Con un rechazo para legalizar el aborto, Fernando Gómez Mont, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), se pronunció por sancionar con penas distintas a mujeres que lo practiquen por tener condiciones de pobreza o miseria.
Entrevistado tras el seminario internacional Mujeres seguras en las ciudades futuras, Fernando Gómez Mont dijo que deben haber excepciones que logren autorizar la interrupción del embarazo, como el estado de necesidad o el culposo, debido a que “no toda solución para proteger la vida de los productos debe basarse en la criminalización”.
“Sí creo que el aborto y esa es una tesis personal que he protegido, debe estar prohibido, que debe haber excepciones, por ejemplo, el estado de necesidad, el culposo, que no toda solución para proteger la vida de los productos se base la criminalización y que no se debe criminalizar bajo la lógica del aborto… la pobreza”.
Pide buscar otras salidas
“Se deben encontrar salidas distintas a las penas para las mujeres por sus condiciones de miseria se ven sometidas a estos procedimientos, de ahí a legalizarlo, sí soy de los que cree que no”.
El secretario de Gobernación calificó como inadmisible que bajo la lógica del aborto, o se haga violencia sobre las mujeres, incluidas sus convicciones, “pero sí creo que en de la protección a la vida y la vida del infante o producto, debe ser protegida”.
Sobre las modificaciones en los congresos estatales en torno al aborto, Gómez Mont aclaró que es un tema distinto, porque cualquier violencia que se haga hacia una mujer por sus meras convicciones debe ser erradicada, y —reafirmó— que en el debate de la protección a la vida y la vida del infante o producto, debe ser protegida.
Niega impunidad
Dijo que la violencia contra cualquier mujer, es una cobardía y si es hecha por un hombre, añadió que eso lo hace menos hombre ante mis ojos.
También exigió evidencias para actuar en torno al asesinato de Omar Guerrero Solís, conocido como el comandante Ramiro, del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), asesinado, según su comandancia por sicarios pagados por el gobierno federal el 4 de noviembre.
“Nadie tiene carta de impunidad en este país para asesinar a otro. Yo le digo a cualquier ciudadano, pongan en manos de la autoridad las herramientas para que funcione el Estado de derecho; acerquen la evidencia, acerquen la información.
“No hay acuerdo de impunidad, el gobierno se compromete a dilucidar cualquier delito de la competencia federal y llevarlo a sus últimas consecuencias”.
Entrevistado tras el seminario internacional Mujeres seguras en las ciudades futuras, Fernando Gómez Mont dijo que deben haber excepciones que logren autorizar la interrupción del embarazo, como el estado de necesidad o el culposo, debido a que “no toda solución para proteger la vida de los productos debe basarse en la criminalización”.
“Sí creo que el aborto y esa es una tesis personal que he protegido, debe estar prohibido, que debe haber excepciones, por ejemplo, el estado de necesidad, el culposo, que no toda solución para proteger la vida de los productos se base la criminalización y que no se debe criminalizar bajo la lógica del aborto… la pobreza”.
Pide buscar otras salidas
“Se deben encontrar salidas distintas a las penas para las mujeres por sus condiciones de miseria se ven sometidas a estos procedimientos, de ahí a legalizarlo, sí soy de los que cree que no”.
El secretario de Gobernación calificó como inadmisible que bajo la lógica del aborto, o se haga violencia sobre las mujeres, incluidas sus convicciones, “pero sí creo que en de la protección a la vida y la vida del infante o producto, debe ser protegida”.
Sobre las modificaciones en los congresos estatales en torno al aborto, Gómez Mont aclaró que es un tema distinto, porque cualquier violencia que se haga hacia una mujer por sus meras convicciones debe ser erradicada, y —reafirmó— que en el debate de la protección a la vida y la vida del infante o producto, debe ser protegida.
Niega impunidad
Dijo que la violencia contra cualquier mujer, es una cobardía y si es hecha por un hombre, añadió que eso lo hace menos hombre ante mis ojos.
También exigió evidencias para actuar en torno al asesinato de Omar Guerrero Solís, conocido como el comandante Ramiro, del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), asesinado, según su comandancia por sicarios pagados por el gobierno federal el 4 de noviembre.
“Nadie tiene carta de impunidad en este país para asesinar a otro. Yo le digo a cualquier ciudadano, pongan en manos de la autoridad las herramientas para que funcione el Estado de derecho; acerquen la evidencia, acerquen la información.
“No hay acuerdo de impunidad, el gobierno se compromete a dilucidar cualquier delito de la competencia federal y llevarlo a sus últimas consecuencias”.
José Gerardo Mejía, El Universal, 26 de noviembre.
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