El gobierno federal negocia con legisladores de PRI y PAN un esquema de alianzas para salir a explorar aguas profundas con empresas privadas, nacionales o extranjeras, que aplique incentivos monetarios.
El proyecto busca que se segmenten las áreas que tienen potencial petrolero a futuro, y prevé además una tarifa adicional a los posibles inversionistas de entre 1% y 20%, en función de la profundidad de los pozos y su potencial encontrado, indicaron fuentes legislativas del PRI.
“Es un esquema que no compromete ni producción ni reservas ni renta petrolera, toda vez que cada pozo tiene su particularidad geológica y su propia complejidad”, confirmó el senador panista Juan Bueno Torio.
De acuerdo con estos datos, se espera un pago promedio de 50 millones de dólares por pozo y si éste requiere perforación a mil 500 metros, se pagarán poco más de 100 millones de dólares.
En caso de que los trabajos no sean exitosos, la empresa o el consorcio privado asumirá los costos; al encontrarse petróleo o gas, se pagaría por tarifa. La fuente priísta aclaró que no se dará crudo como pago.
El proyecto prevé que para la división de aguas profundas se modifique la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, por lo que no entrarían a discusión cambios al artículo 27 de la Constitución.
Al presentar el diagnóstico Situación de Pemex, la secretaria de Energía, Georgina Kessel, reconoció que no está definida una iniciativa de reforma energética y que ésta se presentará hasta tener un mínimo consenso.
Indicó que el diagnóstico es la visión del gobierno federal sobre la situación de la paraestatal, que pasó de ser la sexta petrolera más importante del mundo en 2000, a la posición 11 en 2007.
El documento señala que la producción de Pemex cayó en los últimos tres años, por lo que México dejó de recibir ingresos por 10 mil millones de pesos al año.
En el corto plazo, añade, se prevé elevar la importación de gasolinas hasta 50% de la demanda.
El proyecto busca que se segmenten las áreas que tienen potencial petrolero a futuro, y prevé además una tarifa adicional a los posibles inversionistas de entre 1% y 20%, en función de la profundidad de los pozos y su potencial encontrado, indicaron fuentes legislativas del PRI.
“Es un esquema que no compromete ni producción ni reservas ni renta petrolera, toda vez que cada pozo tiene su particularidad geológica y su propia complejidad”, confirmó el senador panista Juan Bueno Torio.
De acuerdo con estos datos, se espera un pago promedio de 50 millones de dólares por pozo y si éste requiere perforación a mil 500 metros, se pagarán poco más de 100 millones de dólares.
En caso de que los trabajos no sean exitosos, la empresa o el consorcio privado asumirá los costos; al encontrarse petróleo o gas, se pagaría por tarifa. La fuente priísta aclaró que no se dará crudo como pago.
El proyecto prevé que para la división de aguas profundas se modifique la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, por lo que no entrarían a discusión cambios al artículo 27 de la Constitución.
Al presentar el diagnóstico Situación de Pemex, la secretaria de Energía, Georgina Kessel, reconoció que no está definida una iniciativa de reforma energética y que ésta se presentará hasta tener un mínimo consenso.
Indicó que el diagnóstico es la visión del gobierno federal sobre la situación de la paraestatal, que pasó de ser la sexta petrolera más importante del mundo en 2000, a la posición 11 en 2007.
El documento señala que la producción de Pemex cayó en los últimos tres años, por lo que México dejó de recibir ingresos por 10 mil millones de pesos al año.
En el corto plazo, añade, se prevé elevar la importación de gasolinas hasta 50% de la demanda.
Nota de Noé Cruz Serrano, El Universal, 31 de marzo.
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