La Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México manifestó su preocupación “por la situación de las personas en huelga de hambre en diversos Centros de Readaptación Social (Cereso) de Chiapas”. Una decena de organismos, desde Stuttgart, Alemania, llaman al gobernador Juan José Sabines Guerrero para “atender las exigencias de los indígenas presos”.
Refiere la protesta “contra su detención arbitraria hace cinco años y las acusaciones falsas” contra Zacario Hernández Hernández, catequista tzotzil que el 12 de febrero inició una protesta dejando de tomar alimentos. Después se sumaron más de 30 indígenas. “Se definen como presos políticos, y seguirán la protesta hasta que los gobiernos estatal y federal reconozcan, atiendan y restituyan las violaciones a sus derechos humanos” en materia del debido proceso y protección judicial. Eso, y los “tratos inhumanos” para hacerles declarar bajo tortura “quedaron en impunidad hasta ahora”.
La coordinación considera que las autoridades han hecho “caso omiso” violando la integridad personal de los reclusos, y recuerda al Estado mexicano que ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “Interpretamos la liberación de Zacario Hernández, el 18 de marzo pasado, como una señal del gobierno de Chiapas de atender la problemática. Considerando la grave situación de salud de los reos y la injusticia sufrida por ellos, apelamos a la responsabilidad del Estado”.
Demandan a los gobiernos federal y de Chiapas que adopten “sin dilación” las medidas para atender las solicitudes de los presos tzotziles y tzeltales, “se les repare el daño moral y económico por todos los años que han permanecido privados injustamente de su libertad”, y que las autoridades penitenciarias les garanticen su integridad, sin “actos de hostigamiento” por parte del personal en los penales.
Refiere la protesta “contra su detención arbitraria hace cinco años y las acusaciones falsas” contra Zacario Hernández Hernández, catequista tzotzil que el 12 de febrero inició una protesta dejando de tomar alimentos. Después se sumaron más de 30 indígenas. “Se definen como presos políticos, y seguirán la protesta hasta que los gobiernos estatal y federal reconozcan, atiendan y restituyan las violaciones a sus derechos humanos” en materia del debido proceso y protección judicial. Eso, y los “tratos inhumanos” para hacerles declarar bajo tortura “quedaron en impunidad hasta ahora”.
La coordinación considera que las autoridades han hecho “caso omiso” violando la integridad personal de los reclusos, y recuerda al Estado mexicano que ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “Interpretamos la liberación de Zacario Hernández, el 18 de marzo pasado, como una señal del gobierno de Chiapas de atender la problemática. Considerando la grave situación de salud de los reos y la injusticia sufrida por ellos, apelamos a la responsabilidad del Estado”.
Demandan a los gobiernos federal y de Chiapas que adopten “sin dilación” las medidas para atender las solicitudes de los presos tzotziles y tzeltales, “se les repare el daño moral y económico por todos los años que han permanecido privados injustamente de su libertad”, y que las autoridades penitenciarias les garanticen su integridad, sin “actos de hostigamiento” por parte del personal en los penales.
Nota de Hermann Bellinghausen, La Jornada, 30 de marzo.
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