino a situaciones como la presencia de grupos indígenas. Tras condenar que su comisión no fuera consultada añadió: “exijo de manera clara y contundente al secretario ejecutivo y al presidente de este Consejo General, que se respeten las instancias colegiadas de esta institución”.
La respuesta del panista Roberto Gil fue el rechazo “contundente” a este argumento y emplazó a los partidos detractores del operativo: “lo que deben decir abiertamente es si quieren que el gobierno deje la lucha contra la delincuencia organizada. ¿Eso nos están pidiendo? Si esa es la pretensión, díganlo abiertamente”.
Rafael Hernández, representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), deploró que las áreas de procuración de justicia se conviertan en “instrumentos de estrategia electoral”. Hay una relación “simbiótica en la que el gobierno panista está dejando de hacer una política de Estado para hacer acciones de efecto en la opinión pública para beneficiar electoralmente a su partido, haciendo funcional lo que debería ser una lucha de todos”.
Casi de inmediato, el priísta Sebastián Lerdo de Tejada respondió a Gil: “Nadie está pidiendo al gobierno que no cumpla con su deber, le estamos pidiendo que saque las manos del proceso electoral. Punto. Quizá no sea tanto culpa del Ejecutivo, es más culpa del PAN por la vinculación propagandística que ha hecho de un tema tan delicado. De ahí que la suspicacia surja en acciones que en ocasiones parecen más propagandísticas que eficaces acciones de gobierno”.
El priísta vinculó el hecho con los extraños desplegados que se han publicado donde se dice “Siga valiente, Presidente”, que seguramente –ironizó– “es la expresión libre de los ciudadanos que con la misma tipografía, el mismo tamaño de inserción, sale a responder una acción de gobierno. No creo que sea un acto propagandístico del PAN”.
El panista lanzó un nuevo cuestionamiento: “El PRI respalda los operativos del gobierno federal en Michoacán, ¿sí o no?”
–El PRI respalda cualquier operativo que esté basado en la ley. Tengamos los detalles de la actuación, para ver si fueron conforme a la ley. Yo tengo dudas –respondió el priísta.
Cuestionan acuerdo con Gobernación
Durante la sesión se dio a conocer un informe del secretario ejecutivo del IFE, Edmundo Jacobo Molina, sobre un convenio firmado con la Secretaría de Gobernación que le valió fuertes críticas de varios consejeros, por lo que, dijeron, era un mensaje inadecuado e implícito en el acuerdo: se asumió que las 6 mil 274 secciones de atención especial reportadas a Gobernación, estaban necesariamente asociadas a narcotráfico o inseguridad.
Los consejeros Marco Antonio Baños, Alfredo Figueroa, Arturo Sánchez y Marco Antonio Gómez Alcántar lanzaron sus críticas al secretario ejecutivo, porque ni siquiera hubo una consulta a la Comisión de Organización y Capacitación Electoral, lo que derivó en que se enviara un mensaje equivocado sobre el significado de estas secciones.
“El IFE no hace un mapa de riesgos del país, ni encontró ni anda buscando problemas de seguridad”, sostuvo Figueroa quien añadió que “el IFE lo que hace es ver dónde tiene dificultades para encontrar a los funcionarios de mesa directiva de casilla y entre esas dificultades que va encontrando, puede aparecer una relativa a la información de que no es seguro que nuestros capacitadores entren en una zona”.
Los reproches fueron similares entre los otros consejeros e inclusive Baños, presidente de la Comisión de Organización Electoral dijo que es un hecho que en muchos casos, esta atención especial no está asociada con la seguridad, sino a situaciones como la presencia de grupos indígenas. Tras condenar que su comisión no fuera consultada añadió: “exijo de manera clara y contundente al secretario ejecutivo y al presidente de este Consejo General, que se respeten las instancias colegiadas de esta institución”.
Alonso Urrutia, La Jornada, 30 de mayo.
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