Inconformes con los resultados de una encuesta presentada en la 27 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (sobre la percepción ciudadana ante el delito), un grupo de mandatarios de PRI, PAN y PRD se rebelaron ante ese diagnóstico y exigieron que la evaluación de cada entidad se sustente en una metodología convenida por todos.
El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, fue el primero que interpeló la sexta encuesta nacional “victemiológica”, la cual presenta a la capital del país, de modo particular, con un aumento en la prevalencia del delito de 2007 a la fecha y con un promedio de ilícitos que duplica la media nacional.
Halagos al Distrito Federal
Las críticas al Termómetro del Delito 2008 (que los gobernadores externaron en la pasada sesión del consejo, pero sólo ante la prensa) esta vez fue avalada por el presidente Felipe Calderón.
El jefe del Ejecutivo federal admitió que se requiere de una evaluación constante que pondere también los logros de cada entidad y del país en su conjunto.
Halagó los logros en la capital del país: “una de las pocas entidades que avanza y avanza de manera importante es precisamente el Distrito Federal, que ocupaba el primer lugar en ese termómetro y ahora se ha corrido a una zona más baja”.
Ebrard Casaubon tomó la palabra para aclarar que su gobierno no conoce la metodología utilizada en la encuesta, por lo que “no es una ruta sensata” presentar ese estudio como evaluación nacional.
Propuso la integración de una comisión especial, con la participación de los tres niveles de gobierno, para definir el sistema de medición, no sólo de la percepción ciudadana respecto de los índices delictivos, sino también de las políticas públicas y de los recursos destinados por cada entidad para prevenir y combatir los delitos.
El análisis motivo de impugnaciones fue presentado por el Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad (Icesi), dirigido por Luis de la Barreda.
En este documento se ubicó a Chihuahua, Sinaloa, Baja California, Distrito Federal-estado de México y Guerrero como las entidades más inseguras.
En su segunda intervención, después de escuchar razones y disculpas del titular del Icesi, Ebrard preguntó a De la Barreda cómo se financió esa encuesta.
El ex ombudsman capitalino respondió que el financiamiento provino, “como en cada ejercicio, del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y diez entidades o doce, no recuerdo el dato, dieron, además, un financiamiento adicional”.
Ebrard aclaró que no se cuestiona el trabajo del Icesi en sí mismo, sino las características de la encuesta, que hacen necesario crear un sistema amplio de evaluación de los tres niveles de gobierno pero con solvencia metodológica. Por supuesto, dijo, nos atendremos a los resultados que de ahí emanen.
“No se trata de que no haya información. Lo que se está pidiendo es que haya un sistema de evaluación en el que estemos todos de acuerdo y evalúe qué es lo que hace cada estado y quién lo hace; qué hacemos a nivel federal y qué resultados tiene”, dijo.
La encuesta del Icesi precisa que la tasa del delito a escala nacional, al cierre de 2008, fue de 12 mil por cada 100 mil habitantes (mil 500 más que en 2007), en promedio; en primer lugar ubica al Distrito Federal, con 22 mil 800; Sonora, 20 mil 400, y presenta un empate en tercer lugar entre Coahuila, Aguascalientes y Baja California, con 15 mil 900.
Según la encuesta, 85 por ciento de los delitos no se denuncia; 65 de cada cien mexicanos considera que su entidad es insegura, y 56 por ciento de las familias ya no permiten que sus hijos menores salgan a la calle.
Discrepan del estudio
Ocho gobernadores pidieron la palabra para discrepar del estudio del Icesi y cada uno refutó la parte que consideró inexacta.
Eugenio Hernández, de Tamaulipas, y Andrés Granier, de Tabasco, rechazaron que los enviados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) –convertidos en encuestadores del Icesi– hayan sido obstaculizados para realizar su trabajo.
Lo que ocurrió, dijo Hernández, es que no dieron crédito a los datos positivos que encontraron: por ejemplo, de la mejoría notable en Nuevo Laredo.
El asunto generó tal molestia a Hernández que pidió al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que se aclare esta situación y “se tomen medidas pertinentes si llegamos a descubrir que hubo un manipuleo en la información”.
Los gobernadores del estado de México, Chihuahua, Zacatecas y Baja California secundaron la petición de Ebrard.
José Guadalupe Osuna, de Baja California, cuestionó la vigencia de una encuesta con datos al cierre de 2008: “Oye, ¿y los esfuerzos que estamos haciendo (en 2009)”, expresó el panista.
El gobernador de Morelos propuso que el análisis solicitado lo realice la comisión de información del consejo, en la que podrán participar todos los mandatarios que así lo deseen.
Antes, gobernadores y presidentes municipales, por conducto de sus representantes, exigieron más recursos.
