En la sesión del Consejo que se realizó en Palacio Nacional, el director general del ICESI, Luis de la Barreda, presentó un Termómetro Delictivo 2009 a nivel nacional, que coloca a Chihuahua como el más violento, seguido por Sinaloa, Baja California, Distrito Federal y Guerrero. Esto generó inconformidades y protestas.
De la Barreda destacó que en México “hay datos dramáticos” que ilustran el problema uno de ellos, que 56% de las personas consultadas prohíben a sus hijos salir a la calle por temor a la delincuencia, o que la mitad de “prefiere no salir de noche por la misma causa”.
Tras su intervención, el gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, dudó de los resultados del termómetro, ya que en el trabajo del ICESI está asentado que en esa entidad no se pudo realizar el sondeo debido a la vigilancia efectuada en algunas ciudades por personas no identificadas.
“Quiero pedirle respetuosamente al secretario ejecutivo [Jorge Tello Peón] que se aclare esta situación y que se tomen las medidas pertinentes para saber si hubo manipulación en esta información”.
La encuesta fue levantada en 2008 y presentada en agosto de 2009. En 16 ciudades del país, de acuerdo con la encuesta, se cometen 53% del total de los delitos y uno de cada cuatro ilícitos se ejecutan con arma.
El gobernador de Tabasco, Andrés Granier, se quejó por la metodología para realizar el termómetro.
Demandó conocer el nombre de los funcionarios que no proporcionaron información requerida, y que hubiera servido para tener un panorama más claro de la situación que prevalece en la entidad en materia de seguridad pública.
De la Barreda explicó que las inundaciones obstaculizaron la recolección de información, y que gran parte de ésta se obtuvo de las víctimas.
Antes, tras subrayar que es la segunda vez que el ICESI presenta esos datos, Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno capitalino, dijo que los indicadores empleados a partir de la victimización no “es una ruta sensata”; propuso crear una comisión que aborde el problema
El gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, apoyó la propuesta y opinó que la encuesta sobre seguridad es un instrumento perfectible si realmente “se está tomando como instrumento de medición de la delincuencia para evitar polémica”.
Contrariamente, el gobernador de Morelos, el panista Marco Antonio Adame, sugirió que mejor lo revisara la Comisión de Información, ya existente, psotura que apoyó el presidente Felipe Calderón.
José Reyes Baeza, mandatario de Chihuahua, criticó los esquemas de medición del Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad.
José Guadalupe Osuna, gobernador panista de Baja California, consideró que es necesario realizar una nueva encuesta sobre seguridad para corregir o redireccionar las acciones gubernamentales en esta materia.
Alejandro Martí dijo que los gobernadores tienen la piel muy delgada.
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