La elaboración del nuevo reglamento de radio y televisión que prepara el Instituto Federal Electoral (IFE) preservará el principio básico de cancelar toda posibilidad de censura previa a la publicidad de los partidos políticos, que estarán en libertad de difundir en sus programas y promocionales los contenidos que así convengan a sus intereses.
Sin embargo, también está claro que deberán asumir sus responsabilidades en los casos en que, a petición de parte, les sea iniciado un procedimiento por esos contenidos.
Así lo dio a conocer el consejero electoral Virgilio Andrade, quien está a cargo de la coordinación del proceso de adecuación de 39 reglamentos para hacerlos concordantes con las nuevas disposiciones establecidas en la Constitución y en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Andrade destacó que a partir de ahora, el IFE no podrá actuar de oficio en ningún caso relacionado con presuntas injurias, difamaciones o diatribas derivadas de la publicidad de los partidos políticos, pues queda establecido que la autoridad electoral solamente podrá actuar a petición de parte. En este caso, dijo, pueden ser los mismos partidos, ciudadanos, funcionarios públicos o bien una dependencia de gobierno que se sienta agraviada por esos contenidos.
Mencionó que también se incorporarán otras disposiciones importantes, pues se confiere a la autoridad la posibilidad de dictar medidas cautelares en aquellos casos donde se considere pertinente, y ello podría implicar la suspensión de algunos mensajes o programas.
Recordó que en cierta medida esta facultad se deriva del procedimiento especial que aprobó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para poner freno a la denominada propaganda negra que proliferó durante el proceso electoral de 2006.
Mas adelante señaló que en la elaboración del reglamento se pretende tener la opinión de los actores involucrados, que podrían ser los partidos políticos y los propios medios de comunicación.
En este contexto, mencionó que los concesionarios de radio y televisión han externado su preocupación sobre el contenido de los mensajes de los partidos y su adecuación a las exigencias que, por otro lado, tienen por parte de la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) de la Secretaría de Gobernación.
Andrade reconoció que existe una línea tenue entre las responsabilidades de la dependencia federal y el IFE, pero destacó que todo lo que corresponda a propaganda político-electoral cae en las atribuciones del instituto.
En su caso, insistió, podrán promoverse recursos sobre presuntas violaciones a otras disposiciones, que el IFE deberá desahogar.
Sin embargo, también está claro que deberán asumir sus responsabilidades en los casos en que, a petición de parte, les sea iniciado un procedimiento por esos contenidos.
Así lo dio a conocer el consejero electoral Virgilio Andrade, quien está a cargo de la coordinación del proceso de adecuación de 39 reglamentos para hacerlos concordantes con las nuevas disposiciones establecidas en la Constitución y en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Andrade destacó que a partir de ahora, el IFE no podrá actuar de oficio en ningún caso relacionado con presuntas injurias, difamaciones o diatribas derivadas de la publicidad de los partidos políticos, pues queda establecido que la autoridad electoral solamente podrá actuar a petición de parte. En este caso, dijo, pueden ser los mismos partidos, ciudadanos, funcionarios públicos o bien una dependencia de gobierno que se sienta agraviada por esos contenidos.
Mencionó que también se incorporarán otras disposiciones importantes, pues se confiere a la autoridad la posibilidad de dictar medidas cautelares en aquellos casos donde se considere pertinente, y ello podría implicar la suspensión de algunos mensajes o programas.
Recordó que en cierta medida esta facultad se deriva del procedimiento especial que aprobó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para poner freno a la denominada propaganda negra que proliferó durante el proceso electoral de 2006.
Mas adelante señaló que en la elaboración del reglamento se pretende tener la opinión de los actores involucrados, que podrían ser los partidos políticos y los propios medios de comunicación.
En este contexto, mencionó que los concesionarios de radio y televisión han externado su preocupación sobre el contenido de los mensajes de los partidos y su adecuación a las exigencias que, por otro lado, tienen por parte de la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) de la Secretaría de Gobernación.
Andrade reconoció que existe una línea tenue entre las responsabilidades de la dependencia federal y el IFE, pero destacó que todo lo que corresponda a propaganda político-electoral cae en las atribuciones del instituto.
En su caso, insistió, podrán promoverse recursos sobre presuntas violaciones a otras disposiciones, que el IFE deberá desahogar.
Nota de Alonso Urrutia, La Jornada, 31 de marzo.
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