“Los estados requerimos retroalimentación de la autoridad federal”, dijo el mandatario de Jalisco, Emilio González, en nombre de la Conferencia Nacional de Gobernadores.
El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, fue el primero que interpeló la sexta encuesta nacional “victemiológica”, la cual presenta a la capital del país, de modo particular, con un aumento en la prevalencia del delito de 2007 a la fecha y con un promedio de ilícitos que duplica la media nacional.
Halagos al Distrito Federal
Las críticas al Termómetro del Delito 2008 (que los gobernadores externaron en la pasada sesión del consejo, pero sólo ante la prensa) esta vez fue avalada por el presidente Felipe Calderón.
El jefe del Ejecutivo federal admitió que se requiere de una evaluación constante que pondere también los logros de cada entidad y del país en su conjunto.
Halagó los logros en la capital del país: “una de las pocas entidades que avanza y avanza de manera importante es precisamente el Distrito Federal, que ocupaba el primer lugar en ese termómetro y ahora se ha corrido a una zona más baja”.
Ebrard Casaubon tomó la palabra para aclarar que su gobierno no conoce la metodología utilizada en la encuesta, por lo que “no es una ruta sensata” presentar ese estudio como evaluación nacional.
Propuso la integración de una comisión especial, con la participación de los tres niveles de gobierno, para definir el sistema de medición, no sólo de la percepción ciudadana respecto de los índices delictivos, sino también de las políticas públicas y de los recursos destinados por cada entidad para prevenir y combatir los delitos.
El análisis motivo de impugnaciones fue presentado por el Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad (Icesi), dirigido por Luis de la Barreda.
En este documento se ubicó a Chihuahua, Sinaloa, Baja California, Distrito Federal-estado de México y Guerrero como las entidades más inseguras.
En su segunda intervención, después de escuchar razones y disculpas del titular del Icesi, Ebrard preguntó a De la Barreda cómo se financió esa encuesta.
El ex ombudsman capitalino respondió que el financiamiento provino, “como en cada ejercicio, del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y diez entidades o doce, no recuerdo el dato, dieron, además, un financiamiento adicional”.
Ebrard aclaró que no se cuestiona el trabajo del Icesi en sí mismo, sino las características de la encuesta, que hacen necesario crear un sistema amplio de evaluación de los tres niveles de gobierno pero con solvencia metodológica. Por supuesto, dijo, nos atendremos a los resultados que de ahí emanen.
“No se trata de que no haya información. Lo que se está pidiendo es que haya un sistema de evaluación en el que estemos todos de acuerdo y evalúe qué es lo que hace cada estado y quién lo hace; qué hacemos a nivel federal y qué resultados tiene”, dijo.
La encuesta del Icesi precisa que la tasa del delito a escala nacional, al cierre de 2008, fue de 12 mil por cada 100 mil habitantes (mil 500 más que en 2007), en promedio; en primer lugar ubica al Distrito Federal, con 22 mil 800; Sonora, 20 mil 400, y presenta un empate en tercer lugar entre Coahuila, Aguascalientes y Baja California, con 15 mil 900.
Según la encuesta, 85 por ciento de los delitos no se denuncia; 65 de cada cien mexicanos considera que su entidad es insegura, y 56 por ciento de las familias ya no permiten que sus hijos menores salgan a la calle.
Discrepan del estudio
Ocho gobernadores pidieron la palabra para discrepar del estudio del Icesi y cada uno refutó la parte que consideró inexacta.
Eugenio Hernández, de Tamaulipas, y Andrés Granier, de Tabasco, rechazaron que los enviados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) –convertidos en encuestadores del Icesi– hayan sido obstaculizados para realizar su trabajo.
Lo que ocurrió, dijo Hernández, es que no dieron crédito a los datos positivos que encontraron: por ejemplo, de la mejoría notable en Nuevo Laredo.
El asunto generó tal molestia a Hernández que pidió al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que se aclare esta situación y “se tomen medidas pertinentes si llegamos a descubrir que hubo un manipuleo en la información”.
Los gobernadores del estado de México, Chihuahua, Zacatecas y Baja California secundaron la petición de Ebrard.
José Guadalupe Osuna, de Baja California, cuestionó la vigencia de una encuesta con datos al cierre de 2008: “Oye, ¿y los esfuerzos que estamos haciendo (en 2009)”, expresó el panista.
El gobernador de Morelos propuso que el análisis solicitado lo realice la comisión de información del consejo, en la que podrán participar todos los mandatarios que así lo deseen.
Antes, gobernadores y presidentes municipales, por conducto de sus representantes, exigieron más recursos.
“Los estados requerimos retroalimentación de la autoridad federal”, dijo el mandatario de Jalisco, Emilio González, en nombre de la Conferencia Nacional de Gobernadores.
Fabiola Martínez, Gustavo Castillo y Ciro Pérez, La Jornada, 27 de noviembre.
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