En la construcción de la iniciativa del gobierno sobre la reforma energética, no se pretende algo que sea perfecta en un pizarrón, pero que se vaya a estrellar con la realidad de los votos en el Congreso de la Unión, precisa Santiago Creel Miranda, coordinador de la bancada del PAN en el Senado.
Anticipa que no habrá sorpresas ni engaños. Se busca que la reforma sea técnicamente viable y operable en lo político. Primero se dará tiempo para que se discuta el diagnóstico de la industria petrolera, que se pondrá a disposición de los partidos y la sociedad. Una vez agotado este análisis, se conocerá la iniciativa.
Según Creel, entrevistado en su oficina del edificio azul panista en Paseo de la Reforma, luego de que durante el día había participado en una reunión en la residencia oficial de Los Pinos, dice, sin entrar en detalles, que en la propuesta está la autonomía de gestión de Petróleos Mexicanos (Pemex), modificaciones a la ley de adquisiciones para darle un marco regulatorio distinto, controles de transparencia, cambios en el régimen fiscal de la empresa paraestatal y relaciones contractuales con organismos que proveen tecnología sin comprometer producción ni yacimientos.
El legislador admite que los tiempos se han acortado para discutir la iniciativa en el actual periodo legislativo. Da por hecho que será presentada y que lo demás, la aprobación, dependerá de la posición que asuman los diferentes grupos parlamentarios.
“En el diagnóstico se verá que no hay cifras artificiales o inventadas, son reales y certificadas por instancias internacionales respecto a nuestras reservas, producción y lo que se está haciendo con la industria petrolera”, asegura el coordinador panista.
Presume que hay coincidencias con el PRI, el PRD y otros partidos, porque no se va a tocar la Constitución ni se firmarán contratos de riesgo. Tiene claro que la idea de que se quiere despojar a los mexicanos del petróleo fue inventada particularmente por “López Obrador, para hacer de esta reforma un caballo político que le permita revivir”.
Queremos una empresa sin las ataduras que tiene el día de hoy, ataduras en su marco regulatorio, en sus relaciones con distintas instancias gubernamentales.
El problema de Pemex no es sólo financiero, es un problema operativo. Tiene que ver con la capacidad de ejecución, con la tecnología, con el marco regulatorio. No es correcto que una empresa como Pemex se rija por las mismas reglas que tiene una secretaría de Estado para comprar lápices.
En su ley de adquisiciones o en sus formas para hacer los contratos, queremos una mayor autonomía, pero también transparencia, controles pero que no obstruyan la operatividad de la empresa. Queremos nuevas formas para las relaciones contractuales con organismos que proveen de tecnología, equipo y servicios, pero sin comprometer la producción del petróleo, ni los barriles de petróleo, ni los yacimientos, ni su propiedad ni su renta petrolera.
Hemos estado observando los nuevos contratos que preservan la titularidad estatal y con los que se opera en Rusia y en la Antártida.
Sin duda. Hemos analizado toda la industria, desde lo que es la parte corporativa hasta quién debe fijar la política energética, quién debe ser el ente regulador, quién debe tomar esas decisiones, cómo debe establecerse la presupuestación de Pemex, cuál debe ser el régimen fiscal o pago de derechos. Todo eso lo hemos abordado y los detalles se verán en la propuesta.
En la propuesta se verá qué tipo de órgano regulador estamos planteando, dónde se va a ubicar y qué facultades va a tener.
Vamos a plantear algunos cambios, algo que nos parece mucho más eficaz para el Estado mexicano.
Tenemos que establecer mecanismos que nos permitan hacer los contratos con quien deban realizarse, sin perder soberanía, controles, sin comprometer producto o renta.
Lo suficiente para que en 10 años podamos mantener la producción petrolera que tenemos actualmente que es de alrededor de 3 millones de barriles diarios, y lo suficiente para que en esas condiciones contemos con un nivel de reposición superior a 70%.
