Al participar en un acto luctuoso al cumplirse cinco lustros del asesinato del autor de Red privada (30 de mayo de 1984), que se realizó en la plaza Francisco Zarco de esta capital, el defensor de las garantías individuales subrayó que sólo mediante el combate efectivo a la impunidad se evitará la repetición de ataques contra los comunicadores. Citó lo dicho por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de que los atentados contra los informadores “son incompatibles con una sociedad garante de los derechos de libertad de expresión y prensa”.
El también colaborador de este diario recordó que el Estado mexicano tiene la obligación insoslayable de aplicar todas las medidas necesarias, incluyendo las preventivas, de protección y defensa, para que cesen los ataques contra los periodistas y la impunidad en que se encuentran los crímenes contra decenas de éstos.
Insistió en que esas medidas deben atender los compromisos internacionales que México ha suscrito, y propuso que no sólo se atiendan e investiguen abusos, sino que el Estado garantice medidas de prevención.
Los gobiernos “deben poner en marcha medidas eficaces para hacer frente a la violencia contra los periodistas y los medios de comunicación, proporcionarles mayores garantías para que realicen su trabajo y garantizar su seguridad, medidas que son indispensables en una sociedad democrática”, aseveró Concha.
Previo a la develación de una placa en memoria del columnista, asesinato por cuya autoría intelectual fue sentenciado el entonces titular de la Dirección Federal de Seguridad, José Antonio Zorrilla Pérez, el director del Fray Francisco de Vitoria indicó que el hecho de que éste haya sido dejado en libertad deja “una impresión de inquietud y desamparo para los periodistas y de menoscabo a la libertad de expresión”.
Durante el acto se denunció también que con los gobiernos panistas se ha incrementado considerablemente el número de asesinatos y atentados contra reporteros, lo que vulnera la libertad de expresión.
En el homenaje también participaron el periodista Miguel Ángel Granados Chapa; Eréndira Cruz Villegas, relatora para la libertad de expresión de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; Judith Calderón, secretaria general del Sindicato Independiente de Trabajadores de La Jornada, y Luis Javier Solana, del consejo ciudadano del Premio Nacional de Periodismo, entre otros comunicadores.
Mientras tanto, en Ciudad Juárez decenas de informadores se reunieron en la Plaza del Periodista para exigir que se investiguen los homicidios de los reporteros Armando Rodríguez, El Choco, ocurrido hace seis meses, y de Eliseo Barrón, en Durango, este mes.
Más de 30 militares se ubicaron en calles adyacentes a la plaza. Allí, Roberto Piñón, presidente de la Asociación de Periodistas de México, exigió al gobierno de Felipe Calderón Hinojosa brindar seguridad a los comunicadores, “porque 10 han sido amenazados de muerte, siete desaparecido y 82 muerto”.
Con actos como éste, dijo, se muestra que los periodistas no han olvidado los nombres de las víctimas y que tampoco han perdido la voz y exigen que no haya más decesos en circunstancias violentas.
La respuesta, continuó, no es militarizar la lucha social, “ya que se necesitan programas que acaben con los asesinatos de periodistas, porque en la actual administración llevamos una muerte por mes.
“El gobierno federal debe cuidar la integridad de los periodistas y tomar medidas reales, adecuadas, no discursos. Por eso la exigencia al presidente Calderón para que tome medidas adecuadas, que den tranquilidad y seguridad para ejercer esta actividad.”
Durante el evento, Blanca Martínez, viuda de Armando Rodríguez, dijo que su marido “no murió, lo mataron hace seis meses. Por eso el reclamo al gobierno, que no ve que algo anda mal, por la cantidad de víctimas que se han producido”.
La periodista exigió que se investigue a fondo el homicidio de Armando Rodríguez y el de otros comunicadores.
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