La Paz, 29 de mayo. El Estado mexicano aplica “una política etnocida” por la “criminalización” de la participación social e indígena, la “intensa militarización del Estado” en los territorios indígenas, el despojo de sus recursos y la contaminación de sus ríos y cuencas, denunciará la delegación mexicana presente en la cuarta Cumbre Continental Indígena, que se inició hoy en Puno, Perú.
A la cita en esa población fronteriza con Bolivia, a orillas del lago Titicaca, acuden unos 5 mil delegados de los pueblos indios de América, convocados, entre otras instancias, por la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu de Bolivia, Convergencia Nacional Maya Waqib Kej, la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador y la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería.
La delegación mexicana está integrada por representantes de 26 organizaciones indígenas de Oaxaca, Chiapas, Michoacán, estado de México, Veracruz, Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Distrito Federal y Morelos.
En el documento que presentarán en esta cumbre, plantean su rechazo a “las pretensiones neoliberales y neocoloniales de los estados y las empresas trasnacionales” para la privatización y despojo de sus tierras y territorios, como ocurre, entre otros casos, en el pueblo nahua de la costa de Michoacán y en el Istmo de Tehuantepec.
En este último, la Comisión Federal de Electricidad, “en contubernio con los gobiernos federal y estatal, avala los despojos que las empresas trasnacionales Eurus, Preneal, Gamesa, Iberdrola, Endesa y Demex han promovido y promueven en diversos municipios binnizá e ikoots del sur del Istmo de Tehuantepec, en el contexto del megaproyecto denominado Corredor Eólico del Istmo”, afirman.
Denuncian la “represión sistemática de los movimientos sociales”, y la presencia del Ejército y la fuerza pública en sus comunidades, impidiendo el libre tránsito en carreteras, caminos o terracerías, como ocurre en los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Michoacán, Jalisco y Chihuahua, entre otros.
Asimismo, resaltan que la prensa de su país computa los muertos “en la irracional ‘lucha contra el narco’” que el gobierno calderonista ha implementado, pero “no es capaz de difundir los asesinatos, encarcelamientos, exilios forzosos y un amplio abanico de violaciones a los derechos humanos de nuestros hermanos indígenas”, ni el “ataque sistemático” a los derechos que como pueblos indígenas tienen reconocidos en convenios internacionales y en los acuerdos de San Andrés.
Demandan además al Estado mexicano la inmediata liberación de todos los presos políticos indígenas y no indígenas del país, en particular los 12 presos políticos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, así como la libertad de Gloria Arenas y Jacobo Silva, “secuestrados por el Estado”.
Asimismo exigen la presentación con vida de los luchadores sociales indígenas desaparecidos, así como el cese inmediato de las hostilidades y la represión a las comunidades indígenas de Michoacán, Jalisco, estado de México, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, y piden a los participantes en esta cumbre pronunciarse en este sentido.
A la cita en esa población fronteriza con Bolivia, a orillas del lago Titicaca, acuden unos 5 mil delegados de los pueblos indios de América, convocados, entre otras instancias, por la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu de Bolivia, Convergencia Nacional Maya Waqib Kej, la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador y la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería.
La delegación mexicana está integrada por representantes de 26 organizaciones indígenas de Oaxaca, Chiapas, Michoacán, estado de México, Veracruz, Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Distrito Federal y Morelos.
En el documento que presentarán en esta cumbre, plantean su rechazo a “las pretensiones neoliberales y neocoloniales de los estados y las empresas trasnacionales” para la privatización y despojo de sus tierras y territorios, como ocurre, entre otros casos, en el pueblo nahua de la costa de Michoacán y en el Istmo de Tehuantepec.
En este último, la Comisión Federal de Electricidad, “en contubernio con los gobiernos federal y estatal, avala los despojos que las empresas trasnacionales Eurus, Preneal, Gamesa, Iberdrola, Endesa y Demex han promovido y promueven en diversos municipios binnizá e ikoots del sur del Istmo de Tehuantepec, en el contexto del megaproyecto denominado Corredor Eólico del Istmo”, afirman.
Denuncian la “represión sistemática de los movimientos sociales”, y la presencia del Ejército y la fuerza pública en sus comunidades, impidiendo el libre tránsito en carreteras, caminos o terracerías, como ocurre en los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Michoacán, Jalisco y Chihuahua, entre otros.
Asimismo, resaltan que la prensa de su país computa los muertos “en la irracional ‘lucha contra el narco’” que el gobierno calderonista ha implementado, pero “no es capaz de difundir los asesinatos, encarcelamientos, exilios forzosos y un amplio abanico de violaciones a los derechos humanos de nuestros hermanos indígenas”, ni el “ataque sistemático” a los derechos que como pueblos indígenas tienen reconocidos en convenios internacionales y en los acuerdos de San Andrés.
Demandan además al Estado mexicano la inmediata liberación de todos los presos políticos indígenas y no indígenas del país, en particular los 12 presos políticos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, así como la libertad de Gloria Arenas y Jacobo Silva, “secuestrados por el Estado”.
Asimismo exigen la presentación con vida de los luchadores sociales indígenas desaparecidos, así como el cese inmediato de las hostilidades y la represión a las comunidades indígenas de Michoacán, Jalisco, estado de México, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, y piden a los participantes en esta cumbre pronunciarse en este sentido.
Rosa Rojas, La Jornada, 30 de mayo.
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