Las bancadas del PRI y del PRD en la Cámara de Diputados promoverán durante el periodo ordinario de sesiones sus respectivas iniciativas de ley para blindar las campañas electorales e impedir su financiamiento con recursos de origen ilícito.
El legislador priista Arturo Zamora remarcó la urgencia de legislar en esa materia ante “la creciente necesidad de los grupos delictivos de intervenir e influir en las instituciones democráticas por medio del financiamiento de campañas electorales”.
Es por ello indispensable “vacunar” a la democracia mexicana contra esas tentaciones y evitar el respaldo financiero de los grupos delictivos a futuros representantes populares.
La iniciativa priista de reformas al Código Penal Federal pretende sancionar a los candidatos y precandidatos que obtengan fondos, bienes o servicios provenientes de actividades ilícitas para financiar sus campañas o precampañas electorales.
El proyecto prevé también penalidades de hasta nueve años de prisión y multas de hasta 400 días de salario mínimo a los servidores públicos que obliguen a sus subordinados a votar por un partido político, candidato o precandidato determinados.
Por separado, el legislador perredista Agustín Guerrero anticipó la decisión de su bancada de impulsar la revisión de los recursos privados en las campañas políticas, pues actualmente existe el riesgo de que los empresarios se conviertan en los verdaderos legisladores.
“En el Congreso, como lo hemos podido ver, tienen ya a sus representantes, como muñecos de ventrílocuo”, agregó. Guerrero reconoció que el financiamiento público destinado a las campañas electorales es muy alto y por ello genera la irritación de amplios sectores de la sociedad.
Refrendó así el compromiso del PRD de analizar la reducción de ese presupuesto, pero con la convicción de mantener el financiamiento público a las campañas electorales, para evitar la injerencia de intereses particulares en las decisiones del Congreso.
El legislador priista Arturo Zamora remarcó la urgencia de legislar en esa materia ante “la creciente necesidad de los grupos delictivos de intervenir e influir en las instituciones democráticas por medio del financiamiento de campañas electorales”.
Es por ello indispensable “vacunar” a la democracia mexicana contra esas tentaciones y evitar el respaldo financiero de los grupos delictivos a futuros representantes populares.
La iniciativa priista de reformas al Código Penal Federal pretende sancionar a los candidatos y precandidatos que obtengan fondos, bienes o servicios provenientes de actividades ilícitas para financiar sus campañas o precampañas electorales.
El proyecto prevé también penalidades de hasta nueve años de prisión y multas de hasta 400 días de salario mínimo a los servidores públicos que obliguen a sus subordinados a votar por un partido político, candidato o precandidato determinados.
Por separado, el legislador perredista Agustín Guerrero anticipó la decisión de su bancada de impulsar la revisión de los recursos privados en las campañas políticas, pues actualmente existe el riesgo de que los empresarios se conviertan en los verdaderos legisladores.
“En el Congreso, como lo hemos podido ver, tienen ya a sus representantes, como muñecos de ventrílocuo”, agregó. Guerrero reconoció que el financiamiento público destinado a las campañas electorales es muy alto y por ello genera la irritación de amplios sectores de la sociedad.
Refrendó así el compromiso del PRD de analizar la reducción de ese presupuesto, pero con la convicción de mantener el financiamiento público a las campañas electorales, para evitar la injerencia de intereses particulares en las decisiones del Congreso.
Fernando Damián, Milenio, 1º de febrero.
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