El Comité Nacional de Estudios de la Energía (CNEE), integrado por ex legisladores, analistas, académicos y trabajadores del sector, alertó que la iniciativa de reforma energética del titular del Ejecutivo federal, que extraoficialmente se espera sea enviada al Congreso de la Unión este jueves, no contendrá cambios constitucionales, pero se propondrán modificaciones a las leyes orgánicas de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la administración pública federal para encubrir los propósitos privatizadores del gobierno federal.
De acuerdo con un amplio análisis de las declaraciones de la secretaria de Energía, Georgina Kessel, y del director general de Pemex, Jesús Reyes Heroles, así como del Diagnóstico: situación de Pemex, el CNEE indicó que se pretende impulsar el cambio del régimen legal de Pemex, de organismo descentralizado a sociedad de interés público, cuyo objetivo es sustraer a la petrolera de la aplicación de leyes relativas a las entidades paraestatales, dejando sin precisar la naturaleza jurídica y alcance de la sociedad referida.
Francisco Carrillo Soberón, ex diputado federal del Partido de la Revolución Democrática y coordinador general del CNEE, indicó que también se pretende facultar a la paraestatal para emitir instrumentos accionarios denominados “certificados petroleros de fomento social”, propuesta recogida de las iniciativas privatizadoras presentadas por los diputados del Partido Revolucionario Institucional Guillermo Hopkins y Omar Fayad el 14 de diciembre de 2002, y la presentada por el senador Genaro Borrego, también del PRI, el 28 de abril de 2005.
Diagnóstico: situación de Pemex, presentado este domingo, señala la necesidad de otorgar a la empresa autonomía de gestión e incorporar cambios en su gobierno corporativo. Al respecto y por separado, el especialista Antonio Gershenson explicó que la experiencia de Venezuela con la autonomía de gestión revela que se conformó una especie de oligarquía que manejaba la empresa petrolera y era más poderosa que el propio Ministerio de Energía, además de que el fisco perdió regalías.
La intención, dijo, es eliminar los controles que existen. “Al gobierno federal le molesta que el organismo fiscalizador de la Cámara de Diputados haya ventilado una serie de anomalías que se presentan dentro de la empresa. Han firmado contratos que son anticonstitucionales. Tienen filiales en islas Caimán, en Irlanda, en Luxemburgo; eso es una forma de eludir la vigilancia”.
Alfredo Hernández Peñaloza, quien comparte la dirección colegiada del CNEE, explicó por su parte que incorporar cambios en el gobierno corporativo de la paraestatal quiere decir incluir en su consejo de administración consejeros independientes que responderán a los intereses de las empresas privadas que compartan la renta petrolera de Pemex.
Alfonso Hikman, también integrante del CNEE, indicó a su vez que en cuestión de rendición de cuentas se pretende incorporar un comité de auditoría independiente (CAI), que dependerá directamente del consejo de administración de la empresa paraestatal, por lo que habrá mayor discrecionalidad.
De acuerdo con un amplio análisis de las declaraciones de la secretaria de Energía, Georgina Kessel, y del director general de Pemex, Jesús Reyes Heroles, así como del Diagnóstico: situación de Pemex, el CNEE indicó que se pretende impulsar el cambio del régimen legal de Pemex, de organismo descentralizado a sociedad de interés público, cuyo objetivo es sustraer a la petrolera de la aplicación de leyes relativas a las entidades paraestatales, dejando sin precisar la naturaleza jurídica y alcance de la sociedad referida.
Francisco Carrillo Soberón, ex diputado federal del Partido de la Revolución Democrática y coordinador general del CNEE, indicó que también se pretende facultar a la paraestatal para emitir instrumentos accionarios denominados “certificados petroleros de fomento social”, propuesta recogida de las iniciativas privatizadoras presentadas por los diputados del Partido Revolucionario Institucional Guillermo Hopkins y Omar Fayad el 14 de diciembre de 2002, y la presentada por el senador Genaro Borrego, también del PRI, el 28 de abril de 2005.
Diagnóstico: situación de Pemex, presentado este domingo, señala la necesidad de otorgar a la empresa autonomía de gestión e incorporar cambios en su gobierno corporativo. Al respecto y por separado, el especialista Antonio Gershenson explicó que la experiencia de Venezuela con la autonomía de gestión revela que se conformó una especie de oligarquía que manejaba la empresa petrolera y era más poderosa que el propio Ministerio de Energía, además de que el fisco perdió regalías.
La intención, dijo, es eliminar los controles que existen. “Al gobierno federal le molesta que el organismo fiscalizador de la Cámara de Diputados haya ventilado una serie de anomalías que se presentan dentro de la empresa. Han firmado contratos que son anticonstitucionales. Tienen filiales en islas Caimán, en Irlanda, en Luxemburgo; eso es una forma de eludir la vigilancia”.
Alfredo Hernández Peñaloza, quien comparte la dirección colegiada del CNEE, explicó por su parte que incorporar cambios en el gobierno corporativo de la paraestatal quiere decir incluir en su consejo de administración consejeros independientes que responderán a los intereses de las empresas privadas que compartan la renta petrolera de Pemex.
Alfonso Hikman, también integrante del CNEE, indicó a su vez que en cuestión de rendición de cuentas se pretende incorporar un comité de auditoría independiente (CAI), que dependerá directamente del consejo de administración de la empresa paraestatal, por lo que habrá mayor discrecionalidad.
Nota de Israel Rodríguez, La Jornada, 31 de marzo.
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