Lo que vislumbro es que en un periodo relativamente corto tendremos que presentar una propuesta como grupo parlamentario del partido gobernante y el resto de los grupos parlamentarios tendrá que decidir.
Anticipa que no habrá sorpresas ni engaños. Se busca que la reforma sea técnicamente viable y operable en lo político. Primero se dará tiempo para que se discuta el diagnóstico de la industria petrolera, que se pondrá a disposición de los partidos y la sociedad. Una vez agotado este análisis, se conocerá la iniciativa.
Según Creel, entrevistado en su oficina del edificio azul panista en Paseo de la Reforma, luego de que durante el día había participado en una reunión en la residencia oficial de Los Pinos, dice, sin entrar en detalles, que en la propuesta está la autonomía de gestión de Petróleos Mexicanos (Pemex), modificaciones a la ley de adquisiciones para darle un marco regulatorio distinto, controles de transparencia, cambios en el régimen fiscal de la empresa paraestatal y relaciones contractuales con organismos que proveen tecnología sin comprometer producción ni yacimientos.
El legislador admite que los tiempos se han acortado para discutir la iniciativa en el actual periodo legislativo. Da por hecho que será presentada y que lo demás, la aprobación, dependerá de la posición que asuman los diferentes grupos parlamentarios.
“En el diagnóstico se verá que no hay cifras artificiales o inventadas, son reales y certificadas por instancias internacionales respecto a nuestras reservas, producción y lo que se está haciendo con la industria petrolera”, asegura el coordinador panista.
Presume que hay coincidencias con el PRI, el PRD y otros partidos, porque no se va a tocar la Constitución ni se firmarán contratos de riesgo. Tiene claro que la idea de que se quiere despojar a los mexicanos del petróleo fue inventada particularmente por “López Obrador, para hacer de esta reforma un caballo político que le permita revivir”.
Queremos una empresa sin las ataduras que tiene el día de hoy, ataduras en su marco regulatorio, en sus relaciones con distintas instancias gubernamentales.
El problema de Pemex no es sólo financiero, es un problema operativo. Tiene que ver con la capacidad de ejecución, con la tecnología, con el marco regulatorio. No es correcto que una empresa como Pemex se rija por las mismas reglas que tiene una secretaría de Estado para comprar lápices.
En su ley de adquisiciones o en sus formas para hacer los contratos, queremos una mayor autonomía, pero también transparencia, controles pero que no obstruyan la operatividad de la empresa. Queremos nuevas formas para las relaciones contractuales con organismos que proveen de tecnología, equipo y servicios, pero sin comprometer la producción del petróleo, ni los barriles de petróleo, ni los yacimientos, ni su propiedad ni su renta petrolera.
Hemos estado observando los nuevos contratos que preservan la titularidad estatal y con los que se opera en Rusia y en la Antártida.
Sin duda. Hemos analizado toda la industria, desde lo que es la parte corporativa hasta quién debe fijar la política energética, quién debe ser el ente regulador, quién debe tomar esas decisiones, cómo debe establecerse la presupuestación de Pemex, cuál debe ser el régimen fiscal o pago de derechos. Todo eso lo hemos abordado y los detalles se verán en la propuesta.
En la propuesta se verá qué tipo de órgano regulador estamos planteando, dónde se va a ubicar y qué facultades va a tener.
Vamos a plantear algunos cambios, algo que nos parece mucho más eficaz para el Estado mexicano.
Tenemos que establecer mecanismos que nos permitan hacer los contratos con quien deban realizarse, sin perder soberanía, controles, sin comprometer producto o renta.
Lo suficiente para que en 10 años podamos mantener la producción petrolera que tenemos actualmente que es de alrededor de 3 millones de barriles diarios, y lo suficiente para que en esas condiciones contemos con un nivel de reposición superior a 70%.
Lo que vislumbro es que en un periodo relativamente corto tendremos que presentar una propuesta como grupo parlamentario del partido gobernante y el resto de los grupos parlamentarios tendrá que decidir.
Nota de El Universal, 30 de marzo.
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