La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó a trámite la acción de inconstitucionalidad que presentó la Procuraduría General de la República (PGR) contra las recientes reformas legales que permiten en el Distrito Federal el matrimonio entre personas del mismo sexo y que a la vez éstos puedan adoptar niños.
Sergio Valls Hernández, quien es el ministro a cargo de la demanda iniciada por el procurador Arturo Chávez Chávez, fijó un plazo de 15 días a la Asamblea Legislativa del DF y al jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, para contestar la citada acción de inconstitucionalidad.
La causas
La disputa legal que enfrentará ante el máximo tribunal a los gobiernos federal y capitalino, se inició el pasado miércoles cuando la PGR presentó ante la Suprema Corte la acción de inconstitucionalidad contra las reformas aprobadas en diciembre pasado a los artículos 146 y 391 del Código Civil para el Distrito Federal, que reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo y la posibilidad de que éstos puedan adoptar.
El gobierno capitalino anunció que prepara su argumentación y en la que se contará con opiniones de especialistas y expertos en el tema sobre evolución y nuevos tipos y modelos de familia, e incluida la necesidad de adecuar la legislación a esa nueva realidad.
En sus argumentos con relación a la reforma al artículo 146 del Código Civil capitalino, la PGR consideró que “se contraviene el principio de legalidad, pues la reforma se aparta del fin constitucional de protección de la familia concebida expresamente por el Poder Constituyente Permanente en 1974”.
Los argumentos
La PGR que rechaza que en su proceder existan motivaciones morales, religiosas o políticas, sostiene que la reforma fue hecha a partir de una tesis equivocada de inexistencia de protección legal al ejercicio de los derechos de las parejas integradas por personas del mismo sexo que desean fundar una familia, ya que desde 2006 la figura legal de la sociedad de convivencia tutela los derechos del matrimonio, salvo los relacionados con la procreación y la descendencia.
Según la dependencia federal, dichas reformas se alejan del deber de salvaguardar el interés superior del niño, cuya supremacía ordena la Constitución y cuyos alcances establecen los tratados internacionales y han interpretado los propios tribunales mexicanos, además de provocar conflictos jurídicos en el resto de las entidades federativas.
La resolución del caso, en el cual el ponente será el ministro Valls Hernández se prevé que pueda darse hasta finales de este año ante la necesidad del estudio y análisis de los argumentos que cada una de las partes expongan ante el ministro ponente, quien al final de ello presentará un proyecto de sentencia que deberá someterse a discusión ante el Pleno de la SCJN.
Posteriormente, se llevará a cabo el desahogo de todas las audiencias necesarias para estudiar cada uno de los aspectos jurídicos del asunto, en las que cada ministro expondrá y aportará sus argumentos para avalar, rechazar o modificar el proyecto del ministro Valls.
Sergio Valls Hernández, quien es el ministro a cargo de la demanda iniciada por el procurador Arturo Chávez Chávez, fijó un plazo de 15 días a la Asamblea Legislativa del DF y al jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, para contestar la citada acción de inconstitucionalidad.
La causas
La disputa legal que enfrentará ante el máximo tribunal a los gobiernos federal y capitalino, se inició el pasado miércoles cuando la PGR presentó ante la Suprema Corte la acción de inconstitucionalidad contra las reformas aprobadas en diciembre pasado a los artículos 146 y 391 del Código Civil para el Distrito Federal, que reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo y la posibilidad de que éstos puedan adoptar.
El gobierno capitalino anunció que prepara su argumentación y en la que se contará con opiniones de especialistas y expertos en el tema sobre evolución y nuevos tipos y modelos de familia, e incluida la necesidad de adecuar la legislación a esa nueva realidad.
En sus argumentos con relación a la reforma al artículo 146 del Código Civil capitalino, la PGR consideró que “se contraviene el principio de legalidad, pues la reforma se aparta del fin constitucional de protección de la familia concebida expresamente por el Poder Constituyente Permanente en 1974”.
Los argumentos
La PGR que rechaza que en su proceder existan motivaciones morales, religiosas o políticas, sostiene que la reforma fue hecha a partir de una tesis equivocada de inexistencia de protección legal al ejercicio de los derechos de las parejas integradas por personas del mismo sexo que desean fundar una familia, ya que desde 2006 la figura legal de la sociedad de convivencia tutela los derechos del matrimonio, salvo los relacionados con la procreación y la descendencia.
Según la dependencia federal, dichas reformas se alejan del deber de salvaguardar el interés superior del niño, cuya supremacía ordena la Constitución y cuyos alcances establecen los tratados internacionales y han interpretado los propios tribunales mexicanos, además de provocar conflictos jurídicos en el resto de las entidades federativas.
La resolución del caso, en el cual el ponente será el ministro Valls Hernández se prevé que pueda darse hasta finales de este año ante la necesidad del estudio y análisis de los argumentos que cada una de las partes expongan ante el ministro ponente, quien al final de ello presentará un proyecto de sentencia que deberá someterse a discusión ante el Pleno de la SCJN.
Posteriormente, se llevará a cabo el desahogo de todas las audiencias necesarias para estudiar cada uno de los aspectos jurídicos del asunto, en las que cada ministro expondrá y aportará sus argumentos para avalar, rechazar o modificar el proyecto del ministro Valls.
Francisco Gómez, El Universal, 30 de enero.
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